Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123409
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
La Plata, 26 de diciembre de 2019.
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción promovida por Hugo Humberto Moreno y condenó a Pirelli Neumáticos S.A.I.C. al pago de la suma que indicó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral. Sobre dicho monto adicionó intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días (v. fs. 301/317).
II. Contra tal decisión, ambas partes dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 366/378 vta. y 386/389), siendo concedido por el sentenciante de mérito el incoado por el legitimado activo y rechazado el de la demandada (v. fs. 399/400 y 448 y vta.).
En el único remedio que corresponde tratar a esta Corte se denuncian las normas y la doctrina legal que se consideran violadas. Con particular énfasis, se agravia respecto de la tasa de interés que se aplicó al capital de condena, a cuyo fin cita doctrina legal. Alega, con apoyo en fallos y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la configuración de gravedad institucional y la existencia de cuestión federal para habilitar la instancia extraordinaria local. Aduce que, como consecuencia del proceso inflacionario, las tasas aplicadas en el fallo afectan gravemente el poder adquisitivo del trabajador, y en ese orden estima la alícuota que considera de aplicación variable al caso.
Con el fin de acreditar el perjuicio sufrido por el trabajador, el recurrente practica tres liquidaciones: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). La segunda, utilizando un porcentaje de ajuste del 417% para el cálculo de los intereses. Y, por último, la aplicación de la tasa activa de "operaciones restantes" con capitalización mensual de intereses.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de los intereses que ordenó el sentenciante de mérito, y el que habría de obtenerse del modo propuesto- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 113.716 "Suárez", resol. de 27-IV-2011; L. 114.932 "Alfonso", resol. de 26-X-2011 y L. 117.912 "López", resol. de 18-VI-2014), razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 111.056 "Kessler", resol. de 21-VIII-2013; L. 116.525 "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.666 "Madrid", sent. de 11-III-2015).
En razón de ello, resulta oportuno destacar, en consecuencia de lo señalado, que aquella excepción se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen una relación sustancial y el fallo impugnado transgrede esa hermenéutica, precisamente, en un caso similar (causa L. 120.233 "Quezada", resol. de 5-IV-2017), y en ese orden ha de precisarse, igualmente, que en el marco de la directriz que impone atender las circunstancias sobrevinientes a la interposición del recurso (causas L. 82.813 "Rocha", sent. de 7-V-2008; L. 104.668 "Bravo", sent. de 21-XII-2011 y L. 90.407 "Moreno", sent. de 3-V-2012), el análisis ha de llevarse a cabo en el contexto de la doctrina vigente a la fecha del pronunciamiento de esta Corte (causas L. 96.891 "Díaz", sent. de 3-XI-2010 y L. 90.644 "Conde", sent. de 22-VI-2011). Esto último viene impuesto, además, por razón del cumplimiento de la propia télesis de la casación, en lo concerniente a la preservación -en garantía de la igualdad- de la uniformidad de la jurisprudencia.
III.2. Sentado ello, corresponde anticipar que se advierte configurado el presupuesto de habilitación para el tratamiento del recurso, e igualmente, su procedencia con el siguiente alcance.
III.2.a. No obsta a lo señalado que a juicio del recurrente las limitaciones contenidas en las mentadas normas adjetivas no resulten aquí aplicables, pues las razones que esgrime para justificar tal postura resultan desacertadas.
En efecto, por un lado, lo transcripto por el interesado en lo relativo al precedente de este Tribunal Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1996) para justificar la "obligatoriedad" o "carácter vinculante" que le atribuye a los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 367 vta./368), corresponde a la opinión personal de uno de los ministros votantes en la mencionada causa, no constituyendo entonces "doctrina legal" que permita subsumir el caso en la hipótesis de excepción contemplada en el art. 55 de la ley 11.653.
Para más, y ello demuestra nuevamente la inhabilidad del entramado diseñado en el recurso en examen, se advierte una errada lectura por parte del interesado de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que individualiza a fs. 368 vta./369, toda vez que, en ellos, en modo alguno el alto Tribunal hubo de pronunciarse por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma; lo dicho por el recurrente -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse, en verdad, en los votos en disidencia que no conformaron la postura mayoritaria del Máximo Tribunal de la Nación.
Con todo, y en tanto situados por el impugnante bajo la hipótesis de arbitraria violación de la jurisprudencia de la Corte Suprema, lucen inatendibles los argumentos que esgrime el interesado con el objeto de evidenciar también la configuración de una "cuestión federal" como otro de los caminos para sortear las restricciones procesales que en función de la summa gravaminis imperan en el caso.
Adicionalmente ha de recordarse, en tanto quizás el planteo indirectamente también pretenda orientarse en ese sentido, que los fallos de la Corte nacional (como los de otros tribunales) no constituyen la doctrina legal que hace viable al recurso en examen (causas L. 51.517, "Evangelista", sent. de 28-IX-1993; L. 94.448, "Tunstall", sent. de 10-XII-2008 y L. 92.935, "P., A.", sent. de 25-III-2009).
III.2.b. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis del agravio que gira en torno a la constitucionalidad de los arts. 7 y 8 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, puesto que el mismo fue traído como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012).
III.2.c. Ahora bien, sentado lo expuesto, respecto de la temática vinculada a la tasa de interés moratorio judicial, esta Suprema Corte -por mayoría- reiteradamente ha declarado que debe asumir su labor uniformadora de la jurisprudencia fijando una doctrina legal (arts. 161 apdo. 3 inc. "a", Const. provincial; 279, CPCC y 55, ley 11.653), desde que dicha determinación reviste un innegable valor expansivo que justifica la intervención del tribunal (ver, entre miríada de precedentes, causa L. 94.446 "Ginossi", sent. de 21-X-2009).
En la citada causa "Ginossi" este Tribunal -por mayoría- ratificó la doctrina legal que venía sosteniendo en materia de tasa de interés desde la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.928 y con ulterioridad a la desarticulación del sistema de convertibilidad (ley 25.561), ya que éste no implicó la necesidad de modificarla.
Luego, la convalidación de la indicada doctrina -manteniendo invariable su contenido- se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.399 (BO. 21-XII-2012), en cuanto modificó la norma del art. 48 de la ley 11.653, toda vez que en las causas L. 90.768 "Vitkauskas", L. 102.210 "Campana", L. 108.142 "Díaz", L. 108.164 "Abraham" y L. 110.487 "Ojer" (todas sentenciadas el 13-XI-2013) esta Suprema Corte -por mayoría- declaró la inconstitucionalidad de la citada ley local por juzgarla en pugna con la Constitución nacional.
Ahora bien, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dispone en su art. 768 inc. "c", de modo subsidiario, la aplicación de las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.
En este contexto, atendiendo la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768 inc. "c", Cód. cit.), esta Suprema Corte en las causas C. 119.176 "Cabrera" y L. 118.587 "Trofe" (ambas sentenciadas el 15-VI-2016), ha precisado -por mayoría- la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento, determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858 "Pincini", sent. de 26-X-2016; L. 119.905 "Galván", resol. de 26-X-2016; L. 119.422 "Clemente", sent. de 31-X-2016; entre muchos.
Por ello, corresponde hacer lugar al recurso y revocar el pronunciamiento de grado en lo que fue materia de agravio. Con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por la doctora Kogan, remitiéndome -en honor a la brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316 "Melgarejo" y L. 119.422 "Clemente" sents. de 31-X-2016 -entre otras-, pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. gr. L. 118.587 "Trofe" y C. 119.176 "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453 "Dardengo" y L. 118.361 "Valentín" sents. de 28-IX-2016, y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5827 y modif., acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto de la colega que abre el pronunciamiento, aunque habré de señalar, respecto de la tasa de interés, que tanto en la causa L. 118.587 "Trofe", con sentencia del 15-VI-2016, como en la causa C. 119.176 "Cabrera", con sentencia de igual fecha (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488 "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 118.478 "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357 "De Juana", resol. de 22-IV-2016; L. 118.604 "Gómez" y L. 118.366 "Del Negro", sents. de 26-X-2016), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a la que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5827 y modif.; y 279 y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al sufragio de la doctora Kogan con las consideraciones que tuve oportunidad de señalar en los precedentes C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), que doy por reproducidas merced a razones de economía y celeridad procesal.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Registrada bajo el n°1340
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Fin de la sentencia