Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75473
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Tribunal de Trabajo N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, para continuar interviniendo en el asunto, al que por Secretaría se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite (art. 7 inc. 1, CPCA).
Asimismo, líbrese oficio al titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
B.75.473 “MARIN EMMANUEL ROBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON S/ DESPIDO. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—“
La Plata, 17 de octubre de 2018.
I. Emanuel Roberto Marín promovió una demanda por despido contra la Municipalidad de General Pueyrredón, con el objeto de obtener una indemnización comprensiva de los rubros que se detallan a fs. 175/178 -establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo y otras normas del derecho laboral- en razón de las tareas prestadas como coreógrafo y bailarín de la "Orquesta Municipal de Tangos" de la ciudad de Mar del Plata -dependiente de la Municipalidad de General Pueyrredón-.
II. La causa se inició en el Tribunal de Trabajo N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, el que se declaró incompetente en razón de la materia por considerar que su conocimiento es propio del fuero contencioso administrativo, fundando su postura en la causa "Cirigliano" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En consecuencia, los autos se remitieron al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, cuyo titular rehusó entender en la presente, al advertir que de la exposición de los hechos que la parte actora hizo en su demanda y en su adecuación al derecho invocado como fundamento de lo pretendido surge la competencia del fuero laboral para la prosecución de las mismas, citando -en ese orden- doctrina de esta Corte (fs. 23/25).
En este esquema, planteó la contienda negativa y dispuso elevar el expediente a este Tribunal de Justicia, para que la dirima (art. 7 inc. 1, CPCA).
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos del conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts., 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CPCA). La actividad de tales sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de tales funciones públicas y regidas por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CPCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4, CPCA).
IV. De acuerdo a lo expuesto en el último párrafo del considerando anterior, al momento de resolver conflictos similares al de autos en los que la sustancia de la relación puede mostrarse incierta -ya sea en razón del relato de los hechos, del derecho invocado para fundar la pretensión o incluso por la forma en la que se propone la demanda-, el Tribunal ha recurrido al principio de la primacía de la realidad laboral con el fin de determinar el órgano judicial competente (cfr. art. 39 inc. 2, Const. prov.; doctr. causas B. 72.106 "Montiel Benítez", res. de 24-IV-2013; B. 73.517 "Fuster", res. de 15-IV-2015; B. 73.817 "Piccione", res. de 21-X-2015 y B. 74.933 "Cardella", res. de 7-III-2018, entre otras).
Bajo esa premisa, las características de la relación invocada cuya ruptura motiva el pedido de resarcimiento, unido a la naturaleza laboral de las normas en las que sustenta el reclamo, dan pábulo a la adopción de una solución semejante a la ya expuesta por el juez en lo contencioso administrativo actuante.
Precisamente, en casos como éste cobra relevancia la regla establecida en el art. 4 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, que ralea del conocimiento del fuero especializado a las causas regidas primariamente por normas o convenios de dicha índole (doctr. causas B. 70.100 "Maidana", res. de 6-V-2009; B. 71.998 "Rodríguez", res. de 19-XII-2012; B. 72.369 "Calo", res. de 8-V-2013; B. 72.370 "Viglietti", res. de 12-VI-2013; B. 73.001 "Peñalva", res. de 10-IX-2014; B. 73.517, B. 73.811, B. 73.817 y B. 74.933 ya citadas).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Tribunal de Trabajo N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, para continuar interviniendo en el asunto, al que por Secretaría se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite (art. 7 inc. 1, CPCA).
Asimismo, líbrese oficio al titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental, para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Regístrese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 484
Fin de la sentencia