Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 116928
En la ciudad de La Plata, a 5 de junio de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 116.928, "Acuña, Carlos Damián contra Marzullo, Carlos Oscar y otro. Despido, etc.".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 141/168).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 233/263).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la acción entablada por el señor Carlos Damián Acuña contra Motostart S.R.L. y el señor Carlos Oscar Marzullo, en cuanto pretendía el cobro de salarios correspondientes al mes de octubre de 2006, diferencias de haberes por los períodos que especificó y la entrega de los certificados establecidos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En cambio, la desestimó respecto de las reclamadas indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, las estatuidas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323; 16 de la ley 25.561; las sanciones pretendidas con base en los arts. 8, 9, 10 y 15 de la ley 24.013 y la establecida en el citado art. 80.
Por otra parte, aplicó al actor la sanción por temeridad y malicia por entender que su conducta encuadraba en las prescripciones del art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 141/168).
En lo que resulta de interés, contrariamente a lo postulado en el escrito de inicio de estas actuaciones, en el que el actor había invocado la existencia de una única relación de trabajo que lo unía a ambos demandados, el a quo juzgó acreditada la concurrencia de dos contratos laborales, diferenciados y autónomos entre sí, entreéstos y el accionante.
Con respecto al primero, tuvo por probado que el demandante trabajó para Motostart S.R.L. -habiendo sido contratado por el codemandado Marzullo en su condición de socio gerente- como mecánico de motocicletas y ciclomotores, revistando como auxiliar "B" del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, cumpliendo la jornada legal; vínculo que comenzó el día 31 de enero de 1999 y se extinguió el 14 de marzo de 2002 con motivo de la renuncia del trabajador.
Luego, con apoyo en la absolución de posiciones del actor, juzgó que, concluida aquella relación, Acuña trabajó en su propio taller de motos en el período comprendido entre los meses de marzo de 2002 y noviembre de 2003.
A la vez, determinó, tras evaluar integralmente los elementos de prueba obrantes en la causa, que el 1 de noviembre de 2003, el accionante comenzó a trabajar a las órdenes de Marzullo -en el comercio dedicado a la venta de motocicletas que éste explotaba a título personal- como vendedor "B" del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, además de tener a su cargo tareas de mecánico (auxiliar B), con una jornada de cuarenta y cuatro horas semanales; relación ésta que fuera disuelta por decisión del actor el día 14 de diciembre de 2006.
En lo concerniente a la extinción del vínculo, evaluó que surgía del intercambio postal habido entre las partes que Acuña había intimado a la patronal para que le abonara diferencias salariales adeudadas y registrara la relación en base a la fecha de ingreso (1 de marzo de 1998), categoría laboral (vendedor "D", CCT 130/75) y remuneraciones que denunció, bajo apercibimiento de considerarse injuriado y despedido por su culpa.
Indicó que, ante ese requerimiento, el demandado había contestado la interpelación reconociendo el vínculo, pero discrepando en cuanto a la fecha de ingreso, categoría y existencia de diferencias de haberes adeudadas, sin perjuicio de lo cual le comunicó que procedería a regularizar la relación dentro del plazo legal de acuerdo a las pautas que -al cabo- resultaron acreditadas en autos.
Destacó que posteriormente con fecha 14 de diciembre de 2006 Acuña se consideró despedido por exclusiva culpa del empleador.
Evaluó, conforme estos antecedentes, que frente a la intención y voluntad expresas del principal en orden al cumplimiento de las obligaciones legítimas exigidas, previo a disponer el distracto presumiendo una conducta renuente del empleador, el trabajador debió al menos, en principio, cerciorarse de ello y requerirle fehacientemente que cumpla, aclare y/o exhiba lo atinente a su registro laboral y al cumplimiento de los demás reclamos impetrados que su principal no hubiera desestimado en sus despachos postales previos, renovando el apercibimiento de rescisión contractual en caso contrario, prevención ésta que -expresó el a quo - inexplicablemente soslayó (v. fs. 159 y vta.).
Recordó que el sistema legal vigente tiende a privilegiar la subsistencia del contrato de trabajo, por lo que pesa sobre la parte que asume la iniciativa de ponerle fin, la carga de demostrar la existencia de una conducta inexcusablemente incompatible con la continuidad del vínculo, prueba que no debe dejar margen de duda y que en el caso traído a debate juzgó ausente (v. fs. 160).
En consecuencia, valorando, además, el comportamiento de la demandada que, ante el reclamo del dependiente, en ningún momento se mostró renuente a sus exigencias -salvo respecto de las ciertamente inviables- ni evidenció reticencia o intención injustificada de no cumplirlas, el juzgador consideró imprudente la conducta del trabajador de poner fin intempestivamente a la relación, demostrando un marcado desinterés en su continuidad. Por ello, concluyó que la ruptura -en esas condiciones- no se ajustó a derecho (arts. 10, 63 y 242, LCT).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 39 y 44 inc. "e" de la ley 11.653; 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 9, 10, 12, 15, 57, 63, 103, 121, 153, 156, 231, 233, 240, 242, 255 y 260 de la Ley de Contrato de Trabajo; 40 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75; 7 a 17 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323; 43 y 45 de la ley 25.345; decreto 146/01 y 14 y 17 de la Constitución nacional (v. fs. 233/263).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, controvierte, esencialmente, la decisión del a quo en cuanto juzgó acreditada la existencia de dos relaciones de trabajo diferenciadas con ambos codemandados. Despliega distintos argumentos con la intención de demostrar que se trató de una única vinculación que ligó al trabajador con Motostart S.R.L. en forma ininterrumpida desde el año 1998 hasta 2006.
II.2. Luego, cuestionando la valoración de los elementos probatorios obrantes en la causa, se agravia de la fecha de ingreso, categoría y extensión de la jornada de trabajo que el sentenciante tuvo por acreditadas y, en ese contexto, insiste en reclamar las diferencias salariales adeudadas.
II.3. En otro orden, objeta que el tribunal juzgara incumplida la carga que impone el art. 11 de la ley 24.013 y rechazara, en consecuencia, sus pretensiones indemnizatorias fundadas en el citado cuerpo normativo.
Asimismo, censura la definición en torno a la reclamada indemnización estatuida en el art. 2 de la ley 25.323 en cuanto el a quo destacó la ausencia de intimación a la patronal al pago de las indemnizaciones derivadas del despido en la comunicación rescisoria del 14 de diciembre de 2006 y con posterioridad a esa fecha. En ese sentido, sostiene que la interposición de la demanda constituye una intimación fehaciente para que el empleador abone las indemnizaciones adeudadas.
II.4. A continuación, censura el pronunciamiento de grado en cuanto estableció que la relación laboral con la codemandada Motostart S.R.L. se extinguió por renuncia del trabajador.
II.5. Asimismo, se agravia de la decisión en cuanto consideró injustificada la situación de despido en la que se colocó el actor.
Postula en ese sentido que -contrariamente a la conclusión del a quo - la actitud de la demandada constituyó una injuria de entidad suficiente para fundamentar su decisión de dar por extinguida la relación laboral y, en ese sentido, alega que el tribunal de grado no valoró integralmente las circunstancias que rodearon el distracto, específicamente, la conducta que reprocha al empleador.
II.6. Finalmente, solicita, en el contexto de lo expuesto, que se apliquen a la contraria las sanciones establecidas en los arts. 45 del Código Procesal Civil y Comercial y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo en razón de la conducta temeraria y maliciosa que atribuye a la demandada.
III. El recurso no prospera.
III.1. El agravio vinculado a la alegada existencia de una única relación laboral entablada entre el accionante y los demandados no puede ser acogido.
Como se señaló, tras evaluar los escritos constitutivos del proceso y la prueba producida, el a quo concluyó que el actor estuvo relacionado con ambos demandados (Motostart S.R.L. y Carlos Oscar Marzullo) a partir de dos contratos de trabajo independientes uno del otro (v. vered., fs. 143 vta. y 144 y sent., fs. 157).
Frente a esta definición, el impugnante insiste en señalar que mantuvo una única relación laboral con Motostart S.R.L., de la cual el codemandado Marzullo era socio gerente.
En ese cometido, apartándose incluso de las manifestaciones que surgen de la propia demanda, en la cual se limitó a indicar que ambos accionados eran empleadores del actor, el interesado alega que siempre laboró -en los términos esgrimidos por éste- para "el mismo comercio" en forma ininterrumpida, sin perjuicio que su titular fuera una sociedad de responsabilidad limitada o un empresario unipersonal y aunque hubiera funcionado en distintos domicilios. Refiere que su único empleador siempre fue "Motostart" y que resulta insólito que el trabajador deba distinguir si se trata de una sociedad o un sujeto individual o si aquella se disolvió (v. rec., fs. 249).
A la par, afirma que se produjo una transferencia de fondo de comercio encubierta, sin cumplir con las prescripciones de la ley 11.867, conservando el establecimiento el mismo nombre, rubro, clientela y dependientes, por lo que resultan de aplicación los arts. 225 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo y debe responsabilizarse a ambos codemandados (v. rec., fs. 249 vta./250 vta.).
Añade que nunca dejó de trabajar para "Motostart" porque, aun cuando lo hizo en su propio taller mecánico, lo fue a pedido de Marzullo, quien le facilitaba las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus tareas y los clientes (v. fs. 252).
Estos variados argumentos -más allá de la contradicción que denotan y la cuestionable aptitud que pudieran tener para derribar las conclusiones elaboradas por el a quo en ejercicio de sus facultades privativas- han sido introducidos recién en esta instancia extraordinaria y son, en consecuencia, producto de una reflexión tardía que, como tal, no es atendible en casación.
Al respecto, se ha señalado que no corresponde que la Suprema Corte considere temas novedosos que no han sido sometidos a conocimiento del tribunal de trabajo con el alcance que se les da en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 100.121, "Carrizo", sent. de 26-V-2010; L. 104.919, "Roncayoli", sent. de 21-XII-2011 y L. 117.099, "Schlotthaver", sent. de 8-IV-2015).
III.2. Tampoco son de recibo los cuestionamientos relativos a la fecha de ingreso, categoría, jornada laboral y remuneración que resultaron acreditadas en el fallo impugnado.
III.2.a. El recurrente manteniendo su hipótesis sobre la existencia de una única relación -que quedó descartada por lo resuelto en el punto anterior- plantea este aspecto de la crítica sobre la base de lo que él mismo denomina primera o segunda etapa de la relación, según se refiera al vínculo con Motostart S.R.L. o Marzullo.
Efectuada esta aclaración y a pesar de la confusa exposición del recurso, habré de abordar los reproches allí formulados.
III.2.b. Tiene dicho esta Corte que la apreciación de las circunstancias fácticas -en el caso, las referidas a la fecha de inicio de la relación laboral, categoría profesional, duración de la jornada y determinación del salario- y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los jueces que integran los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 97.673, "Escobar", sent. de 7-X-2009; L. 94.424, "Correa Perdomo", sent. de 6-X-2010 y L. 111.983, "Avila", sent. de 29-V-2013).
Tal vicio no es eficazmente denunciado y menos aún evidenciado en esta parcela del recurso. He de destacar que la genérica alegación formulada a fs. 262 del remedio examinado en modo alguno abastece la carga de demostrar, a través de una concreta argumentación, la efectiva acreditación del error grosero y manifiesto, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa configurativo del absurdo (causas L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015; L. 118.280, "Martín", sent. de 9-XI-2016 y L. 118.372, "Rotolo", sent. de 29-III-2017).
III.2.c. En lo que respecta a la fecha de ingreso, es dable advertir que lejos de controvertir frontal y eficazmente la conclusión a la que arribó el tribunal de origen sobre la base de la valoración de los elementos de juicio adquiridos en la causa (esencialmente, la prueba oral e informativa), el recurrente se limita a verificar el asunto desde otra perspectiva, tratando de lograr ante esta sede judicial modificar el pronunciamiento, sin siquiera evidenciar -reitero- que el razonamiento del a quo que lo llevó a una decisión diferente se encuentre viciado por absurdo.
En ese contexto, no queda margen para atender a la pretendida aplicación al caso del art. 39 de la ley 11.653. En ese sentido, debe señalarse que la eficacia probatoria del juramento prestado en los términos del citado precepto, pierde su operatividad si -como, en definitiva, sucedió en el caso- el tribunal de grado ha establecido la fecha de ingreso del trabajador sobre la base de prueba idónea (causas L. 76.749, "Alonso", sent. de 16-VII-2003 y L. 82.519, "Fiorino", sent. de 30-IX-2009).
III.2.d. Igual déficit se exhibe en lo que respecta a la categoría y jornada.
En ese sentido, a partir de una crítica afincada en la discrepancia que plantea con relación al valor asignado a las declaraciones testimoniales que llevaron al juzgador a tener por verificado su desempeño en una categoría laboral distinta a la invocada, sumado a las diversas operaciones aritméticas que realiza a fin de intentar evidenciar el cumplimiento de un horario de trabajo mayor al establecido en el fallo, tampoco logra concretar una réplica con aptitud para modificar lo resuelto al respecto.
Cabe recordar que devienen inatendibles las consideraciones formuladas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto a la prueba oral rendida en la vista de causa, toda vez que -atento las características del proceso laboral- no puede ser revisada por esta Corte, quedando su valoración reservada a los jueces de la instancia ordinaria, quienes gozan de amplias atribuciones (en razón del sistema de "apreciación en conciencia") tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 117.804, "Humaño", sent. de 26-III-2015; L. 118.733, "Merlo", sent. de 17-VIII-2016 y L. 119.545, "Ciccioli", sent. de 28-VI-2017).
III.2.e. Deben, entonces, permanecer firmes las conclusiones del pronunciamiento relativas a la fecha de inicio, categoría laboral del trabajador y la jornada cumplida, y deviene inatendible el planteo vinculado a la remuneración.
Por otra parte, en cuanto señala el quejoso que hubiera correspondido tener por cierto el salario denunciado en la demanda en virtud de lo establecido en el art. 39 de la ley 11.653, cabe recordar que tiene dicho este Tribunal que la inversión de la carga probatoria que postula el segundo párrafo del art. 39 de la ley 11.653, únicamente opera cuando se discute el monto de las remuneraciones o el cobro de las mismas, y no cuando se trata de la demostración del hecho mismo que constituye su causa jurídica que requiere su previa demostración por quien lo invoca (causas L. 94.108, "Venialvos", sent. de 4-XI-2009 y L. 101.639, "Palavecino", sent. de 22-XII-2010).
En lo concerniente al adicional por "presentismo" reclamado, he de agregar que la lacónica afirmación en orden a haber registrado "asistencia perfecta" durante la relación laboral en modo alguno resulta apta para conmover la conclusión del sentenciante en cuanto descartó el progreso de dicho rubro, precisamente, por la ausencia de prueba para demostrar ese extremo fáctico (v. vered., fs. 149 vta. y 150).
Por lo demás, la mera disconformidad que manifiesta acerca de la valoración de los dichos del actor respecto de los salarios que habría percibido íntegramente en los meses de julio a septiembre de 2006 (v. rec., fs. 255 vta.), desprovista de todo desarrollo, es inhábil para modificar lo resuelto, teniendo en cuenta, además, que son inatendibles las consideraciones formuladas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto a la prueba oral rendida en la vista de causa, cuyo análisis -como se dijo- queda reservado a los jueces de la instancia ordinaria en razón del sistema de "apreciación en conciencia".
Lo expuesto resulta suficiente para desestimar este tramo del recurso.
III.3. Por razones metodológicas, habré de abordar ahora los cuestionamientos concernientes al modo de extinción del vínculo que unió a las partes.
III.3.a. No es ocioso recordar que la apreciación del material probatorio y la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen cuestiones cuyo análisis está reservado a los jueces de la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración del absurdo (causas L. 106.683, "Suárez", sent. de 29-V-2013; L. 117.678, "Falcón", sent. de 17-XII-2014 y L. 119.701, "Parrotta", sent. de 9-VIII-2017).
En este pasaje del recurso, nuevamente el recurrente invoca la existencia de una única relación laboral y, en ese contexto, pretende restarle eficacia tanto a la renuncia efectuada, como a la instrumentación del acuerdo suscripto con Motostart S.R.L. el día 14 de marzo de 2002 (obrante a fs. 49 y que fuera reconocido por ambas partes; v. vered., fs. 151 y vta.), sosteniendo que éste resulta violatorio del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo y que la voluntad del actor estaba viciada al momento de suscribirlo. Y agrega que si bien nada dijo acerca de esta circunstancia al interponer la demanda -actitud que fue puesta de resalto por el tribunal de grado-, ello fue así pues consideró que su renuncia no tuvo virtualidad frente a la invocada continuidad en sus labores a las órdenes de Motostart S.R.L. con posterioridad a aquella fecha.
El quejoso, a través de estas alegaciones, no logra evidenciar el error que imputa al pronunciamiento atacado, pues partiendo de la premisa de la existencia de una única relación -que al cabo no fue acreditada- y frente a la suerte adversa de su reclamo pretende modificar las definiciones del juzgador elaboradas en ejercicio de sus facultades privativas mediante una exposición que, desarrollada recié
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