Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127325
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar, por mayoría, a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 292 del CPCC; Acordada 1.790 y Res. 24/20; art. 63, ley 11.653).
2Intimar a la recurrente para que, en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acredite ante esta sede haber depositado a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado la suma de pesos un millón trescientos quince mil ($1.315.000), bajo apercibimiento de declarar desierto el medio revisor aquí concedido (art. 280 párrafo cuarto, cit.). En tal sentido, se oficiará a dicho Tribunal laboral remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial, la notificación a la impugnante de la misma, e informe -por medio electrónico- a esta Corte la fecha en la que el banco efectúe la señalada apertura y su notificación al interesado. A dichos fines, se hace saber al tribunal que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2.579/1993, no es necesario contar con el expediente para realizar dicho trámite, bastando con la carátula del mismo -dato que surge de la MEV-.
El señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Necochea, en el marco de la acción por despido deducida por Ariel Eduardo Ramallo contra Necochea Entretenimientos S.A., rechazó la revocatoria intentada por la demandada y, en consecuencia, tuvo por contestada en rebeldía la demanda (v. pronunciamiento de 9-IV-2021).
II. Frente a lo así resuelto, la señalada sociedad anónima dedujo revocatoria que denominó " in extremis y comprensivo de nulidad" (v. presentación del 14-IV-2021) y recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 19-IV-2021).
A su turno, el a quo desestimó el primero de los nombrados remedios intentados, haciendo lo propio en torno al segundo de ellos, con fundamento en la carencia de la nota de definitividad del pronunciamiento puesto en tela de juicio (v. resol. 15-IV-2021), dando lugar, lo así resuelto en este último aspecto, a la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación electrónica de 23-IV-2021).
La impugnante, indica que la resolución que tiene por no contestada la demanda constituye un supuesto excepcional que torna admisible el recurso extraordinario, desde que genera un agravio de imposible reparación ulterior pues, de consolidarse el estado procesal actual, su parte perdería definitivamente la posibilidad de contestar la demanda, ofrecer y producir los medios probatorios pertinentes.
III.1. La queja no prospera.
III.2. Al respecto, corresponde poner de resalto que esta Corte tiene dicho que los remedios extraordinarios sólo son viables con relación a las sentencias definitivas, entendiéndose por tales a aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, ponen fin al pleito condenando o absolviendo al demandado o, aun refiriéndose a un artículo, producen el efecto de finalizar al mismo, haciendo imposible su continuación (arts. 278, 296 y 297, C.P.C.C.; causas L. 113.289, "Olivello", resol. de 28-XII-2010 y L. 113.643, "Usandizaga", resol. de 6-IV-2011).
Así, en el caso, el pronunciamiento dictado por el tribunal laboral que, al rechazar la reposición articulada, tuvo por contestada la demanda fuera del plazo legal, no reviste el carácter de definitivo ni deviene equiparable a tal, sin que se observen motivos excepcionales que permitan apartarse del indicado principio.
En tal sentido me he manifestado, adhiriendo a la postura sostenida por nuestro distinguido ex colega doctor Pettigiani, que guarda similitud con el presente (causas Ac. 90.957, "Moran", resol. de 9-II-2005; Ac. 95.785, "Mancebo", resol. de 20-X-2006 y L. 125.370, "Salazar", resol. de 21-XII-2020; e.o.).
IV. Por ello, considero que corresponde desestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1.790 y Resol. 24/20). Con costas.
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. Disiento con la solución propiciada por mi colega preopinante.
II.1.a. En efecto, en numerosos precedentes esta Corte ha entendido que los pronunciamientos que tienen por no contestada la demanda y declaran perdido el derecho a hacerlo no constituyen -en principio- sentencia definitiva o equiparable a tal en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que tales decisiones no ponen fin al pleito ni impiden su continuación (causas Ac. 84.846, "Soveny", resol. de 05-VI-2002 y Ac. 87.467, "C., L.I.", resol. de 11-VI-2003; e.o.). Mas no lo es menos, que tal criterio ha de ceder cuando -como en el sub iudice - tal decisión traiga aparejado un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, no pudiendo soslayarse la particular significación que reviste la falta de contestación de demanda en tanto puede incidir en el resultado final del pleito.
Es ésta, por otra parte, la tesis que en supuestos análogos al presente siguiera la Corte Suprema de la Nación al ingresar al conocimiento del recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de la Cámara que revocó el pronunciamiento de grado que había desestimado la revocatoria contra el auto que tuvo al letrado por presentado, parte y por interpuestas las excepciones, y ordenó el desglose del escrito presentado por aquél. En dicho precedente, sostuvo el Alto Tribunal que la decisión atacada puede ser equiparada a definitiva si concurre un supuesto de privación de justicia que afecta en forma directa al derecho de defensa en juicio, ocasionándole al demandado un perjuicio de imposible reparación ulterior, pues éste carecerá de otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos (C.S.J.N., causa C.1649.XXXVI, in re "Carosella", sent. de 20-III-2003, Fallos 326:697).
Pues bien, en la especie, arguye la interesada que la resolución impugnada la coloca en estado de indefensión, causándole un irreparable perjuicio al dejar a su parte sin contestar la demanda y sin pruebas que permitan demostrar sus defensas, no existiendo otra oportunidad para hacer valer sus derechos.
De allí que en el caso debe equipararse a una sentencia definitiva en los términos de los arts. 278 -último párrafo- y 281 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653) lo resuelto a el día 29 de marzo de 2021.
II.1.b. En consecuencia, más allá de lo que con posterioridad se resuelva sobre la procedencia de los agravios fundantes de los recursos incoados, se hace lugar a la queja traída y se declara mal denegado el de inaplicabilidad de ley deducido, el que en estos términos se concede (art. 292, CPCC, art. 63, ley 11.653; Acuerdo 1790 y Resol. 24/20).
II.2.a. Sentado ello, corresponde analizar los restantes recaudos de admisibilidad del canal revisor intentado mediante escrito electrónico de fecha 19 de abril de 2021. En tal sentido, se impone destacar que esta Suprema Corte ya se ha expedido observando que, en casos como el presente, en que no ha habido sentencia condenatoria, es necesario haber dado cumplimiento al requisito establecido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, aplicable supletoriamente a los procesos laborales (art. 63, ley 11.653; causas Ac. 103.311, "Iteva S.A.", resol. de 4-III-2009; L. 121.007, "Ruiz", resol. de 25-X-2017; L. 121.557, "Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate", resol. de 21-VI-2018; L. 121.923, "Pezet", resol. de 26-IX-2018 y L. 124.991, "Benitez", resol. de 9-XII-2020).
III.2.b. En ese contexto, y a fin de dar cumplimiento a los arts. 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial, es de observar que el valor de lo cuestionado ante esta sede de casación es de carácter determinado y se encuentra representado, según los agravios desplegados por la impugnante, por el importe reclamado en la demanda (v. pag. 13/15 del escrito liminar; causas Ac. 105.225, "Wasylciw", resol. de 8-VII-2009; L. 120.679, "Ortiz", resol. de 27-XII-2017 y L. 125.239, "Pérez Díaz", resol. de 2-XI-2020).
En consecuencia, corresponde intimar a la recurrente a satisfacer la carga establecida en el señalado art. 280, en el máximo legal allí previsto -según Acordada 4012/21 vigente a la fecha del recurso- ($1.315.000; art. 280 cit.), bajo apercibimiento de deserción de la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley incoada (cuarto párrafo, art. 280 cit.). A dicho fin se oficiará al tribunal de origen para que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial pertinente.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores jueces doctores Torres y Violini adhieren, por los fundamentos que expone, al voto del doctor Soria.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar, por mayoría, a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 292 del CPCC; Acordada 1.790 y Res. 24/20; art. 63, ley 11.653).
2. Intimar a la recurrente para que, en el plazo de cinco días -a contar desde la notificación de la apertura de la cuenta judicial- acredite ante esta sede haber depositado a la orden del tribunal que dictó el fallo impugnado la suma de pesos un millón trescientos quince mil ($1.315.000), bajo apercibimiento de declarar desierto el medio revisor aquí concedido (art. 280 párrafo cuarto, cit.). En tal sentido, se oficiará a dicho Tribunal laboral remitiendo copia de la presente y requiriéndole que arbitre los medios para la apertura de la cuenta judicial, la notificación a la impugnante de la misma, e informe -por medio electrónico- a esta Corte la fecha en la que el banco efectúe la señalada apertura y su notificación al interesado. A dichos fines, se hace saber al tribunal que, a tenor de lo dispuesto en el Acuerdo 2.579/1993, no es necesario contar con el expediente para realizar dicho trámite, bastando con la carátula del mismo -dato que surge de la MEV-.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3."c"; resol. SCBA 921/21) y ofíciese al Tribunal de origen a los fines dispuestos en el punto III.2.b. de la presente.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/11/2021 13:36:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/11/2021 08:13:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/11/2021 09:41:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/11/2021 14:41:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2021 08:50:45 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2021 11:05:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 09/11/2021 14:23:50 hs. bajo el número RR-1439-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia