Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76702
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente al Tribunal de Trabajo N°1 del Departamento Judicial de La Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
B.76.702 “PULERO PATRICIA NOEMI Y OTROS C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ DESPIDO - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. María Soledad Vázquez, María Salomé Esquivel, Patricia Noemí Pulero, María Laura Lloret, Juan Pablo Olivero, Elizabeth Olivero y Noelia Soledad Gómez, a través de sus apoderadas, promueven una demanda interruptiva de la prescripción contra la Provincia de Buenos Aires, a quien -afirman- demandarán con el objeto de obtener una indemnización por despido injustificado y otro rubros derivados del contrato de trabajo que presuntamente los unía.
II. La causa se inició ante el Tribunal de Trabajo N°1 del Departamento Judicial de La Plata. Frente al escaso desarrollo efectuado por los actores en su escrito inicial, se les requirió que brindaran una breve descripción de los hechos en que fundamentaban su pretensión (v. fs. 26).
Es así que precisaron que la acción se originaba por la precarización laboral ejercida por el Ministerio de Seguridad como organismo empleador de los alumnos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), relación que tuvo lugar desde el día 17 de junio de 2014 hasta el 18 de diciembre de 2015, a través de la figura de "pasantías educativas". Luego, manifestaron no haber recibido formación profesional alguna como tampoco una contraprestación económica acorde a la tarea por ellos desempeñada; sobre tal base, denuncian el incumplimiento de lo previsto en la ley 26.427 (v. fs. 27).
En virtud de ello, los miembros del Tribunal se inhibieron de conocer en el asunto, por considerar que se trataba de un supuesto aprehendido por la cláusula general que define la materia del fuero especializado y que, por tanto, resultaba ajena al ámbito de conocimiento que el art. 2 de la ley 11.653 confiere a los jueces laborales (v. fs. 29).
En lo que aquí concierne, remitidas las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 departamental, comparecieron las señoras María Salomé Esquivel, María Soledad Vázquez y Elizabeth Olivero, con nueva letrada apoderada, y ampliaron su demanda. Allí, expusieron que en el mes de junio de 2014 las coactoras fueron contratadas por la Central de Atención Telefónica de Emergencias 911 del Ministerio de Seguridad, suscribiéndose al efecto un acuerdo individual -por el plazo de un año, con posibilidad de renovación por seis meses- de "Pasantías Educativas" entre el citado organismo, la Facultad de Psicología de la UNLP y las accionantes.
En este marco, señalaron que al no haberse cumplido con lo establecido en la cláusula segunda del acuerdo individual celebrado y del Convenio de Pasantías Educativas, devenía aplicable lo dispuesto en los arts. 13 y 19 de la ley 26.427.
Por su parte, el titular del juzgado interviniente, sin que esto implique una aceptación de la competencia que le fuera endilgada, requirió al Tribunal del Trabajo N°4 del Departamento Judicial de La Plata que remitiera una copia certificada de la sentencia recaída en los autos "Soberón Becerra, Cecilia K. y otros c/ Provincia de Buenos Aires – Ministerio de Seguridad s/ Despido" (expte. n° 15.962), la que había sido citada por las actoras como antecedente y que versaba sobre un objeto semejante al aquí planteado.
A la luz de los elementos obrantes en la causa, el magistrado a cargo de ese órgano jurisdiccional, se rehusó a entender en el litigio en la inteligencia de que la controversia se encontraba regida por normas laborales y, en consecuencia, estaba específicamente sustraída de su esfera de conocimiento (conf. art. 4 inc. 1, CCA).
Al decidir de ese modo, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. La ley 26.427 crea el "Sistema de Pasantías Educativas en el marco del Sistema Educativo Nacional para los estudiantes de la Educación Superior (Capítulo V, Ley 26.206) y la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (Capítulo IX, Ley 26.206) y de la Formación Profesional (Capítulo III, Ley 26.058), en todos los casos para personas mayores de dieciocho (18) años a cumplirse en empresas y organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica, con excepción de las empresas de servicios eventuales aun cuando adopten la forma de cooperativas" (art. 1).
Por su parte, el art. 12 de la referida norma estipula que "las pasantías educativas no originan ningún tipo de relación laboral entre el pasante y la empresa u organización en la que éstas se desarrollan. Esta figura no podrá ser utilizada para cubrir vacantes o creación de empleo nuevo ni para reemplazar al personal de las empresas y organismos públicos o privados. Si luego de la pasantía educativa se contrata a la persona por tiempo indeterminado, no se puede hacer uso del período de prueba del artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo".
Ahora bien, expresamente se contempla que "el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ejercerá el contralor del cumplimiento de la presente ley con relación a las empresas y organismos para que no se alteren sus objetivos. En caso de incumplimiento por parte de la empresa de alguno de los requisitos o características que tipifican a esta especial relación, la pasantía educativa perderá el carácter de tal y será considerada contrato laboral por tiempo indeterminado. En dicho caso, regirán todas las sanciones e indemnizaciones que correspondan para la relación laboral no registrada" y que "atento el carácter excepcional de este régimen, en caso de duda se entenderá que la relación habida entre el alumno y la empresa u organismo es de naturaleza laboral, aplicándose el régimen de la ley 20.744 y complementarias" (art. 19).
IV. Siendo así, y sobre la base de que, para la determinación de la competencia, corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que la parte actora hace en su demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión, ha de concluirse que en la especie no se configura un caso contencioso administrativo (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; A. 69.484, "Ferrero Argentino SA", resol. de 18-III-2009; B. 75.270, cit.; B. 76.135, "Castiñeira", resol. de 6-XI-2019; B. 76.210, "Méndez", resol. de 18-XII-2019 y CSJN Fallos: 309:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298).
Esto pues, en el sub lite los actores persiguen el cobro de una indemnización por despido injustificado, basando su reclamo en el presunto incumplimiento de lo pactado en el acuerdo individual suscripto por cada uno de ellos con el Ministerio de Seguridad en el marco de un convenio de "pasantías educativas" y en la violación de una serie de previsiones contempladas en la 26.427, lo que tornaría aplicable –a su entender- la conversión de la naturaleza de la relación entablada y la consecuente remisión dispuesta en el art. 19 del citado precepto.
De esto se desprende, en esta etapa preliminar, que la cuestión aquí planteada deberá ser resuelta acudiendo primariamente a normas y principios de derecho laboral y, en consecuencia, no es susceptible de ser ventilada ante el fuero especializado (art. 4 inc. 1, CCA).
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Tribunal de Trabajo N°1 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente al Tribunal de Trabajo N°1 del Departamento Judicial de La Plata (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución de su trámite.
Hágase saber de lo resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 departamental.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:45:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:17:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:21:56 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 09:56:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/12/2020 11:01:37 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia