Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121843
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
ROTONDARO MARIA ELINA C/ RIZZO ADRIANA DANIELA S/ DESPIDO - DAÑOS Y PERJUICIOS".
La Plata, 13 de marzo de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda que María Elina Rotondaro interpuso contra Adriana Daniela Rizzo en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 220/226 vta.).
Para así decidir, -en lo que interesa destacar por ser materia de agravio- juzgó acreditada la existencia del contrato de trabajo entre las partes el que se encontraba correctamente registrado. A su vez, consideró que ninguno de los motivos injuriantes alegados por la trabajadora en su comunicación rescisoria lograron acreditarse en la causa, por lo que el despido indirecto resultó injustificado.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 233/242 -soporte electrónico- y 243/251 vta. -en formato papel-) el que fue concedido por el a quo a fs. 253 y vta.
En su impugnación se agravia de la errónea fundamentación de la sentencia de grado e invoca absurdo.
En esencia, dirige su crítica a cuestionar dos aspectos del fallo. Por un lado, la determinación de la fecha de ingreso, alegando que el juzgador no tuvo en consideración el juramento prestado en los términos del art. 39 de la ley 11.653 ni la confesión ficta de la demandada. Por otro, objeta la valoración de la injuria, en rigor, en cuanto tuvo por no acreditado el mobbing que se le imputó a la empleadora, señalando que el órgano de grado no apreció debidamente las declaraciones testimoniales ni la absolución en rebeldía de la accionada, como tampoco la prueba documental y pericial médica.
III.1. Liminarmente, corresponde recordar que esta Corte ha dicho que la apreciación de las circunstancias fácticas -en el caso, referidas a la fecha de ingreso de la trabajadora- y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria salvo la cabal demostración de absurdo (causas L 108.100, "Gonzalez", sent. de 13-XI-2012; L. 113.329, "Auzoategui", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.884, "Contín", sent. de 3-XII-2014 y L. 118.397, "Massigoge", resol. de 11-II-2015).
Ello exige la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 115.148, "Fazzari", resol. de 26-X-2011 y L. 117.502, "Bayo", resol. de 30-IV-2014).
Cabe resaltar que el tribunal consideró insuficiente tanto el juramento prestado en los términos del art. 39 de la ley 11.653 como también la confesión ficta de la demanda a tenor del pliego de posiciones obrante en la causa, en razón de que la actora no proporcionó una fecha cierta de ingreso, por lo que juzgó que debía estarse a la consignada en los recibos de haberes, pues -a su criterio- era la única concreta.
En este marco, se advierte que la impugnante no logra descalificar la esencial motivación del fallo por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar la prueba aportada al proceso, pero sin que ello demuestre la transgresión o errónea aplicación del precepto actuado en el fallo, ni el absurdo atribuido, soslayando que tal vicio sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia; pues no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 96.707, "De Cenarriaga", sent. de 26-VIII-2009 y L. 117.502, "Bayo", cit.).
En nada mejora la suerte adversa del recurso la implicancia que pretende extraer de las posiciones absueltas en rebeldía por la demandada, pues como también lo ha plasmado esta casación, los jueces del fuero laboral están facultados para tener por ciertos los hechos señalados en las posiciones en rebeldía, mas no están en modo alguno obligados a acceder -por la sola confesión ficta- automática o mecánicamente a las pretensiones deducidas (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013 y L. 117.840, "Antunez", resol. de 22-X-2014). Máxime, teniendo en cuenta inveterada doctrina de este Tribunal según la cual la confesión ficta debe apreciarse en su correlación con el resto de las probanzas, atendiendo a las circunstancias de la causa, pues de lo contrario se admitiría que prevalezca la ficción sobre la realidad y la decisión así adoptada podría alejarse de la verdad material, siendo potestad privativa de los jueces de grado ponderar sus efectos con amplio margen de discrecionalidad (causas L. 95.431, "Moldovian", sent. de 7-VII-2010; L. 118.748, "Carrizo", resol. de 2-IX-2015 y L. 120.595, "Vega", resol. de 15-XI-2017).
En cuanto a la denuncia de transgresión del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe señalar que no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 114.602, "Pereyra", resol. de 17-VIII-2011 y L. 119.639, "Pedros", resol. de 28-XII-2016).
III.2.a. Idéntico resultado adverso ha de correr el agravio dirigido a cuestionar el fallo en crisis en tanto consideró injustificado el distracto.
En el caso, el a quo -como se adelantó- evaluó los elementos probatorios aportados a la causa en orden a establecer las circunstancias en que se produjo la extinción del vínculo laboral y consideró que no se verificaron en autos los motivos invocados por la trabajadora.
En particular, referido al reclamo vinculado al mobbing o a la actitud discriminatoria de la demandada, motivada en la diferencia de trato, agresiones verbales, hostigamiento permanente y actos de humillación contra la trabajadora, juzgó que la prueba confesional, testimonial y pericial psicológica resultó insuficiente para demostrar la existencia de un acoso laboral por parte de la empleadora. Además puntualizó que si bien la accionante ofreció prueba instrumental -certificados médicos- para acreditar tales hechos, no lo es menos -señaló- que no se produjo prueba alguna a fin de demostrar su autenticidad (v. fs. 221 vta./222).
III.2.b. En ese sentido, dable es recordar, que evaluar las conductas de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (art. 242, LCT; causas L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012 y L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014).
En la especie, la interesada no cumple con la carga de acreditar tales extremos. Ello así, puesto que -nuevamente en este agravio- las alegaciones formuladas en el recurso no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de aquella tarea llevada a cabo por los magistrados, lo cual -como se adelantó- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 100.076, "Romero", sent. de 9-XII-2010 y L. 118.015, "Díaz", resol. de 6-VIII-2014).
III.2.c. Asimismo, cabe destacar que la valoración de la prueba testimonial rendida en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 112.693, "Perna", resol. de 11-V-2011; L. 114.741, "Corbalán", resol. de 2-XI-2011 y L. 115.688, "Berón", resol. de 27-VI-2012.
III.2.d. Por otro lado, cabe recordar que la declaración de rebeldía sólo crea -como efecto en el proceso- una presunción a favor de la verdad de los hechos que constan en la demanda, pero no tiene por sí sola el efecto de tornarla procedente (causas L. 91.501, "Alo", sent. de 28-V-2008 y L. 115.513, "Salinas", resol. de 30-XI-2011). En tal sentido, también ha sostenido que la incomparecencia de la demandada no exime a la parte actora de la obligación de acreditar sus afirmaciones ya que debe aportar a la causa los elementos necesarios de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo (causas L. 112.333, "Cuello", resol. de 6-IV-2011 y L. 115.513, cit.).
III.3. En otro orden, sabido es que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en donde rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. "d", ley 11.653; causas L. 119.344, "Villanueva", resol. de 22-XII-2015; L. 119.689, "Motorplat S.A.", resol. de 22-VI-2016 y L. 121.524, "Caporale", resol. de 11-IV-2018).
III.4. Por último, si bien la actora se agravia de una deficiente fundamentación de la sentencia sólo se limita a denunciarla sin indicar de qué modo consistiría la nombrada insuficiencia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia