Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 116732
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.732, "Sandoval, Ivana Fernanda contra Obra Social del Personal de la Construcción. Despido por embarazo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 14-IX-2020).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-X-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de origen desestimó la acción deducida por Ivana Fernanda Sandoval contra la Obra Social del Personal de la Construcción en cuanto pretendía el cobro de la indemnización prevista en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, atento la remisión efectuada por el art. 178 de ese cuerpo normativo.
Para así resolver, juzgó que la trabajadora no anotició su estado de embarazo a la empleadora con anterioridad a que se consumara el despido dispuesto por esta última.
En oportunidad de fallar sobre los hechos, el órgano de grado tuvo por verificado que la accionada preavisó la ruptura del contrato sin expresión de causa a partir del 3 de marzo de 2015, mediante misiva epistolar con fecha de imposición del 20 de febrero de 2015, que fue notificada a la trabajadora el día 29 del mismo mes y año (v. vered., pág. 2).
Luego, declaró probado que a través del telegrama fechado el 2 de marzo de 2015, la señora Sandoval comunicó a la demandada su estado de embarazo, puso certificado médico a disposición, solicitó la conservación del empleo y la revocación de la cesantía. Con relación a la mencionada epístola, juzgó que resultaron contestes las partes en que fue recepcionada por la accionada el 3 de marzo de 2015.
A partir de todo lo expuesto, concluyó el sentenciante de mérito que el vínculo laboral finalizó en la última fecha indicada con motivo del despido incausado dispuesto por la patronal, mientras la trabajadora se encontraba en período de prueba, de lo que había sido preavisada.
Estimó demostrado que la empleadora fue notificada del estado de gravidez el mismo día que se produjo la ruptura del vínculo laboral, es decir, que la operaria no efectivizó con anterioridad a que el distracto se consumara la notificación exigida por la norma aplicable.
Ya en la etapa de sentencia, reiteró que se encontraba verificado que la demandada preavisó la decisión rescisoria a partir del 3 de marzo de 2015, fecha en que se produjo la extinción del vínculo. A continuación, indicó que la trabajadora intimó a la empleadora a fin de que dejara sin efecto el distracto, atento su estado de embarazo, bajo apercibimiento de reclamar el agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, circunstancia que se anotició a la empleadora el día en que operó el distracto.
Expuso que la estabilidad en el empleo de la trabajadora embarazada cubre el período de la gestación, aunque el derecho recién es adquirido a partir del momento en que se practica la notificación a la empleadora, prevista en el párrafo segundo del art. 177 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir -según sostuvo- antes de dicha comunicación no resulta operativa tal protección.
Entendió, asimismo, que la presunción que nace del art. 178 de la ley citada no pudo aplicarse, ya que la accionante debió cumplir con la obligación de notificar el estado de gravidez.
En este contexto, declaró que en las presentes actuaciones no había elementos o hechos que permitieran concluir que la demandante notificara o simplemente hiciese saber al principal que se encontraba embarazada con anterioridad a que se consumara el despido, por lo que desestimó la indemnización prevista en el art. 182 de la mencionada ley de fondo.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 17, 18, 19, 28, 31 y 33 de la Constitución nacional; 10, 15, 31, 39, 57, 168 y 171 de la Constitución provincial. Asimismo, invoca infracción de la doctrina legal que identifica.
II.1. Se agravia de la desestimación de la aplicación de la indemnización agravada contemplada en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Postula que el tribunal de grado entendió que la comunicación del embarazo debió cursarse antes de que la accionada decidiera preavisar para que se tornara efectiva la estabilidad en el empleo, lo cual -expresa- implica tanto como concluir que el preaviso "...actuaría como una protección de indemnidad a favor del empleador..." (v. rec., págs. 4 y 5).
Denuncia violada la doctrina legal de esta Suprema Corte que emerge de las causas L. 35.871, "Gigena", sentencia de 9-IX-1986; L. 52.018, "Villavicencio", sentencia de 5-X-1993 y L. 55.202, "Yorno", sentencia de 20-IX-1994.
Sostiene que, contrariamente a lo que se establece en los señalados precedentes, el tribunal de grado entendió que el despido ya estaba configurado para una fecha cierta, y que el conocimiento del estado de embarazo debió -entonces- ser anterior al momento en que la demandada comunicó el preaviso (v. rec., pág. 5).
II.2. Por otra parte, objeta el fallo de grado porque, al fundar la decisión que ataca, el juzgador citó el antecedente registrado como L. 59.146, "Palacios", sentencia de 1-X-1996.
Puntualiza que este último no es análogo al debate dado en la presente causa, puesto que se refiere a despidos cursados sin preaviso, siendo evidente -añade- que en los casos en que no se ha otorgado preaviso, para que proceda la indemnización por embarazo se debe notificar al empleador dicho estado antes de que la comunicación del despido dispuesto por éste llegue a su esfera de conocimiento. En suma, aduce que el tribunal de mérito aplicó erróneamente dicho precedente (v. rec., pág. 5).
II.3. Invoca, en respaldo de su postura, el criterio que emana de la causa L. 84.225, "Eliseche", sentencia de 10-III-2010, en el que -dice- se estableció que el preaviso, además de ser una comunicación que pretende preservar a la contraparte de los efectos de la ruptura intempestiva, significa que esa extinción se encuentra en curso, a la espera de completar un plazo para perfeccionarse.
Por ello, argumenta que, al encontrarse suspendido el efecto disolutivo durante el tiempo del preaviso, en la mencionada causa se resolvió que informada la empleadora de que la operaria preavisada se encontraba en estado de gravidez, no le quedaba otra alternativa que respetar su estabilidad, y si persistía en su decisión de despedirla sin causa, habría de sobrevenir inexorablemente la presunción del art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.4. Por último, refiere transgredida la doctrina legal sentada en la causa C.122.179, "Del Negro", sentencia de 21-XI-2018.
En este orden, expresa que en el caso aludido se estableció el modo de computar los intervalos en el derecho. Así, indica que el art. 24 del antiguo Código Civil (vigente a la época del intercambio telegráfico) indicaba que el día es el intervalo entero que corre de medianoche a medianoche, y que los plazos de días no se computan de momento a momento, ni por horas, sino desde la medianoche en que termina el día de su fecha.
Luego, manifiesta que aun considerando que la relación laboral finalizó el día 3 de marzo de 2015, la extinción habría sucedido a las doce de la noche. En consecuencia, enfatiza que la comunicación cursada por la actora se realizó cuando el plazo no estaba todavía vencido (v. rec., pág. 6).
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe destacar que, toda vez que el valor del litigio -representado por el reclamo amparado en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo de cuyo rechazo se agravia la recurrente- no supera el monto mínimo para recurrir contemplado en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), el medio de impugnación bajo análisis ha sido concedido por el tribunal de grado en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo parte final de la ley 11.653 (v. pronunciamiento de fecha 3-XI-2020), sin que tal resolución mereciera objeciones.
Siendo así, la función revisora de esta Suprema Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.644, "Goicoechea", sent. de 9-II-2021; L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; e.o.).
III.2.a. En ese contexto, es dable advertir que no se configura el mentado supuesto de excepción porque -anticipo- la doctrina legal que emerge de las causas que trae el recurrente en apoyo de su pretensión han sido elaboradas sobre la base de disímiles presupuestos fácticos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, su invocación resulta ineficaz para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el conducto excepcional antes citado (causas L. 121.608, "Suárez", resol. de 10-IV-2019; L. 123.329, "Marchisio", resol. de 19-II-2020 y L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020).
III.2.b. En primer lugar, observo que en los casos individualizados en la página 5 de la pieza recursiva -esto es, L. 35.871, "Gigena", sentencia de 9-IX-1986; L. 52.018, "Villavicencio", sentencia de 5-X-1993 y L. 55.202, "Yorno", sentencia de 20-IX-1994- la Suprema Corte estableció que el preaviso implica comunicar con anticipación la voluntad del empleador de disolver el contrato de trabajo en una fecha próxima posterior, pero en ningún supuesto puede equipararse con los efectos del despido propiamente dicho, ya que durante su periodo el contrato de trabajo continúa vigente y subsisten las obligaciones legales emergentes del mismo.
Aun cuando en ninguna de las causas aludidas se halló en debate la situación que, como en la especie, gira en torno a la eficacia de la comunicación del estado de gravidez de la mujer trabajadora, de todos modos esos lineamientos no pueden proyectarse al caso examinado, ya que aquí el tribunal de grado -independientemente de su acierto o error- no juzgó que la notificación del embarazo se hubiera realizado durante la vigencia del preaviso, sino, por el contrario, cuando el contrato de trabajo ya se había extinguido.
III.2.c.i. Tampoco es útil para revertir la decisión de la instancia de origen la doctrina legal sentada en el fallo L. 84.225, "Eliseche", sentencia de 10-III-2010.
Al respecto -y más allá de la opinión que allí expuse- la mayoría de este Tribunal estableció, en lo que aquí reviste interés, que no puede juzgarse configurado el presupuesto fáctico del art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo si el preaviso de la extinción del contrato fue notificado no solo con anticipación a que la mujer trabajadora diera a conocer su situación de embarazo sino, incluso, fuera del marco que dicha norma establece a los fines de delimitar el ámbito temporal de actuación de la presunción legal. Y, en ese contexto, desestimó la pretensión de la actora de que se aplicara la penalidad establecida en dicho precepto.
III.2.c.ii. Algo similar acontece en lo que concierne a la causa L. 59.146, "Palacios", sentencia de 1-X-1996, también referenciada por la impugnante.
Adviértase, en este sentido, que en el citado precedente L. 59.146, esta Suprema Corte confirmó la definición fáctica del sentenciante de origen según la cual la notificación del estado de gravidez no se había efectuado con anterioridad a la comunicación del despido, y se dijo que, por ello, correspondía desestimar la aplicación del agravamiento indemnizatorio fijado en el art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.2.d. No mejora la suerte de la réplica la mención del antecedente C. 122.179, "Del Negro" (sent. de 21-XI-2018), en tanto lo allí resuelto difiere ostensiblemente de las circunstancias del caso bajo examen.
En este sentido, basta con señalar que, en la referida, este Tribunal se circunscribió a analizar el modo en que debía computarse el plazo de caducidad de la instancia, y -en particular- si a esos fines debían excluirse -o no- los días feriados y aquellos en los cuales se había dispuesto asueto o la suspensión de los términos procesales.
III.3. A tenor de lo expuesto, se colige -conforme lo anticipado- que los precedentes traídos difieren sustancialmente de lo ventilado y decidido en las presentes actuaciones, circunstancia que determina -sin más- el fracaso del intento revisor, desde que no se ha conseguido acreditar la violación de la doctrina legal invocada.
IV. Por todo lo dicho, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
A excepción de lo expuesto en el segundo párrafo del apartado III.2.c.i. en cuanto la ponente alude a la opinión personal que brindó en el precedente allí referido, adhiero al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan, en tanto el recurrente no evidencia la violación de la doctrina legal que denuncia.
Con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan y a su propuesta de desestimar el recurso extraordinario traído por conducto de la invocación de precedentes que, como señala en su exposición, no resultan aptos para desvirtuar la decisión que causa agravio.
Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/04/2023 09:58:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:11:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:38:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/04/2023 10:04:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/04/2023 11:04:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 17/04/2023 11:39:49 hs. bajo el número RS-40-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia