Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77370
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que resulta competente para seguir interviniendo en el asunto el Tribunal de Trabajo N°1 del Departamento Judicial de La Plata, ante quien se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
B.77.370 “VALENZUELA JUAN CARLOS C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ DESPIDO - CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. El señor Juan Carlos Valenzuela, por medio de sus apoderados, promueve la presente acción tendiente a obtener una indemnización por los daños y perjuicios que la Municipalidad de La Plata le habría ocasionado al no registrar la relación laboral que los unió y que, ante la falta de pago de haberes, dio por concluida en el año 2017.
Afirma que por un lapso mayor al de 10 años prestó distintas labores en la cuadrilla municipal de La Plata (v.gr., recolección de residuos, mantenimiento, limpieza de plazas y espacios verdes, e.o.). En ese orden refiere que, a pesar de sus reiterados pedidos, tal vínculo con la comuna jamás fue registrado, lo cual derivó a que sí lo sea en una cooperativa de trabajo, situación ésta que reputa como "...fraude a la ley laboral".
Sobre la base de considerar extinguido el contrato de trabajo por culpa del empleador, reclama el pago de las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) -por preaviso, despido y aguinaldo- y en los artículos 8 y 15 de la ley 24.013, como, también, de las penalidades previstas en los artículos 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 de la LCT (v. fs. 17/37).
II. A raíz de lo narrado por el demandante en su presentación inicial (cfr. apdo. VII), el expediente fue asignado al Tribunal de Trabajo N°1 del Departamento Judicial de La Plata.
Sus integrantes, ponderando -sustancialmente- que en autos se estaba frente a "...una típica relación de empleo público", se declararon incompetentes. En esa inteligencia, decidieron que la causa debía ser remitida al fuero especializado departamental (cfr. arts. 1 inc. 1, CCA y 6, ley 11.653; v. despacho electrónico de fecha 6-X-2017).
Contra dicho pronunciamiento, entendiendo que con tal proceder se estaban contrariando diferentes disposiciones normativas (arts. 14 bis, Const. nac. y 4 inc. 1, CCA) como también doctrina legal, el actor interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual, tras ser concedido por el órgano colegiado (cfr. sent. interlocutoria de fecha 24-XI-2017), recayó en los estrados de esta Suprema Corte.
Así entonces, con posterioridad a que en esa instancia se rechazara el remedio impetrado por no encuadrar los fundamentos de su presentación en el supuesto excepcional del artículo 55 de la ley 11.653 (v. sent. interlocutoria de fecha 6-XI-2019) y tras la observación que formulara la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº4 departamental en torno a la radicación de la causa (v. proveído electrónico de fecha 13-V-2020), las actuaciones recayeron -finalmente- en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del mencionado departamento judicial.
El juez que por entonces subrogaba dicha dependencia resistió la atribución de competencia, advirtiendo, conforme los hechos narrados y al derecho invocado por el reclamante, que la litis se encontraba enmarcada en la regla de exclusión prevista en el artículo 4 inciso 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
Fue de esa manera que planteó la contienda negativa, elevándola a esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima de acuerdo a lo previsto por el artículo 7 inciso 1 del código adjetivo (v. resol. electrónica de 16-IX-2021).
III.1. Este Tribunal ha expresado que es competencia del fuero lo contencioso administrativo entender y resolver en las controversias originadas por la actuación o la omisión en el ejercicio de funciones administrativas por parte de los órganos mencionados en el artículo 166 de la Constitución provincial. En particular, les corresponde decidir los litigios suscitados en el marco de la relación de empleo que liga a la administración con sus agentes (cfr. arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 incs. 1 y 2 in fine , CCA; doctr. causas B. 64.686, "Bracone", resol. de 23-X-2002; B. 67.466, "Crowe de De Paez", resol. de 9-II-2005; B. 69.469, "Pizarro", resol. de 2-VII-2008 y B. 76.704, "Bello", resol. de 23-II-2021).
En esa línea, y sobre la base de que, para la determinación de la competencia, corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que la parte actora hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, ha de concluirse que no se configura en autos un caso contencioso administrativo (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; B. 76.368, "Casanova", resol. de 15-IV-2020; B. 77.317, "Pérez", resol. de 26-XI-2021, e.o.).
III.2. En efecto, no se infiere de la pretensión deducida ante el fuero laboral (por distintos rubros indemnizatorios y multas de la LCT y las leyes 24.013 y 25.323), ni de los hechos expuestos en el escrito postulatorio, que haya existido una relación de empleo público entre las partes. Tampoco, que se busque demostrar que en realidad sí la hubo o que de lo contrario se configure algún otro supuesto que pueda ser incluido en la materia contencioso administrativa (art. 2, CCA; doctr. causas B. 74.996, "Loiterstein", resol. de 28-II-2018 y B. 76.355, "Soria", resol. de 15-IV-2020). En particular, debe destacarse el hecho de que el actor sostiene -tal como lo hace en su escrito inicial y al momento de articular el recurso de fs. 48/52- que en rigor su relación con la comuna no estaba registrada y resultó de carácter informal, a punto tal que decidió unilateralmente darla por finalizada ante la falta de designación.
Siendo así, no puede afirmarse que la presente controversia haya tenido su origen en el marco de una relación de empleo público y, por tanto, la invocación de normas laborales no resulta, prima facie , inadecuada.
IV. Por lo expuesto, más allá de la condición estatal que reviste la demandada (cfr. art. 166, último párrafo, Const. prov.; doctr. causa B. 76.355, cit.), es dable concluir que se trata de un supuesto en el que opera la regla establecida en el artículo 4 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo, que ralea del conocimiento del fuero contencioso administrativo a las causas regidas -primariamente- por normas o convenios laborales (doctr. causas B. 73.001, "Peñalva", resol. de 10-IX-2014; B. 73.517, "Fuster", resol. de 15-IV-2015 y B. 74.982, "Lungueira", resol. de 28-II-2018, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que resulta competente para seguir interviniendo en el asunto el Tribunal de Trabajo N°1 del Departamento Judicial de La Plata, ante quien se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Hágase saber lo que aquí se resolvió al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/03/2022 13:42:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/03/2022 20:23:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2022 01:56:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2022 08:31:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2022 14:53:20 - GORDILLO Valeria - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/03/2022 14:53:39 hs. bajo el número RR-229-2022 por DO\vgordillo.
Fin de la sentencia