Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126411
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso de queja traído (arts. 292, CPCC y 63 de la ley 11.653; y Acordada 1790). Con costas.
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en lo que interesa destacar por haber sido materia de recurso, condenó a la Clínica Privada Bahiense S.A., a abonarle a Sandra Noemí Alcaraz la suma que individualizó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido (v. copia del pronunciamiento de fecha 9 de septiembre de 2020).
Para así resolver, concluyó que la demandada no ajustó su conducta a las circunstancias del caso y a lo que es propio de un buen empleador (art. 63 LCT) y que el despido dispuesto por su parte, resultó en consecuencia injustificado (art. 242, LCT).
En cambio, tuvo por acreditado que la actora hubo de ausentarse de su trabajo por motivos de salud, debidamente detallados, poniendo siempre a disposición la documentación pertinente, sometiéndose a los controles indicados y, principalmente -destacó- dando respuesta oportuna y en todos los casos a los emplazamientos recibidos, por lo que su conducta mal pudo encuadrarse en la figura del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. copia de la pieza recursiva ingresada de modo telemático el 1 de octubre de 2020), el que denegado por el tribunal de grado (v. copia del pronunciamiento dictado el 22 de octubre de 2020), dio motivo a la articulación de la presente queja (v. escrito electrónico de fecha 28 de octubre de 2020; art. 292, CPCC).
III. La queja no prospera.
III.1. El tribunal anterior en grado, tal como se anticipó, declaró inadmisible el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por considerar que el valor del litigio, en el sub lite , no supera el previsto en el mencionado art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. De acuerdo al análisis que efectuó, sostuvo que la impugnante al desarrollar sus agravios, no cumplió con el extremo normado en el art. 55 primer párrafo in fine , a fin de habilitar de modo excepcional la instancia extraordinaria.
Por su lado, la recurrente, al articular la queja directa ante esta sede -como se referenció ut supra - alega que al interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuestionó, fundadamente -afirma-, el fallo final de la causa, sosteniendo la inconstitucionalidad de los arts. 55 de la ley ritual del fuero laboral y 278 del Código Procesal Civil y Comercial, como así también, la habilitación de la instancia de casación en los términos de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" y "Di Mascio". Así, entiende, que debió el a quo conceder aquel remedio extraordinario.
III. 2. De modo liminar, corresponde observar que el letrado de la parte demandada no desconoce en su queja que la cuantía económica de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no excede el mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal (causas L. 117.757, "Iyarza", resol. de 30-IV-2014; L. 117.696, "Cremonte", resol. de 9-XII-2015; L. 117.132, "Bulich", resol. de 27-XII-2017 y L. 123.005, “Quintana”, resol. de 21-VIII-2019).
III. 3. Sentado lo que antecede, corresponde destacar que, en torno al planteo de inconstitucionalidad articulado por la impugnante, esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002; L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007; L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014 y L. 121.207, "Castillo", resol. de 11-IV-2018).
III.4. Desde otro costado, la legitimada pasiva pretende prescindir del límite económico en la restricción de la admisibilidad (art. 278, CPCC) a la luz de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los señalados precedentes "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478). Sin embargo, el tenor de los planteos ensayados por la interesada no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal (art. 14, ley 48; causas L. 109.338, "Santillán", resol. de 23-XII-2009; L. 117.172, "Corvalán", resol. de 5-IV-2013 y L. 121.042, "Vande Vrande", resol. de 11-IV-2018).
Como es sabido, dicho criterio jurisprudencial condiciona la validez de las restricciones procesales locales para el acceso a los superiores tribunales de la causa (como -en el caso- el valor del litigio previsto en el citado art. 278) a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para limitar el acceso a esta instancia de embates que porten agravios federales.
Pues bien, ninguno de los planteos impugnativos introducidos en el caso que nos ocupa permiten considerar que nos hallamos ante materias de las previstas en el art. 14 de la ley 48. Por el contrario, el embate de la recurrente se relaciona con cuestiones de derecho procesal local, como así también, al análisis de tópicos de hecho y prueba, que resultan ajenos a la vía establecida en la citada norma (causas L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009; L. 121.039, "Juncos", resol. de 27-IX-2017 y CSJN Fallos: 310:1545; 325:2192, 1145).
IV. 1. Luego, corresponde ingresar en el estudio de la admisibilidad del recurso intentado, a la luz de la justificación alegada en el marco de la excepción que contempla el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En ese orden, el limitado supuesto previsto en aquella norma ritual del fuero se configura cuando la Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 92.898, "Femminella", sent. de 9-IV-2008; L. 89.526, "Sotelo", sent. de 23-IV-2008; L. 116.954, "Di Piero", sent. de 6-VIII-2014; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 126.551, “Arias”, resol. de 2021).
IV.2 En el sub lite , no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que no se denuncia doctrina legal alguna en el sentido y con los alcances en que ha sido definida por esta Suprema Corte (causa L. 125.173, "Baez", resol. de 21-XII-2020; e.o.).
IV.3. Finalmente, es dable recordar que no participan de esa naturaleza, la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o la opinión de los autores (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015; L. 121.345, "Olivares", resol. de 8-VIII-2018 y L. 124.853, "Abalos", resol. de 23-IX-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar el recurso de queja traído (arts. 292, CPCC y 63 de la ley 11.653; y Acordada 1790). Con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", Resol. 10/20) y dese de baja en los registros informáticos y libros de secretaría (art. 14, Anexo Acuerdo 3975/20).
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/04/2021 17:30:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2021 21:19:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/04/2021 11:54:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2021 09:49:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/04/2021 15:02:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia