Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 119714
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la actora atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 31 bis, ley 5.827).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
2Declarar mal concedidos los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos a fs. 1.080/1.094, 1.095/1.107 y 1.008/1.123,
I. El Tribunal del Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa destacar, condenó solidariamente a R.R. Donnelley Argentina S.A., Maxervix S.R.L., Juan Pedro Apud Romano y José Luis Rivas a abonarle a Gladys Isabel Vera la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido. Asimismo, también acogió la demanda deducida contra Editorial Atlántida S.A., Alfredo José Vercelli y Constancio Carlos Vigil -en forma solidaria- en concepto de los rubros indemnizatorios que individualizó. Por último, aplicó a la totalidad de las condenadas la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 1.009/1.032 vta.).
II. Frente a lo así resuelto la actora (v. fs. 1.064/1.076), Constancio Vigil y Alfredo José Vercelli (v. fs. 1.080/1.094); R.R. Donnelley Argentina S.A. (v. fs. 1.095/1.107) y Editorial Atlántida S.A. (v. fs. 1108/1123), dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
Coetáneamente, los apoderados de Editorial Atlántida S.A. y R.R. Donnelley Argentina S.A. acreditaron la realización del depósito establecido en el art. 56 de la ley 11.653 adjuntando sus correspondientes constancias, oportunidad en la que manifestaron que lo efectuaban en forma conjunta.
Por su lado, Constancio Carlos Vigil y Alfredo José Vercelli, sin acompañar documentación alguna del cumplimiento de la carga pecuniaria de mención, en su escrito recursivo solicitan se tenga por satisfecho el requisito previsto en el mentado art. 56 de la ley 11.653 en virtud del depósito conjunto efectuado entre Editorial Atlántida S.A. y R.R. Donnelley Argentina S.A. (v. fs. 1080 vta.).
A su turno, el sentenciante de grado concedió la totalidad de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley articulados (v. pronunciamiento de fecha 14-X-2022).
III.1. La actora en su recurso extraordinario de inaplicabilidad de fs. 1.064/1.076, se agravia esencialmente respecto de la tasa de interés que el a quo aplicó al capital de condena, a cuyo fin cita doctrina legal. Alega, con apoyo en fallos y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la existencia de cuestión federal para habilitar la instancia extraordinaria local.
Luego, en lo que interesa destacar, aduce que, como consecuencia del proceso inflacionario, la tasa pasiva aplicada en el fallo afecta gravemente el poder adquisitivo de la trabajadora y, en ese orden, estima la alícuota que considera de aplicación variable al caso.
Con el fin de acreditar el perjuicio sufrido por la trabajadora, la recurrente practica tres liquidaciones: la primera, a través del método de indexación del crédito y por conducto del planteo de inconstitucionalidad de la ley 23.928 (texto según ley 25.561). La segunda, utilizando un porcentaje de ajuste del 739,30% para el cálculo de los intereses. Y, por último, la aplicación de la tasa activa con capitalización mensual de intereses.
III.2. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.3.a. En primer lugar, se advierte una errada lectura por parte de la interesada de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que individualiza, toda vez que, en ellos, en modo alguno el alto Tribunal hubo de pronunciarse por la inaplicabilidad de la tasa de interés pasiva en "juicios laborales" como se afirma; lo dicho por el recurrente -siguiendo un desenfocado razonamiento- parece sustentarse, en verdad, en los votos en disidencia que no conformaron la postura mayoritaria del Máximo Tribunal de la Nación.
III.3.b. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis del agravio que gira en torno a la constitucionalidad de la ley 23.928 y de la ley 25.561, puesto que el mismo fue traído como una de las tantas motivaciones destinadas a justificar el daño que derivaría de la aplicación de la tasa de interés empleada por el tribunal de la instancia ordinaria, en una tesis que -a mayor abundamiento- es contraria a lo expresado por esta Corte en cuanto reiteradamente ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012; L. 126.986 "Giménez", resol. de 29-XI-2021 y L. 128.336, "Bauer", resol. de 17-X-2022).
III.3.c. II.3.c. No obstante lo dicho, el agravio vinculado con la tasa de interés allí aplicada en la sentencia debe prosperar conforme lo que a continuación se ha de precisar.
El tribunal de origen, a fin de calcular los acrecidos, utilizó la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días.
Al respecto, se impone señalar que esta Suprema Corte, atendiendo la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768 inc. "c", Cód. cit.), en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), ha precisado -por mayoría- la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento, determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016); entre muchos.
Por ello, con el alcance indicado, y con fundamento en el art.31 bis de la ley 5827 tercer párrafo, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar el pronunciamiento de grado en lo concerniente a la tasa que declaró aplicable para calcular los intereses adeudados, con costas (art. 289, CPCC).
IV. En relación a los recursos extraordinarios interpuestos a fs. 1.080/1.094, 1.095/1.107 y 1.008/1.123, de modo liminar, corresponde señalar que esta Corte ha dicho que en el supuesto de sentencia condenatoria, el art. 56 de la ley 11.653 referenciado establece como carga ineludible para la admisibilidad de los remedios extraordinarios -sin distinción alguna de cuál de éstos- el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que la sentencia recurrida constituye fuerte presunción favorable (causas L. 117.710, "Conte", resol. de 23-XII-2013; L. 120.689, "Pérez", resol. de 5-VII-2017; L. 126.414, "Formigo", resol. de 16-VII-2021 y L. 129.421, cit.).
Específicamente, ha sostenido que en el supuesto de pluralidad de legitimados pasivos puede aceptarse que un depósito resulte suficiente, mas ello es así sólo cuando los recursos de los litisconsortes se fundan sobre similares puntos litigiosos, pues en tal circunstancia queda a salvo la finalidad de la exigencia legal (causas L. 112.933, "Carini", resol. de 16-II-2011; L. 121.694, "Disalvo", resol. de 22-VIII-2018; L. 114.365, "Gómez", resol. de 28-VIII-2020 y L. 129.421, cit.).
En tal sentido, corresponde señalar que dicha circunstancia no se verifica en autos; ante ello, resulta dable observar que de las manifestaciones formuladas por Editorial Atlántida S.A. y R.R. Donnelley Argentina S.A. (v. fs. 1078/1079) surge que el depósito ha sido realizado en forma conjunta, circunstancia de la que se infiere -por ende- que lo ha sido de modo parcial, en cada caso.
Además, por otra parte, Constancio Vigil y Alfredo José Vercelli no cumplieron de modo alguno con la referida carga legal.
En consecuencia, los depósitos efectuados a fs. 1124, 1155 y 1156 se evidencian insuficientes respecto de cada una de las nombradas para dar cabal cumplimiento con lo dispuesto por el art. 56 de la ley 11.653 y, a todo evento, para resultar extensivo al resto de las recurrentes a los fines de la satisfacción de aquella carga (causa L. 113.478, "Alderete", resol. de 24-IV-2013; L. 114.352, "López", resol. de 3-V-2018; L. 114.365 y L. 129.421, cits.).
En ese orden, se impone agregar que es doctrina de este Tribunal que la carga económica de referencia debe ser cumplida en término y en su totalidad (causas L. 114.832, "Pérez", resol. de 13-VII-2011; L. 115.012, "Castillo", resol. de 29-II-2012; L. 114.365 y L. 129.421, cits.), sin que corresponda intimar a las recurrentes a su integración (causas L. 112.220, "Simcic", resol. de 15-XII-2010; L. 114.814, "Machuca", resol. de 13-VII-2011; L. 114.365 y L. 129.421, cits.).
En virtud de lo expuesto, no cabe más que concluir que los depósitos efectuados por las indicadas impugnantes, en las condiciones en que lo han sido, no cumplen con el indicado propósito ni con el recaudo de integralidad que le es propio.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la actora atento que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (art. 31 bis, ley 5.827).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
2. Declarar mal concedidos los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos a fs. 1.080/1.094, 1.095/1.107 y 1.008/1.123,
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/04/2023 09:37:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 09:03:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 13:23:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:04:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2023 14:20:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/05/2023 16:49:37 hs. bajo el número RR-479-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia