Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121872
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar, oído el señor Procurador General, mal concedidos, en los términos ya referidos, los recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad de ley interpuestos, y remitir los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad a lo que aquí se resuelve.
La Plata, 16 de octubre de 2019.
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, en lo que interesa destacar, condenó a Intercomgi Argentina S.R.L. a abonarle a Paola Irene Rinaldi la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 233/243).
II. Frente a lo así resuelto, el doctor Ricardo Abel Tortonese, por propio derecho -en lo que respecta a los honorarios estimados en el pronunciamiento, en concepto de las tareas efectuadas en el trámite de la causa (v. fs. 249)- y en su carácter de apoderado de la legitimada pasiva, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. A su vez, dedujo en representación de esta última los remedios extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad (v. fs. 249/256 vta.), solicitando simultáneamente se exima a la accionada de cumplir con el depósito dispuesto en el art. 56 de la ley 11.653 (v. escrito electrónico de fecha 6-VI-2018). La primera de las vías fue denegada por el a quo , y declarada abstracta la exención del depósito solicitada (v. fs. 245 y vta.). Finalmente, las restantes impugnaciones incoadas por la demanda fueron concedidas por el órgano de grado (v. fs. 246/ 247 vta.).
III.1. De modo liminar, corresponde recordar que esta Corte tiene dicho que para el supuesto de sentencia condenatoria, el art. 56 de la ley 11.653 establece como carga ineludible para la admisibilidad de los remedios extraordinarios -sin distinción alguna de cual de estos- el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que el fallo recurrido importa fuerte presunción favorable (causas L. 115.364, "Aristain", resol. de 26-X-2011 y L. 118.053, "Acosta", resol. de 16-VII-2014).
Además, y en virtud del planteo efectuado por la recurrente, cabe señalar que aquel recaudo no conculca derechos o garantías constitucionales, pues constituye por su finalidad una razonable medida precautoria impuesta en salvaguarda del interés colectivo comprometido y de la celeridad procesal, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio, toda vez que se impone de igual modo a todos los que se encuentran en las mismas condiciones (causas L. 113.681, "Gómez de Saravia", resol. de 1-VI-2011 y L. 117.975, "Olivera", resol. de 16-VIII-2014).
Específicamente, en casos similares al presente, este Tribunal ha señalado que el derecho de defensa en juicio sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley, y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (causas Ac. 104.887, "Savoia", resol. de 17-IX-2008 y L. 113.578, "Leiva", resol. de 22-XII-2010).
III.2. Asimismo, desde otra perspectiva, esta Corte también ha dicho, respecto de lo regulado en la norma procesal aludida, que la desproporcionada magnitud del monto con relación a la capacidad económica de la impugnante y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones, constituyen supuestos de excepción al mencionado dispositivo normativo (CSJN, causas "Troche Báez, Prostacio c/ Salvador Olivadese e Hijos SRL", sent. de 26-VIII-1997; Ac. 103.263, "Godoy", resol. de 16-IV-2008; Ac. 103.497, "Porciuncula González", resol. de 3-IX-2008; L. 118.053, "Acosta", resol. de 16-VII-2014 y L. 117.920, "Ruggiero", resol. de 3-IX-2014).
Así, el principio general que marca el art. 56 mencionado puede sufrir excepciones cuando el atacante demuestra, cabalmente y sin ninguna hesitación, la imposibilidad para efectuar el depósito de marras (causas Ac. 104.299, "Gómez", resol. de 8-X-2008; L. 113.993, "Videla", resol. de 13-IV-2011; L. 118.210, "Ferreira", resol. de 3-IX-2014 y L. 120.762, "Martínez", resol. de 14-VI-2017).
En el caso de autos, siendo que la accionanda recurrente adujo encontrarse en una situación similar a la señalada (v. escrito electrónico de fecha 6-VI-2018), ofreciendo prueba de ello, corresponde que el órgano anterior en grado sustancie las probanzas tendientes a acreditar la alegada imposibilidad y decida, en consecuencia, lo que corresponda.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar, oído el señor Procurador General, mal concedidos, en los términos ya referidos, los recursos extraordinarios de nulidad e inconstitucionalidad de ley interpuestos, y remitir los autos al tribunal de origen para que obre de conformidad a lo que aquí se resuelve.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia