Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128559
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 299, CPCC) y rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, debiendo en consecuencia confirmarse el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto decretó su falta de aptitud jurisdiccional en este estado para entender en la presente causa, respecto del reclamo vinculado al pago de una indemnización por la incapacidad derivada del accidente de trabajo denunciado; con costas en el orden causado (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
I. En lo que interesa destacar por resultar motivo de agravio, el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón, en el marco de la acción iniciada por el señor Roberto Fabián Echevarría contra Empresa del Oeste S.A.T., Liderar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Superintendencia de Seguros de la Nación, en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que denunció padecer, declaró su incompetencia para entender en las presentes actuaciones (v. pronunciamiento de fecha 17-XII-2021).
Para así decidir, juzgó que al momento de promoverse la demanda resultaban aplicables al caso las disposiciones de las leyes 14.997, 27.348 y 15.057 y, tras destacar la validez constitucional de dicha normativa, a la vez de lo resuelto por esta Corte en las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y L. 121.895 "Orellana" (sent. de 17-VI-2020), ponderó que el trabajador no había acreditado el tránsito de la instancia administrativa previa de carácter obligatorio ante la Comisión Médica Jurisdiccional correspondiente.
II. Contra dicha decisión, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad (v. escrito electrónico de fecha 22-XII-2021), los que fueron concedidos por el órgano de grado (v. resoluciones de fecha 27-XII-2021 y 16-V-2022, respectivamente), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 19-IX-2022).
III. En primer lugar, corresponde expedirse en torno al remedio extraordinario de inconstitucionalidad.
En tales condiciones, y de conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público, dicho recurso ha sido mal concedido.
En efecto, y sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran efectuarse, cabe destacar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que el medio de impugnación establecido en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, sólo es admisible cuando en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local (causas L. 117.152, "Chaile", resol. de 29-V-2013; L. 117.646, "Miranda", resol. de 24-XII-2014; L. 119.115, "Ortiz", resol. de 29-VIII-2017 y L. 118.990, "Tavernise", sent. de 3-IV-2018; e. o.).
Tal situación no concurre en la especie, pues del análisis de la decisión en crisis se observa que el tribunal de grado no ha resuelto, de suyo, caso constitucional alguno en los términos del art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 117.475, "Carnevalini", resol. de 7-V-2014); deviniendo así inadmisible el remedio en estudio (causas L. 123.331, "Guiñazu", resol. de 29-VII-2020; L. 126.941, "Purini", resol. de 7-VI-2021 y L. 128.301, "Sarli", resol. de 14-III-2023; e. o.).
IV. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no prospera.
IV.1. En su postulación la recurrente manifiesta -en lo sustancial- que la sentencia dictada por el tribunal de origen no tuvo en cuenta que el reclamo vinculado a la incapacidad contraída por el actor fue articulado mediante una acción autónoma, dirigida contra la empleadora por los daños sufridos con fundamento en la obligación de seguridad propia de todo contrato y particularmente del contrato de trabajo en los términos del art. 75 de la ley 20.744 (t.o.); como así también, en los incumplimientos en los que habría incurrido la aseguradora de riesgos codemandada respecto de las obligaciones que la Ley de Riegos del Trabajo le impone en materia de prevención de riesgos laborales.
IV.2. Es dable señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por el importe reclamado en la demanda- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020 y L. 127.604, "Díaz", resol. 20-XII-2021; e. o.).
En este marco, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tévez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020; e. o.).
IV.3. Bajo tales directrices, la decisión de grado no logra ser modificada, en tanto se ajusta a lo expresado por este Superior Tribunal al decidir -entre muchas otras- las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020); L. 121.895, "Orellana" (sent. de 17-VI-2020) y L. 121.755 "Ibarra" (sent. de 13-X-2020), en lo vinculado a la aplicación temporal y validez constitucional de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad (art. 299, CPCC) y rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, debiendo en consecuencia confirmarse el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto decretó su falta de aptitud jurisdiccional en este estado para entender en la presente causa, respecto del reclamo vinculado al pago de una indemnización por la incapacidad derivada del accidente de trabajo denunciado; con costas en el orden causado (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/10/2023 09:36:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/10/2023 12:18:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/10/2023 15:29:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2023 09:08:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2023 10:54:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/10/2023 11:43:11 hs. bajo el número RR-1319-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia