Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78916
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para conocer y decidir en el asunto al Tribunal de Trabajo Nº2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, ante quien se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
B.78.916 "BARROSO FABIANA ANDREA C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FISCO PROVINCIAL Y OTROS S/ DESPIDO -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-"
I. La señora Fabiana Andrea Barroso promueve demanda contra la Provincia de Buenos Aires -Poder Judicial-, Alberto Ricardo Crotto y María Alejandra Radice, a los fines de obtener una indemnización por despido injustificado, salarios adeudados y aguinaldos, como así también, el resarcimiento previsto en las leyes 24.013 y 25.323, más intereses y costas.
En lo concerniente a los hechos, relata que el 1 de febrero de 2006 fue contratada por la señora Radice para prestar servicios de limpieza en el Juzgado de Paz Letrado de Balcarce. Señala que acudía al lugar una vez finalizado el horario de atención al público, los cinco días de la semana, cumpliendo una jornada de tres horas diarias.
Indica que el 31 de mayo de 2016, a raíz de un retraso de doce meses en el pago de sus haberes, decidió dejar de cumplir con las tareas que tenía asignadas hasta tanto se regularizara su situación salarial. Refiere que, ante dicho planteo, la mencionada codemandada -que, en aquel momento, se desempeñaba como Oficial Mayor del juzgado- y el titular del juzgado -el doctor Crotto- le propusieron retomar su trabajo a cambio de que renunciara al reclamo de las remuneraciones debidas.
Resalta que, luego de rechazar la propuesta que le fuera formulada, se dio por concluido el vínculo laboral. Puntualiza que, como corolario de ello, intimó a sus presuntos empleadores -incluyendo a la Provincia demandada- a que le abonaran, junto con las sumas adeudadas, una indemnización por despido; no obstante esto, ninguno de los intimados accedió a cumplir con lo requerido (v. presentación electrónica de fecha 18-X-2018)
II. En virtud de lo manifestado por la actora en su presentación inicial (cfr. encabezado y apdo. V), la causa se inició ante el Tribunal de Trabajo Nº2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, cuyos integrantes ordenaron correr traslado de la demanda.
En oportunidad de responderla, los codemandados -el doctor Crotto y la señora Radice- opusieron, juntamente con la de falta de legitimación pasiva, una excepción de incompetencia por considerar que -en rigor- el núcleo de la litis giraba en torno a una "...típica relación de empleo público" (v. presentación electrónica de fecha 16-IV-2019).
En lo que respecta al conflicto de competencia cuya configuración suscita la intervención de esta Corte, es menester señalar que los miembros del tribunal laboral, después de que la demandante contestara dichas excepciones -aduciendo, en lo atinente a la de incompetencia, que la controversia de autos no encuadraba en la alegada relación de empleo público por no contar con "...ningún requisito de las contrataciones públicas" (estabilidad, licencias, jubilación, e.o.; v. presentación electrónica de fecha 10-XII-2021)-, acogieron la defensa incoada y, en vista de ello, se declararon incompetentes para seguir interviniendo (v. resol. electrónica de fecha 23-II-2023).
Habiendo sido sorteado el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del mencionado departamento judicial, el magistrado a su cargo también se rehusó a entender en el asunto. Esto, con especial atención en la regla de exclusión contenida en el artículo 4 inciso 1 del código que rige el ordenamiento, que ralea de su competencia las controversias que se encuentren regidas por el derecho privado o por normas o convenios laborales.
En esa comprensión y citando doctrina de este Tribunal, reputó que el conocimiento del sub lite le correspondía al órgano primigenio, toda vez que de la pretensión promovida por la reclamante no se vislumbraba un "...comportamiento u omisión de los demandados derivado del ejercicio de la función administrativa".
Así, planteó formalmente la contienda negativa de competencia y elevó los actuados a esta Suprema Corte, para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. resol. electrónica de fecha 3-VIII-2023).
III.1. Este Tribunal ha expresado que es competencia del fuero contencioso administrativo, entender y resolver en las controversias originadas por la actuación o la omisión en el ejercicio de funciones administrativas por parte de los órganos mencionados en el art. 166 de la Constitución provincial. En particular, les corresponde decidir los litigios suscitados en el marco de la relación de empleo que liga a la administración con sus agentes (cfr. arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 incs. 1 y 2 in fine , CCA; doctr. causas B. 64.686, "Bracone", resol. de 23-X-2002; B. 67.466, "Crowe de De Paez", resol. de 9-II-2005; B. 69.469, "Pizarro", resol. de 2-VII-2008; B. 76.704, "Bello", resol. de 23-II-2021 y B. 77.370, "Valenzuela", resol. de 16-III-2022).
En esa línea, y sobre la base de que, para la determinación de la competencia, corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que la parte actora hace en la demanda y, sólo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, ha de concluirse que no se configura en autos un caso contencioso administrativo (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; B. 76.368, "Casanova", resol. de 15-IV-2020 y B. 77.317, "Pérez", resol. de 26-XI-2021).
III.2. En efecto, no se infiere de la pretensión deducida ante el fuero laboral (por distintos rubros indemnizatorios de la Ley de Contrato de Trabajo y de las leyes 24.013 y 25.323), ni de los hechos expuestos en el escrito postulatorio, que haya existido una relación de empleo público entre las partes. Tampoco, que se busque demostrar que en realidad sí la hubo o que de lo contrario se configure algún otro supuesto que pueda ser incluido en la materia contencioso administrativa, regido por el derecho público (art. 2, CCA; doctr. causas B. 74.996, "Loiterstein", resol. de 28-II-2018 y B. 76.355, "Soria", resol. de 15-IV-2020). En particular, debe destacarse el hecho de que la actora sostiene que su prestación en el Juzgado de Paz de Balcarce no estaba registrada y resultó de carácter informal, a punto tal que decidió unilateralmente darla por finalizada ante la falta de designación.
Siendo así, no puede afirmarse que la presente controversia haya tenido su origen en el marco de una relación de empleo público y, por tanto, la invocación de normas laborales no resulta, prima facie , inadecuada.
IV. Por lo expuesto, más allá de la condición estatal que reviste uno de los demandados (cfr. art. 166, último párrafo, Const. prov.; doctr. causa B. 76.355, cit.), es dable concluir que se trata de un supuesto en el que opera la regla establecida en el art. 4 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, que sustrae del conocimiento del fuero contencioso administrativo a las causas regidas -primariamente- por normas o convenios laborales (doctr. causas B. 73.001, "Peñalva", resol. de 10-IX-2014; B. 73.517, "Fuster", resol. de 15-IV-2015; B. 77.978, "Rueda" resol. de 10-VI-2022 y B. 78.805, "Otero", resol. 6-VI-2023, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para conocer y decidir en el asunto al Tribunal de Trabajo Nº2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, ante quien se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Hágase saber lo que aquí se resolvió al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/11/2023 14:22:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/11/2023 17:48:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2023 10:27:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2023 12:49:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2023 18:08:58 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/11/2023 18:11:05 hs. bajo el número RR-1032-2023 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia