Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79028
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para conocer y decidir en el asunto al Tribunal de Trabajo Nº1 del Departamento Judicial de Junín, ante quien se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
B.79.028 "TULLI WALTER C/ ECOOP LTDA. S/ DESPIDO -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-"
I. Walter Tulli promueve demanda contra la cooperativa de trabajo ECOOP Ltda., a fin de que se lo reincorpore en su puesto de trabajo y se le abonen los haberes devengados hasta el momento de su efectiva reinserción. Subsidiariamente, requiere el pago de una indemnización por despido sin causa y demás rubros derivados de la extinción de la relación laboral, todo ello por el monto de un millón cuatrocientos catorce mil doscientos cincuenta pesos -$1.414.250-, más intereses y costas.
Al respecto, relata que el 14 de diciembre de 2020, mientras se encontraba prestando servicios recolectando residuos urbanos en un tractor, sufrió un accidente que le ocasionó una fractura de peroné. Aduce que, a raíz de dicho infortunio, se vio forzado a ausentarse de su trabajo en varias oportunidades, sin que sus superiores jerárquicos accedieran a concederle una licencia médica.
Pone de resalto que el día 31 de agosto de 2021 se le remitió una notificación, firmada por Gabriel Zulueta, inspector de la Municipalidad de Leandro N. Alem, y Rodolfo Cepeda, presidente de la cooperativa demandada, por la que se le comunicaba que había sido desafectado de su función en razón de dieciséis ausencias consecutivas sin justificación.
A pesar de que la pretensión se articula en contra de la referida cooperativa -cuyas actividades no especifica-, asevera que su vínculo laboral, de una antigüedad de siete años, había sido establecido con la comuna mencionada. No obstante ello, deja entrever que las autoridades locales le habrían hecho saber que en los registros internos se hallaba laboralmente afectado a la entidad asociativa demandada en autos. En ese orden, añade que, además de trabajar en el corralón de materiales de propiedad municipal, se ocupaba del mantenimiento de la vía pública -corte de césped, recolección de basura, entre otras cosas-, realizaba sepulturas en el cementerio local y hacía las veces de cuidador del frigorífico comunal.
Explica que, más allá de la irregularidad de la relación de trabajo -que no estaba registrada-, cumplió sus obligaciones de manera habitual y normal hasta el momento del siniestro, luego del cual, a los pocos meses, fue despedido -dice- sin una causa legítima que justificara tal proceder (v. escrito electrónico de fecha 15-VI-2023).
II. Las actuaciones, atento a lo manifestado por el reclamante en su presentación inicial (cfr. encabezado y apdo. II), fueron asignadas al Tribunal de Trabajo N°1 del Departamento Judicial de Junín, cuyos integrantes se declararon incompetentes por considerar que se trataba de un caso correspondiente a la materia contencioso administrativa, toda vez que -a su entender- "...la relación jurídica subyacente entre la actora y la comuna demandada consiste en un contrato de empleo público, regido por la ley 14.656, así como por las normas de derecho público aplicables en la materia" (cfr. arts. 166, Const. prov.; 1 inc. 1 y 2 inc. 6, CCA) -v. resol. electrónica de 5-VII-2023-.
El expediente fue girado a la Receptoría General y adjudicado al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Empero, el titular de este organismo jurisdiccional se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada, en la inteligencia de que el sub examine se encontraba excluido de la materia contencioso administrativa. Para fundar esto, adujo que -en esencia- la de autos era una controversia que, además de dirigirse en contra de una cooperativa de trabajo -y no de un ente público, como lo era la comuna de Leandro N. Alem-, giraba "....en torno a la aplicación de normas laborales y convenios colectivos", debiendo estarse, en consecuencia, a lo dispuesto en el art. 4 inc. 1 del código adjetivo.
Al decidir de ese modo y afirmar que no toda contienda que involucre a uno de los sujetos enumerados en el art. 166, quinto párrafo, de la Constitución provincial deviene por sí solo un motivo dirimente para suponer que se halla afectado el ámbito material atribuido al fuero contencioso administrativo, planteó y elevó el conflicto de competencia que esta Corte está llamada a resolver conforme lo dispuesto por el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- (v. sent. interlocutoria de 11-X-2023).
III.1. Este Tribunal ha expresado que es competencia del fuero contencioso administrativo, entender y resolver en las controversias originadas por la actuación o la omisión en el ejercicio de funciones administrativas por parte de los órganos mencionados en el art. 166 de la Carta local. En particular, le corresponde decidir los litigios suscitados en el marco de la relación de empleo que liga a la administración con sus agentes (cfr. arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 incs. 1 y 2 in fine , CCA; doctr. causas B. 64.686, "Bracone", resol. de 23-X-2002; B. 67.466, "Crowe de De Paez", resol. de 9-II-2005; B. 69.469, "Pizarro", resol. de 2-VII-2008; B. 76.704, "Bello", resol. de 23-II-2021; B. 77.370, "Valenzuela", resol. de 16-III-2022 y B. 78.916, "Barroso", resol. de 29-XI-2023; e.o.).
En esa lógica, y sobre la base de que, para la determinación de la competencia, corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que la parte actora hace en la demanda y, solo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, ha de concluirse que no se configura en autos un caso contencioso administrativo (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; B. 71.816, "La Diana SA", resol. de 21-XII-2011; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; B. 76.368, "Casanova", resol. de 15-IV-2020; B. 77.317, "Pérez", resol. de 26-XI-2021 y B. 78.916, cit.).
III.2. Al solo fin de resolver la incidencia, no se infiere de la pretensión deducida ante el fuero laboral (por distintos rubros indemnizatorios de la Ley de Contrato de Trabajo y de las leyes 24.013 y 25.323), ni de los hechos expuestos en el escrito postulatorio, que se esté en presencia de una relación de empleo público en sentido propio. Tampoco, que se busque demostrar que en realidad sí la hubo o que de lo contrario se configure algún otro supuesto que pueda ser incluido en la materia contencioso administrativa, regido por el derecho público (art. 2, CCA; doctr. causas B. 74.996, "Loiterstein", resol. de 28-II-2018; B. 76.355, "Soria", resol. de 15-IV-2020 y B. 78.916, cit.). Puntualmente, debe destacarse el hecho de que el demandante afirma que su prestación no estaba regularmente registrada y resultó en todo momento de carácter informal.
Siendo así, no puede sostenerse que la presente controversia haya tenido su origen en el marco de una relación de empleo público y, por tanto, la invocación de normas laborales no resulta, prima facie , inadecuada.
IV. Por lo expuesto, es dable concluir que se trata de un pleito en el que opera la regla establecida en el art. 4 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, que sustrae del conocimiento del fuero a las causas regidas -primariamente- por normas o convenios laborales (doctr. causas B. 73.001, "Peñalva", resol. de 10-IX-2014; B. 73.517, "Fuster", resol. de 15-IV-2015; B. 77.978, "Rueda" resol. de 10-VI-2022 y B. 78.805, "Otero", resol. 6-VI-2023, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para conocer y decidir en el asunto al Tribunal de Trabajo Nº1 del Departamento Judicial de Junín, ante quien se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite (art. 7 inc. 1, CCA).
Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/03/2024 12:23:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2024 13:09:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2024 10:03:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/03/2024 14:12:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/03/2024 15:05:18 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/03/2024 15:06:51 hs. bajo el número RR-153-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia