Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121761
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en los puntos III.1. y III.2., del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, renovando los actos procesales que estime pertinentes y atendiendo a la postura asumida por las partes, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.761, "Tedone, Aluminé contra Iglesias Rolando Favio y otros. Despido por embarazo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, de Lázzari, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 730/748 vta.).
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 752/775).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal interviniente admitió la acción instaurada por Aluminé Tedone y condenó a Mirta Alejandra Hontiveros al pago de la suma que estableció en concepto de sueldo anual complementario (2011, 2012 y proporcional segundo semestre de 2013), vacaciones (2011, 2012 y proporcionales año 2013), salarios adeudados (noviembre de 2013 y días trabajados en diciembre del mismo año), indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo y 2 de la ley 25.323. En cambio, desestimó la pretensión de cobro de las multas previstas en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013, 80 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, rechazó la demanda promovida contra los señores Rolando Favio Iglesias y Silvia Graciela Hontiveros (v. fs. 730/748 vta.).
Con apoyo en las declaraciones testimoniales (a excepción de la prestada por la testigo Vega que fue descalificada), la documentación agregada a la causa, la prueba pericial (contable y caligráfica) y el juramento prestado por la actora en los términos del art. 39 de la ley 11.653, el tribunal tuvo por acreditado que la señora Aluminé Tedone trabajó en relación de dependencia en la empresa de catering perteneciente a la codemandada Mirta Alejandra Hontiveros, cumpliendo tareas como jefa de cocina en eventos mayoritariamente realizados en el salón "Royal Night" -sito en la calle Avenida del Trabajo n° 1.888 de Florencio Varela-, desde el día 26 de diciembre del 2008 hasta que se consideró despedida (el día 19 de diciembre de 2013) y, a su vez, que la aludida codemandada le realizó los aportes previsionales correspondientes al período diciembre 2008 a junio 2014 (v. vered., fs. 730 vta./741).
Sin embargo, consideró que no logró evidenciar la antigüedad denunciada (27 de febrero de 2004), pues la testigo Véndola declaró que en el año 2003 contrató a la accionante para un evento en el salón "Royal Night", debido a que el catering ofrecido por el local no le convenía y que posteriormente el señor Iglesias le pidió el teléfono de la señora Tedone porque le había gustado su servicio, más no se probó por ningún medio que ésta hubiera laborado para Mirta Alejandra Hontiveros (ni para los otros codemandados) durante el período febrero 2004 a diciembre de 2008.
Agregó que la aludida declarante (Véndola) ofrecida por la actora, manifestó que en el año 2008 un familiar suyo contrató un catering directamente a la señora Tedone para un servicio en el referido salón. Y que el único testigo que la ubicó laborando en el año 2007 (señor Giordano) resultó poco convincente, en cuanto luego de negar tener parentesco con las partes, ante la insistencia del letrado de la demandada, admitió ser familiar (primo) del esposo de la accionante (v. vered., fs. 734 vta. y 735).
Luego, señaló que tampoco resultó demostrada la jornada laboral alegada por la reclamante y que respecto al salario tendría por corroborado el denunciado en demanda ($11.000) habida cuenta que ante la falta de exhibición de los libros laborales por parte de la empleadora (aunque realizó los aportes previsionales por el lapso diciembre 2008 a junio 2014), debía aplicarse la presunción contenida en el art. 39 de la ley 11.653 (v. vered., fs. 735).
En otro orden, juzgó que no demostró la señora Tedone que hubiera laborado para los codemandados Rolando Favio Iglesias (titular del mencionado salón "Royal Night" y de otro en Wilde) y su esposa, la señora Silvia Graciela Hontiveros. Tuvo sí por probado que en el salón de fiestas no había un servicio de catering exclusivo, sino que varias empresas podían realizarlo, de acuerdo a la elección que realizara el cliente del evento (v. vered., fs. 734 vta. y 735).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurda valoración de la prueba y errónea aplicación de los arts. 14, 17, 18, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 11, 15, 27, 31 y 171 de la Constitución provincial; 5, 9, 11, 14, 21, 22, 23, 26, 29, 52, 53, 55, 57, 62, 63, 74, 80, 231, 232, 242, 243, 246 de la Ley de Contrato de Trabajo; 7, 8, 9, 10, 15 de la ley 24.013 y 39 de la ley 11.653 (v. fs. 752/775).
II.1. Impugna el rechazo de la acción instaurada contra los coaccionados Rolando Favio Iglesias y Silvia Graciela Hontiveros.
Aduce que lo decidido es fruto de un análisis parcial, erróneo, arbitrario y absurdo de la prueba producida en la causa.
En tal sentido, afirma que, para dilucidar la vinculación con los codemandados, el tribunal interviniente ponderó tres informes: dos suministrados por los municipios de Florencio Varela y Avellaneda, referidos a la habilitación en cada una de las comunas de un salón de fiestas a nombre del señor Rolando Favio Iglesias. El restante, proveniente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el que se informa la integración de aportes a la reclamante por parte de la señora Mirta Alejandra Hontiveros, desde el día 26 de diciembre de 2008 hasta el día 2 de junio de 2014, cuando se le da de baja.
Alega que el juzgador valoró erróneamente lo informado en la pericia contable, toda vez que no tuvo en cuenta que la contadora rectificó su primer informe (a instancias de la impugnación efectuada por su parte) ante la falta de rúbrica de la documentación que le fue presentada por el señor Iglesias, así como también aclaró que éste tuvo un empleado a su cargo desde el año 2006 y que -por motivos personales- se dio de baja como empleador durante un tiempo hasta que volvió a inscribirse en 2009. Postula que -contrariamente a lo establecido en el veredicto- se corrobora en autos que los libros presentados por el codemandado no cumplen las condiciones exigidas legalmente.
En cuanto a su cónyuge (Silvia Graciela Hontiveros), la recurrente afirma que no se ponderó en el fallo que no presentó libros laborales, sino únicamente un comprobante de la AFIP que da cuenta que no registra impuestos activos.
Objeta también la valoración efectuada de la pericia caligráfica. Sostiene que las constancias de pago examinadas por el perito, pertenecientes a la señora Silvia Graciela Hontiveros, denotan los días en que los que la reclamante prestó servicios para ambos codemandados.
Discrepa acerca de la apreciación de los testimonios recibidos en la audiencia de vista de la causa. Ratifica que en autos medió la interposición fraudulenta de una persona insolvente para evitar reclamos de los trabajadores y que debió admitirse la solidaridad pretendida al amparo del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo
Manifiesta que a partir de las declaraciones testimoniales y las pericias caligráfica y contable se corrobora la maniobra llevada a cabo por los codemandados. Sostiene que resulta llamativo que se considere a la señora Mirta Alejandra Hontiveros titular de un "servicio/empresa de catering" sin soporte probatorio (v.gr. habilitación de un local), salvo los dichos de un testigo de la demandada.
Alega que ninguno de los demandados contaba con la documentación laboral y comercial, y de tal modo se torna operativa en el caso la inversión de la carga probatoria prevista en los arts. 39 de la ley 11.653 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Remarca que ningún testigo adujo que la señora Tedone prestara servicios en otro salón que no fuera el local "Royal Night" y que tales dichos no fueron ponderados por los jueces en el veredicto. Refiere que el hecho de que los clientes pudieran contratar otro servicio de catering no estaba controvertido en la causa ni resultaba dirimente para elucidar la connivencia fraudulenta de los accionados, ello, al margen de que su propio testigo reconoció la posibilidad de contratarlo allí o en otro sitio.
Concluye que la señora Mirta Alejandra Hontiveros (hermana de la administradora del salón), reconoció ser titular del servicio de catering, sin acompañar constancia alguna que respalde esa afirmación, ni recibo firmado por la actora por el trabajo cumplido. No existe prueba que acredite su alta como empleadora y/o el emprendimiento o empresa que dice poseer.
La ausencia de respaldo documental, la falta de indicación acerca del lugar donde la actora prestaba sus servicios, la coincidencia en torno a que todas las prestaciones se cumplían en el mismo salón y al modo en que eran retribuidas, denotan -a su entender- la existencia del fraude denunciado. Invoca en su apoyo la presunción que dimana del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.2. En otro orden, cuestiona la desestimación parcial del reclamo efectuado a la codemandada Mirta Alejandra Hontiveros.
Impugna -en concreto- que no se tuviera por demostrada la antigüedad denunciada por su parte.
Alega que el sentenciante tergiversó la declaración testimonial brindada por la señora Véndola.
Objeta que el tribunal de origen hubiera tenido por reconocida la remuneración denunciada por la actora por ausencia de libros, y no hiciera lo propio con relación a la fecha de ingreso, pese al juramento prestado en los términos del art. 39 de la ley 11.653.
II.3. Finalmente, y con esencial sustento en lo argumentado en el agravio que precede, peticiona el reconocimiento de las penalidades solicitadas al amparo de la ley 24.013.
III. El recurso prospera.
III.1. Por razones de método, habré de invertir el orden de los agravios traídos y, en consecuencia, abordaré en primer lugar el embate dirigido a objetar -por conducto de la denuncia de violación de los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653- la fecha de ingreso de la trabajadora. Adelanto que le asiste razón a la recurrente.
Como quedó expuesto en el relato de antecedentes -y surge del pronunciamiento- el tribunal de origen consideró que el contrato de trabajo habido entre las partes estaba "debidamente registrado". Sin embargo, juzgó que no acreditó la actora la antigüedad alegada. En cambio, dada la falta de exhibición de la documentación laboral pertinente, admitió como cierto el salario denunciado en su demanda.
Surge evidente el error de la sentencia. Ante la declaración jurada prestada por la demandante en lo relativo a la fecha en que ingresó a trabajar a las órdenes de Mirta Alejandra Hontiveros -dato que debía estar asentado en la documentación laboral respectiva y que conforme se advierte no pudo ser cotejado en autos-, el juzgador adjudicó equivocadamente a la accionante la carga de la prueba de aquella afirmación.
El desvío, queda patentizado no bien se repara que la conclusión del judicante en este aspecto no se deriva de la apreciación de prueba alguna con virtualidad para desactivar la presunción legal examinada, como sí hubo de verificarse en otros precedentes resueltos por este Tribunal (causas L. 111.151, "Salomón", sent. de 30-X-2013; L. 108.255, "Paz", sent. de 27-V-2015; L. 118.760, "Tateo", sent. de 13-VI-2018; e.o.), se hace pie, en cambio, en la supuesta defección de la parte actora que, en rigor, procesalmente no estaba obligada a acreditar sus dichos.
En definitiva, se impone admitir la fecha de ingreso (inicio de la relación de trabajo) consignada por la promotora del juicio en la demanda, toda vez que adquiere plena virtualidad la presunción iuris tantum a favor de las afirmaciones de la empleada sobre los hechos que debieron consignarse en la documentación laboral a que se refiere el art. 52 de la ley sustantiva (art. 55, LCT), por razón de la eficacia de la declaración jurada prestada en los términos del art. 39 -primera parte- de la ley 11.653, al no registrarse prueba alguna en contrario (causa L. 120.701, "Sánchez", sent. de 14-VIII-2019).
Por lo tanto, debe hacerse lugar al recurso en el señalado aspecto. Ello implica, a su vez, que los datos consignados en el certificado de trabajo (art. 80, LCT), a cuya entrega se intimó al empleador, deberán adecuarse a lo que se resuelve en este punto.
Asimismo, en atención a que el aspecto rescindido ha constituido el fundamento para desestimar los reclamos fundados en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013, la causa deberá volver al tribunal de origen para que, con debida integración, se expida sobre los tópicos señalados.
III.2. Corresponde abordar el cuestionamiento relativo al rol que la actora atribuyó a los codemandados Silvia Graciela Hontiveros y Rolando Favio Iglesias.
Al examinar la cuestión planteada el tribunal de origen señaló que tras relatar las circunstancias acerca de su desempeño para los demandados, la actora explicó que luego de haberles solicitado que la registren debidamente, comenzaron a entregarle recibos en el año 2008 con una categoría y salario menor, interponiendo a un tercero -Mirta Alejandra Hontiveros, hermana de Silvia Graciela Hontiveros- como empleador (v. vered., fs. 730 vta.).
En ese marco, teniendo en cuenta los términos de los respondes (la admisión del vínculo por Mirta Alejandra Hontiveros y su negativa por los otros codemandados) y con especial apoyo en la prueba testimonial (a excepción del testimonio de Silvana Vega, que consideró parcial y poco convincente) tuvo por acreditado que la señora Tedone trabajó en relación de dependencia para Mirta Alejandra Hontiveros en su empresa de catering (v. vered., fs. 730 vta./735)
Empero consideró que la actora no había logrado demostrar que hubiese laborado para Rolando Favio Iglesias (propietario del salón "Royal Night" de Florencio Varela y de otro en Wilde) ni tampoco para Silvia Graciela Hontiveros (esposa de Iglesias). Tuvo sí por probado que en dicho local no había un servicio exclusivo de catering, sino que varias empresas podían trabajar en el referido salón, según la elección que realizara el cliente del evento (v. vered., fs. 734 vta. y 735).
En mi opinión, asiste razón a la recurrente cuando sostiene que esta conclusión es fruto de un análisis parcializado de la prueba.
En efecto, el desarrollo efectuado en el pronunciamiento da cuenta que el déficit probatorio endilgado a la trabajadora respecto de los extremos en los que sustentara su reclamo no responde a una evaluación integral de los elementos de juicio relevados en autos.
Ello pues, el hecho de que los clientes del salón de propiedad del señor Iglesias pudieran contratar a su elección el proveedor del servicio de catering no conduce, por sí, a descartar, como asumió el tribunal de origen, la tesis expuesta por la actora en su demanda.
Como afirma la interesada, y sin perjuicio de que se hubiera demostrado la integración de aportes por quien admitió ser empleadora, resulta relevante en la especie la ausencia de respaldo documental de quien asumiera aquella condición. Tampoco media explicación en el caso -ni se observa indagación alguna al respecto- sobre los sitios donde la señora Mirta Alejandra Hontiveros desarrollaba su actividad dedicada a la elaboración del servicio de catering, con la colaboración de la aquí reclamante.
Asimismo, resulta trascendente en el caso -como es señalado en el escrito de impugnación- la coincidencia en torno a que todas las prestaciones se cumplían en el mismo salón, y el evidente laconismo con que se descartó la documentación peritada por el calígrafo que da cuenta de la existencia de notas de pagos a la reclamante efectuadas de puño y letra por la señora Silvia Graciela Hontiveros (también plasmadas en el recurso).
Dichas circunstancias, denotan la fragilidad del pronunciamiento en cuanto desechó sin más -y con exclusivo soporte en algunos de los testimonios- la existencia de un obrar fraudulento por parte de los codemandados a través de la invocada interposición de un familiar (hermana) de la administradora del salón de eventos y esposa de su titular.
En consecuencia, corresponde también revocar este aspecto de la decisión y devolver la causa al tribunal de origen para que, con distinta integración, renueve los actos que estime pertinentes y resuelva el extremo en disputa, atendiendo las posturas de las partes y las circunstancias objetivas de la causa.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en los puntos III.1. y III.2., debiendo volver la causa al tribunal de grado a fin de que, integrado con nuevos jueces, renovando los actos procesales que estime pertinentes y atendiendo a la postura asumida por las partes, dicte el pronunciamiento que corresponda de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Por los mismos fundamentos que respaldan el voto de la doctora Kogan, y con su mismo alcance, doy el mío también por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en los puntos III.1. y III.2., del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, renovando los actos procesales que estime pertinentes y atendiendo a la postura asumida por las partes, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/02/2021 13:44:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/02/2021 18:52:55 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 10:20:22 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 12:54:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 14:32:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia