Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122393
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
GODOY CARLOS OSCAR C/ KELLY Y MOYANO ENRIQUE ABEL Y OTRO/A S/ DESPIDO Y DAÑOS Y PERJUICIOS.
La Plata, 29 de mayo de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda promovida por Carlos Oscar Godoy y condenó a Federación Patronal Seguros a abonar el importe que indicó en concepto de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557 y a Idear Group S.A. por la diferencia hasta cubrir la reparación integral por enfermedad profesional que padece el actor. Asimismo, acogió la acción contra esta última accionada respecto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral. Por el contrario, desestimó los reclamos por las multas previstas en los arts. 8 de la ley 24.013 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la sanción por temeridad y malicia. Finalmente, hizo lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta por el codemandado Enrique Abel Kelly y Moyano, y rechazó la demanda incoada en su contra (v. fs. 542/565 vta.).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravio, consideró que el actor no logró probar haberse desempañado bajo relación de subordinación y dependencia de Enrique Abel Kelly y Moyano, tampoco trabajar ininterrumpidamente para Kely Casa S.A., Kelly y Kelly S.R.L: e Idear Group S.A., ni que estas empresas fueran creadas y controladas por la persona física accionada. Por otro lado, juzgó no demostrado que las codemandadas hubieran obrado con temeridad y malicia. Asimismo, desestimó las multas previstas en los arts. 8 de la ley 24.013 y 80 de la ley 20.744, al considerar que el caso de autos no se trató de una vinculación laboral no registrada, y porque el trabajador intimó la entrega de los certificados de trabajo sin respetar los términos del art. 3 del decreto 146/01. Finalmente, el juzgador tuvo por acreditado que el trabajador, como consecuencia de las tareas de esfuerzo que realizaba, padece cervicalgia crónica que lo incapacita en un 10,9% del índice de la total obrera.
II. Frente a dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 24-IX-2018), el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 646 y vta.
En su presentación, denuncia absurdo y la violación de las normas y doctrina legal que cita. En primer término, se agravia del rechazo de la solidaridad de la persona física codemandada, cuestionando la errónea valoración de la prueba, en particular la de testigos. Asimismo controvierte el no acogimiento de la sanción por temeridad y malicia, las multas de los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 8 de la ley 24.013. Por otra parte, cuestiona el porcentual de incapacidad otorgado. Finalmente, se alza contra los honorarios profesionales regulados a la representación letrada actoral, por considerarlos bajos.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Por razones de orden metodológico ha de abordarse en primer término el agravio referido a cuestionar la regulación de honorarios. Sobre el particular, se advierte nítida la ausencia de interés de la parte actora para cuestionar "por bajos" los estipendios fijados en favor de su letrado apoderado, lo que sella la suerte adversa de la crítica (causas L. 113.631, "Rial", resol. de 30-III-2011; L. 114.181, "González", resol. de 12-X-2011; L. 117.529, "Marino", resol. de 11-XII-2013 y L. 119.443, "Valenzuela", resol. de 16-III-2016).
III.2.a. Aclarado ello, y respecto del resto de los reproches que porta la impugnación, ha de señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el capital de condena cuya extensión solicita, con más las sumas correspondientes a los rubros reclamados en la demanda de cuyo rechazo se agravia- no supera el importe mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Además, y en relación al reproche dirigido a objetar la desestimación de la sanción por temeridad y malicia, el interesado omitió cumplir con la carga procesal que tiene de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la citada norma para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 114.386, "Van Oosterom", resol. de 26-X-2011; L. 118.042, "Martínez", resol. de 5-XI-2014 y L. 117.480, "Chaparro", sent. de 11-III-2015), al punto tal que ni siquiera estableció como estaría representado el mismo, ni cuantificó su importe, el cual, además, tampoco fue estimado en el escrito de inicio en cuanto a este rubro.
Por lo tanto, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2.b. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 122.129, "Portillo", resol. de 6-II-2019).
III.2.c. En ese contexto, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la única doctrina que se denuncia violada en el carril revisor (v. pág. 3 del escrito electrónico de fecha 24-IX-2018), remite al análisis de típicas cuestiones fácticas y probatorias vinculadas a la ponderación de las declaraciones testimoniales, asunto detraído de revisión en el acotado marco de excepción en tratamiento (causas L. 118.125, "González y Gómez", resol. de 17-XII-2014 y L. 119.441, "Acevedo", resol. de 16-III-2016).
Para más, es dable recordar que no constituye doctrina legal, a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 118.026, "González", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015 y L. 121.927, "De Esteban", resol. de 20-II-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia