Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128139
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída (art. 292 cit., Acordada 1.790 y Resol. 24/20; art. 63, ley 11.653).
2Anular de oficio la decisión dictada el 17 de junio de 2021 (art. 168, Const. prov.), así como toda otra que constituya su secuela lógica, y remitir la causa al tribunal de origen para que, con renovada integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr., CPCC y 63, ley 11.653).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la demanda interpuesta por Josefina Margarita Urquiza contra Cáritas Argentina La Plata y el Arzobispado de La Plata, a quienes condenó solidariamente a abonar la suma de dinero que indicó en concepto de indemnización por antigüedad y sustitutiva de preaviso, diferencias salariales, sueldo anual complementario, vacaciones no gozadas, así como las indemnizaciones con sustento en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, 2 de la ley 25.323, 9 y 15 de la ley 24.013, con más los intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema "Banca Internet Provincia" a treinta días. Asimismo, condenó a ambas codemandadas a hacer entrega a la actora del certificado de trabajo (v. fs. 306/329 vta.).
Contra dicho pronunciamiento, el Arzobispado de La Plata, mediante su apoderado, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 342/358), el que fue concedido por el a quo a fs. 361, y -luego- rechazado por la Suprema Corte (v. pronunciamiento de 19-II-2020), al igual que el recurso extraordinario federal articulado con posterioridad (v. pronunciamiento de 8-II-2021).
II. Devuelta la causa a la instancia de grado, la parte actora practicó liquidación de intereses sobre el capital de condena y los honorarios estimados. Asimismo, calculó el monto de la sanción conminatoria por falta de otorgamiento en tiempo oportuno de la certificación de marras, desde la fecha del dictado de la sentencia recurrida de 26 de agosto de 2016 hasta el día de la presentación (v. escrito electrónico de 30-III-2021).
Sustanciado el pedido, la demandada lo contestó (v. escrito electrónico de 29-IV-2021), ocasión en que cuestionó -por improcedente- la liquidación practicada desde dos aristas. En primer lugar, sostuvo, en lo referente a la sanción conminatoria, que las codemandadas aún se encontraban en plazo de ley de hacer entrega del certificado de servicios, lo que efectivizó según constancias del 4 de mayo de 2021 (v. certificación de la actuaria de 10-V-2021). En segundo término, denunció capitalización de intereses respecto del capital de condena y de los estipendios regulados.
A su turno, el tribunal de origen hizo lugar -parcialmente- a la mencionada impugnación en cuanto objetó los intereses liquidados según la tasa activa sobre los honorarios fijados. En cambio, desestimó los restantes reproches desplegados (v. pronunciamiento de fecha 19-II-2020).
Respecto del planteo vinculado a la sanción conminatoria, concluyó que "…no le asiste razón al impugnante, toda vez que, al haberse confirmado la Sentencia por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la exigibilidad de la entrega del certificado de trabajo opera desde que quedó firme la Sentencia de este Tribunal, y al no haber hecho entrega del mismo en tiempo y forma, debe desestimarse el planteo formulado al respecto…" (sic). Luego, rechazó la crítica dirigida a objetar la adición de intereses sobre el capital de condena, ya que entendió que la misma resultaba ajustada a derecho. Especificó fue realizada computando el capital y los intereses calculados desde la fecha en que quedó firme la sentencia final de la causa -10 de noviembre de 2016- hasta el día en que se presentó la liquidación cuestionada -30 de marzo de 2021-.
Frente a esta última decisión, la representación letrada del Arzobispado de La Plata, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 28-VI-2021).
En prieta síntesis, cuestionó el aspecto de la resolución con arreglo a la cual se aprobó la liquidación respecto de las astreintes, alegando infringido el art. 804 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En esta línea de pensamiento, afirmó que el a quo , al resolver como lo hizo, desnaturalizó el sentido de dicha institución y la letra de la ley, en flagrante violación a las normas de los art. 1, 14, 15, 17, 18, 19, 31 y conc. de la Constitución nacional.
En cuanto a la liquidación de acrecidos admitida sobre la suma global de condena, denunció, con apoyo en las garantías constitucionales que individualizó, que la pretendida aplicación de intereses sobre intereses constituiría un claro caso de anatocismo expresamente vedado por el art. 770 del citado digesto.
A su turno, el tribunal de la sede ordinaria denegó el recurso extraordinario deducido, y, en el mismo acto procesal, hizo lugar a una aclaratoria interpuesta por la parte actora (v. escrito de 22-VI-2021), en la que rectificó el pronunciamiento recurrido y elevó el monto aprobado en concepto de intereses y astreintes por falta de entrega en término del certificado de trabajo (v. pronunciamiento de 1-XI-2021), dando lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 8-XI-2021).
La recurrente sostiene, en sustancia, que el pronunciamiento puesto en tela de juicio resulta equiparable a definitivo, pues -pese a haber sido dictado en el marco de una incidencia suscitada con ulterioridad del dictado de la sentencia de mérito- cercena vías hábiles para procurar la revisión de lo decidido y propender a la reparación de los derechos lesionados.
III. La queja prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde señalar que, si bien esta Corte ha resuelto, por regla, que tanto las decisiones recaídas en el trámite posterior al dictado de la sentencia, como aquellas que imponen astreintes, no son susceptibles de recursos extraordinarios, en razón de no constituir sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas Ac. 90.431, "Cooperativa de Horticultores", resol. del 29-IX-2004; Ac. 94.198, "González", resol. del 7-IX-2005, C. 119.715, "Milanese", resol. del 29-IV-2015 y L. 118.779, "Chiaramonte", resol. de 7-X-2015, e.o.), en el caso, el planteo de la recurrente pone en evidencia que se configuran motivos suficientes para hacer excepción a la regla antes enunciada y considerar equiparable a definitivo el pronunciamiento impugnado, desde que genera a la quejosa un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, pues lo aquí resuelto no podrá ser replanteado posteriormente (C. 119.766, "Municipalidad de Gral. Madariaga", resol. del 22-XII-2015 y C. 114.018, "Boragina", resol. del 5-X-2011).
III.2. Así las cosas, en atención a que la decisión bajo censura resuelve en la presente litis una cuestión esencial, pues influye decididamente en el alcance cuantitativo del monto adeudado (causas Ac. 96.072, "Capararo", resol. del 20-II-2008 y sent. de 9-IX-2009; C. 96.921, "Aristi", sent. de 6-V-2009; C. 98.506, "Arzuaga", sent. de 6-IV-2011; C. 119.457 "Gaona", resol. de 29-IV-2015 y C.122.226, "Pilman S.A.", resol. de 30-V-2018), y que se observa que carece de la formalidad de acuerdo y voto individual de los magistrados intervinientes, lo que, en el caso, transgrede la cláusula del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cuyo cumplimiento resulta ineludible, corresponde el ejercicio por parte de esta Suprema Corte de su exclusiva y excluyente facultad de anularla de modo oficioso, así como a toda otra que constituya su secuela lógica.
IV. Sin perjuicio de que lo expuesto abastece la respuesta jurisdiccional del caso, no pasa inadvertida la ausencia de fundamento legal del fragmento de la decisión -cuya anulación ex officio se establece- vinculado a la aprobación de la liquidación en materia de astreintes (art. 171, Const. cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída (art. 292 cit., Acordada 1.790 y Resol. 24/20; art. 63, ley 11.653).
2. Anular de oficio la decisión dictada el 17 de junio de 2021 (art. 168, Const. prov.), así como toda otra que constituya su secuela lógica, y remitir la causa al tribunal de origen para que, con renovada integración, dicte nuevo pronunciamiento.
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr., CPCC y 63, ley 11.653).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/06/2022 15:57:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2022 21:03:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/06/2022 08:19:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/06/2022 09:27:35 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 16/06/2022 10:01:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 16/06/2022 10:07:56 hs. bajo el número RR-822-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia