Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127871
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo de Trenque Lauquen, en lo que interesa, rechazó la demanda intentada por Laura María Alejandra Martínez contra María Fernanda Olivier en concepto de las indemnizaciones derivadas del distracto y otros rubros laborales (v. pronunciamiento de fecha 2-VII-2021).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, denegó el reclamo al considerar que la accionante no probó la categoría laboral denunciada, ni que la empleadora le adeudara las sumas reclamadas en autos.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 233/241 vta.), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 10-VIII-2021).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera violadas. Alega absurdo en la valoración de la prueba.
En primer lugar, cuestiona la decisión adoptada por el juzgador en torno a la categoría laboral de la trabajadora.
Luego, reprocha la solución por la cual, con sustento en la pericia caligráfica, otorgó valor probatorio de pago a los recibos agregados por la parte accionada. En tal sentido, aduce que debió aplicarse la presunción del artículo 39 de la ley 11.653.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1.a. Liminarmente, corresponde destacar que la apreciación de las circunstancias fácticas -en el caso, las referidas a las tareas desempeñadas por la trabajadora y la categoría laboral, así como la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso- constituyen facultades propias de los jueces que integran los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 120.681, "Olivera", resol. de 15-XI-2017; L. 122.858, "Pedraza", resol. de 30-X-2019; L. 125.325, "Batesteza", resol. de 16-III-2021 y L. 127.012, "Gorjón", resol. de 22-IX-2021).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.1.b. En el caso, la compareciente agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores por el propio, exponiendo un particular y personal punto de vista en orden a la apreciación de los hechos y las pruebas, sistema que -repetidamente- se ha considerado impropio para descalificar la decisión de grado (causas L. 121.217, "Loncon", resol. de 10-IV-2019 y L. 126.954, "Aquino", resol. de 23-VIII-2021).
En efecto, la impugnación sólo exhibe como sustento la opinión divergente de la recurrente respecto de la entidad probatoria que el sentenciante -en ejercicio de sus facultades privativas- atribuyó a los elementos de juicio incorporados a la causa, los que hubieran permitido -a criterio de la quejosa- corroborar las circunstancias fácticas expuestas en el escrito de demanda. Una formulación de ese tenor no resulta idónea para evidenciar el vicio de absurdo denunciado, pues sólo trasunta la intención de disputarle al juzgador de origen las potestades exclusivas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 125.672, "Insfran", resol. de 22-II-2021 y L. 127.100, "Cuturello", resol. de 13-X-2021).
III.1.c. En este aspecto, cabe recordar, que en lo que atañe a la evaluación de la prueba oral, la misma queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.148, "Gnecco", resol. de 27-V-2020; L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020 y L. 122.704, "Ríos", resol. de 6-XI-2020), que -como se dijo- la interesada no logra demostrar.
Recuérdese, además, que los jueces de trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que proponen las partes a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el pronunciamiento. Ello así, pues al prevalecer la apreciación en conciencia de las pruebas aportadas, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia extraordinaria (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019 y L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020).
III.1.d. También, conviene señalar que la valoración de la prueba pericial constituye el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria salvo demostración de dicha anomalía sentencial (causas L. 123.939, "Goitizolo", resol. de 29-VII-2020 y L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020), no evidenciado -tampoco- sobre el tópico.
III.2. Asimismo, no le asiste razón a la impugnante cuando acusa vulnerados los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39, primera parte, de la ley 11.653, toda vez que las presunciones iuris tantum y la inversión del onus probandi establecidos en dichas normas ceden frente a los datos que resultan de las constancias de la causa, quedando de tal modo desvirtuada su operatividad (causas L. 117.994, "Colasso", resol. de 27-VIII-2014 y L. 120.967, "Rivelli", resol. de 27-XII-2017).
III.3. Por lo demás, tampoco luce útil la denuncia de violación de garantías constitucionales que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado -primeramente- preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 125.021, "Fernández", resol. de 22-X-2020 y L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia