Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128978
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el Fisco provincial, en atención a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, rechazó la demanda promovida por Hugo Abel Spositto -continuada luego, ante su fallecimiento, por sus herederos Fernando Andrés Spositto, Guillermo Abel Spositto y Alicia Beatriz Pulero- contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires en concepto de indemnizaciones derivadas del despido, entrega de los certificados del art. 80 de la ley 20.744 y su multa, vacaciones y la sanción establecida en el art. 2 de la ley 25.323 (v. pronunciamiento de fecha 14-XII-2021).
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-II-2022), el que fue concedido por el tribunal de grado en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución del 10-III-2022).
En su escrito impugnativo objeta que el a quo hubiera utilizado, como base regulatoria para el cálculo de los honorarios, la suma reclamada en la demanda, alegando que debió estarse a aquella equivalente a la que proporcionalmente habría representado la indemnización de haber prosperado la acción. Ello, en tanto entiende abusiva y desproporcionada la cifra fijada para los estipendios de los peritos, de cuyo pago -aduce- resulta deudor en virtud de lo normado en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, y más allá de que las costas hubieran sido impuestas al actor.
En apoyo de su postura, cita la doctrina legal de esta Suprema Corte elaborada en torno al alcance de lo dispuesto en los arts. 23 y 58 de la ley arancelaria.
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 128.091, "Torres", resol. de 7-IV-2022), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 127.298, "Vargas", resol. de 30-VIII-2021 y L. 128.087, "Rizzo", resol. de 7-IV-2022).
III.2. En este contexto, cabe observar que se encuentra vulnerada la doctrina legal establecida por este Tribunal en casos similares al presente, debidamente invocados por la interesada.
III.2.a. Como señalara esta Corte, entre otras, en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001) -citada por la impugnante- y L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007), y más recientemente en los precedentes L. 122.685, "Sánchez" (resol. de 15-IX-2020) y L. 128.459, "Martínez", resol. de 7-VI-2022), resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77 -receptado en idéntica forma en el art. 23 de la ley 14.967-, queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada.
Para más, el hecho de que la actora -en tanto trabajadora- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que en el sub examine , si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad por el pago de los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la parte recurrente.
De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones haya que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción (aquí enmarcada en el sistema especial de riesgos del trabajo), aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquélla será, en definitiva, la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Ello pues, en situaciones excepcionales como la configurada en autos, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De tal suerte, para evitar una determinación desmesurada y por ende irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido percibir a la actora de prosperar su reclamo (causas L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014; L. 119.147, "Wilczynski", sent. de 10-VIII-2016 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
III.2.b. Sin perjuicio de lo expuesto, y en tanto también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar, que esta Corte señaló que, cuando la determinación de los honorarios de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ.; arts. 730 y 1.255, Cód. Civ. y Com.; 13, ley 24.432; causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; L. 122.685, "Sánchez", resol. de 15-IX-2020 y L. 125.945, "Fioritti", resol. de 10-V-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el Fisco provincial, en atención a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/09/2022 19:50:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2022 17:57:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/09/2022 11:21:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 09:20:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 11:08:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/09/2022 17:45:38 hs. bajo el número RR-1191-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia