Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130624
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa destacar, hizo lugar a la acción promovida por el señor Gustavo Martín Caseres y, en consecuencia, condenó en forma solidaria a Transportes Ader S.A. (hoy Tasa Logística S.A.), Tibbett & Britten Group Argentina S.A. (hoy DHL Exel Supply Chain Argentina S.A.) y Pullmen Servicios Empresarios S.A. al pago de la suma que individualizó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 831/850 vta., y aclaratoria de fs. 913/916 y vta.).
En lo que concierne por ser materia de agravio, adicionó intereses a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el 18 de agosto de 2008 y, con posterioridad a esa fecha, a la tasa que paga dicha entidad bancaria en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia "BIP".
Asimismo, desestimó el planteo por el que se cuestionaba la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 conforme ley 25.561.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 874/900 y vta.), el cual fue concedido por el a quo (v. resol. de 5-IV-2023).
En su presentación, cita las normas y la doctrina legal que considera conculcadas. Esencialmente, se agravia de la tasa de interés que el sentenciante aplicó al capital de condena.
Alega, con apoyo en fallos y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la configuración de gravedad institucional y la existencia de cuestión federal para habilitar la instancia extraordinaria local.
En lo que interesa destacar, señala que, como consecuencia del proceso inflacionario, la aplicación de las tasas de interés inferiores a la inflación afecta gravemente el poder adquisitivo del trabajador, violándose de tal modo su derecho de propiedad tanto en materia de capital como de intereses (art. 17 de la Constitución nacional).
Seguidamente, con el fin de acreditar el perjuicio sufrido por el trabajador, cuantifica el crédito de autos aplicando un "...coef. ajuste por depreciación monetaria (1.183,72%)" e intereses al 15% anual sobre el capital actualizado, como los que se aplicaban en épocas de estabilidad plena, siendo esta una de las posibilidades que expone para evitar la confiscación de los créditos alimentarios del acreedor laboral.
Así, enumera como métodos para sortear ese desapoderamiento: la declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación de los créditos de dinero, la aplicación de intereses bancarios a la tasa activa con capitalización periódica de los intereses y, por último, refiere a una tasa que fijen los jueces prudentemente, que estipula en un 4.285,56%.
Finalmente, cuestiona la omisión que imputa al a quo de disponer la capitalización prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que, verificándose en la especie que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones por las que el recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 123.368, "Hurtado", sent. de 22-IX-2021 y L. 121.260, "Lazarte", sent. de 12-IV-2021).
III.2. Sentado lo anterior, cabe -también- indicar que la competencia revisora de este Tribunal está circunscripta al contenido de la sentencia de grado y a la concreta impugnación contra ella formulada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; L. 125.100, "Aguirre", sent. de 29-XI-2022; e.o.), por lo que no corresponde ingresar a analizar los planteos formulados por el impugnante en el punto III del recurso bajo la denominación "solicitudes especiales" (v. fs. 876 vta./877).
III.3. Luego, no prospera la crítica mediante la cual se cuestiona la parcela del pronunciamiento que dispuso la aplicación de intereses.
III.3.a. El Tribunal de grado, a fin de calcular los acrecidos, utilizó, desde que cada obligación se hizo exigible hasta el día 18 de agosto de 2008, la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días y desde el día 19 de agosto de 2008, la que abona la misma entidad bancaria a través del sistema denominado "Banca Internet Provincia".
III.3.b. Esta decisión no es conmovida por el impugnante.
Al efecto, debe señalarse que en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sentencias de 15-VI-2016) -y las que siguieron su línea directriz- (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), esta Corte declaró que los intereses moratorios aplicados sobre el importe reconocido en la sentencia por el mencionado rubro deben liquidarse mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa, desde la fecha del evento dañoso hasta el efectivo pago (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Siendo así, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado se ajusta -en el contexto de las circunstancias reseñadas durante el período de su aplicación- a la doctrina legal de esta Corte, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo.
III.4. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, ello así, en tanto lo resuelto por el sentenciante guarda armonía con el criterio plasmado en reiterados pronunciamientos de esta Corte en los que se ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012; e.o.), sin que el impugnante aporte nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
III.5. Finalmente, el agravio relativo a la presunta omisión de aplicar la capitalización que prevé el art. 770 del Código Civil y Comercial en que habría incurrido el tribunal sentenciante resulta notoriamente inviable, por cuanto se dirige a evidenciar la supuesta preterición en el tratamiento de cuestiones esenciales que, tal como lo ha dicho en reiteradas ocasiones esta Corte, es materia propia del recurso extraordinario de nulidad y ajena, por ende, al de inaplicabilidad de ley (causas L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 107.358, "López", sent. de 15-VII-2015; L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016; L.125.868, "Monzón", resol. de 4-III-2021 y L. 130.385, "Gil", resol. de 7-IX-2023).
III.6. Por lo demás, los cuestionamientos desarrollados en el punto VI del escrito impugnativo (v. fs. 899/900) merecieron tratamiento favorable a las pretensiones del recurrente cuando el tribunal de mérito resolvió a fs. 913/916 la aclaratoria articulada. Por tal motivo, su análisis resulta abstracto por haber perdido virtualidad.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvanse por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/10/2023 09:27:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2023 10:38:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/10/2023 10:23:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 09:30:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 10:04:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/11/2023 11:03:53 hs. bajo el número RR-1419-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia