Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129346
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la actora atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 31 bis, ley 5.827).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, por mayoría, en lo que interesa destacar, condenó solidariamente a R.R. Donnelley Argentina S.A., Editorial Atlántida S.A., Maxervix S.R.L., Juan Pedro Apud Romano y José Luis Rivas a abonarle a Norma Beatriz Vargas la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 771/788 y aclaratoria de fs. 854/856).
Sobre el capital de condena detallado aplicó intereses conforme la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días.
Por último, aplicó a la totalidad de las condenadas la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 827/841), el que fue concedido por el a quo , en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución electrónica de fecha 8-VI-2022).
En su presentación se agravia esencialmente respecto de la tasa de interés que el a quo aplicó al capital de condena, a cuyo fin cita doctrina legal. Alega, con apoyo en fallos y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la configuración de gravedad institucional y la existencia de cuestión federal para habilitar la instancia extraordinaria local.
Luego, en lo que interesa destacar, aduce que, como consecuencia del proceso inflacionario, la tasa pasiva aplicada en el fallo afecta gravemente el poder adquisitivo de la trabajadora y, en ese orden, estima la alícuota que considera de aplicación variable al caso.
Con el fin de acreditar el perjuicio sufrido por la trabajadora, la recurrente practica tres liquidaciones: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). La segunda, utilizando un porcentaje de ajuste del 1.980,5% para el cálculo de los intereses. Y, por último, la aplicación de la tasa activa con capitalización mensual de intereses.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015; L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020 y L. 126.437, "Bonopera", resol de. 26-V-2021).
En consecuencia de lo señalado, resulta oportuno destacar que aquella excepción se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen una relación sustancial y el fallo impugnado transgrede esa hermenéutica, precisamente, en un caso similar (causa L. 120.233 "Quezada", resol. de 5-IV-2017), y en ese orden ha de precisarse, igualmente, que en el marco de la directriz que impone atender las circunstancias sobrevinientes a la interposición del recurso (causas L. 82.813, "Rocha", sent. de 7-V-2008; L. 104.668, "Bravo", sent. de 21-XII-2011; L. 90.407, "Moreno", sent. de 3-V-2012 y L. 126.548, cit.), el análisis ha de llevarse a cabo en el contexto de la doctrina vigente a la fecha del pronunciamiento de esta Corte (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 126.548, cit.). Esto último viene impuesto, además, por razón del cumplimiento de la propia télesis de la casación, en lo concerniente a la preservación -en garantía de la igualdad- de la uniformidad de la jurisprudencia.
III.2. Sentado ello, corresponde anticipar que se advierte configurado el presupuesto de habilitación para el tratamiento del recurso, e igualmente, su procedencia con el siguiente alcance.
III.2.a. No obsta a lo señalado que a juicio de la recurrente las limitaciones contenidas en las mentadas normas adjetivas no resulten aquí aplicables, pues las razones que esgrime para justificar tal postura resultan desacertadas.
En efecto, por un lado, lo transcripto por la interesada en lo relativo al precedente de este Tribunal Ac. 59.366, "Centeno" (sent. de 10-VI-1996) para justificar la "obligatoriedad" o "carácter vinculante" que le atribuye a los pronunciamientos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 828 vta./829), corresponde a la opinión personal de uno de los ministros votantes en la mencionada causa, no constituyendo entonces "doctrina legal" que permita subsumir el caso en la hipótesis de excepción contemplada en el art. 55 de la ley 11.653.
Para más, y ello demuestra nuevamente la inhabilidad del entramado diseñado en el recurso en examen, se advierte una errada lectura por parte de la interesada de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que individualiza a fs. 831 vta. in fine , toda vez que, en ellos, en modo alguno el alto Tribunal hubo de pronunciarse por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma; lo dicho por la recurrente -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse, en verdad, en los votos en disidencia que no conformaron la postura mayoritaria del Máximo Tribunal de la Nación.
Con todo, y en tanto situados por la impugnante bajo la hipótesis de arbitraria violación de los fallos de la Corte Suprema, lucen inatendibles los argumentos que esgrime la interesada con el objeto de evidenciar también la configuración de una "cuestión federal" como otro de los caminos para sortear las restricciones procesales que en función de la summa gravaminis imperan en el caso.
Adicionalmente ha de recordarse, en tanto quizás el planteo indirectamente también pretenda orientarse en ese sentido, que los fallos de la Corte nacional (como los de otros tribunales) no constituyen la doctrina legal que hace viable al recurso en examen (causas L. 51.517, "Evangelista", sent. de 28-IX-1993; L. 94.448, "Tunstall", sent. de 10-XII-2008; L. 92.935, "P., A.", sent. de 25-III-2009 y L. 126.548, cit.).
III.2.b. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis del agravio que gira en torno a la constitucionalidad de la ley 23.928 y de la ley 25.561, puesto que el mismo fue traído como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012 y L. 126.548, cit.).
III.2.c. Ahora bien, sentado lo expuesto, respecto de la temática vinculada a la tasa de interés moratorio judicial, esta Suprema Corte -por mayoría- reiteradamente ha declarado que debe asumir su labor uniformadora de la jurisprudencia fijando una doctrina legal (arts. 161 apdo. 3 inc. "a", Const. prov.; 279, CPCC y 55, ley 11.653), desde que dicha determinación reviste un innegable valor expansivo que justifica la intervención del tribunal (ver, entre miríada de precedentes, causa L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009).
En la citada causa L. 94.446 este Tribunal -por mayoría- ratificó la doctrina legal que venía sosteniendo en materia de tasa de interés desde la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.928 y con ulterioridad a la desarticulación del sistema de convertibilidad (ley 25.561), ya que éste no implicó la necesidad de modificarla.
Luego, la convalidación de la indicada doctrina -manteniendo invariable su contenido- se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.399 (B.O., 21-XII-2012), en cuanto modificó la norma del art. 48 de la ley 11.653, toda vez que en las causas L. 90.768, "Vitkauskas"; L. 102.210, "Campana"; L. 108.142, "Díaz"; L. 108.164, "Abraham" y L. 110.487, "Ojer" (sents. de 13-XI-2013) esta Suprema Corte -por mayoría- declaró la inconstitucionalidad de la citada ley local por juzgarla en pugna con la Constitución nacional.
Ahora bien, el Código Civil y Comercial de la Nación dispone en su art. 768 inc. "c", de modo subsidiario, la aplicación de las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.
En este contexto, atendiendo la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768 inc. "c", Cód. cit.), esta Suprema Corte en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), ha precisado -por mayoría- la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento, determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" y L. 119.905, "Galván", resols. de 26-X-2016 y L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016; e.o.
Por ello, corresponde hacer lugar al recurso y revocar el pronunciamiento de grado en lo que fue materia de agravio. Con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al sufragio de los ministros que me preceden en la votación, solo he de señalar, que y, en relación a lo resuelto en el punto III.2.c., lo hago con las consideraciones que tuve oportunidad de señalar en los precedentes C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), que doy por reproducidas por razones de economía y celeridad procesal.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la actora atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 31 bis, ley 5.827).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/02/2023 16:41:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/02/2023 16:34:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/02/2023 09:41:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/02/2023 10:18:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/02/2023 11:41:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/02/2023 13:42:49 hs. bajo el número RR-14-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia