Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 120803
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
IRRIBARRA SANDOVAL AUGUSTO ROBERTO Y OTRO/A C/ DISE S.R.L. Y OTRO/A S/DESPIDO.
La Plata, 20 de febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, hizo lugar a la demanda incoada por Augusto Roberto Irribarra Sandoval y Jacinto Severino Martínez y, en consecuencia, condenó solidariamente a Dise S.R.L. y a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a pagar la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral.
Asimismo, condenó a la mencionada en primer término a la entrega de las certificaciones previstas en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 12 de la ley 24.241, bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria en concepto de astreintes, haciendo responsable solidariamente por su pago a la restante coaccionada (v. fs. 224/231).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, juzgó que ABSA era responsable en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto los trabajadores siempre se desempeñaron en sus establecimientos, realizando -más allá de las propias de vigiladores- tareas necesarias para el normal desarrollo de la actividad empresaria.
II. Contra dicha pronunciamiento, ABSA dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (en formato electrónico, v. copia a fs. 467/476), el que fue concedido por el a quo a fs. 478 y vta.
En su presentación denuncia absurdo, violación del principio de primacía de la realidad, y la vulneración de las normas y la doctrina que cita.
En lo esencial, se agravia de que el sentenciante la condenara solidariamente con fundamento en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, alegando que los servicios de vigilancia no se corresponden con la actividad principal ni coadyuvan a ella. Asimismo, manifiesta que no hubo reclamo a la empleadora por las tareas ajenas a su calidad de vigiladores, y que tampoco se inició una acción contra su parte por algún tipo de relación laboral.
Por otro lado, objeta que se la haya condenado solidariamente a la entrega de las certificaciones establecidas en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 12 de la ley 24.241, y en su caso de responder con una multa diaria en concepto de astreintes.
III. El remedio no es de recibo.
III.1. En primer lugar, y alterando -por cuestiones metodológicas- el orden de tratamiento de los agravios traídos, se observa que el embate mediante el que se objeta la condena a la entrega de los certificados parte de una premisa errónea, en tanto de la lectura del fallo atacado surge que a la empresa ABSA solamente se la condenó al pago de una multa diaria en concepto de astreintes para el supuesto en que Dise S.R.L. incumpliera con la entrega de aquellos instrumentos.
Más allá de ello, en cuanto al cuestionamiento a la decisión de imponer aquellas astreintes, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que las decisiones de esa naturaleza no resultan definitivas y, por lo tanto, son ajenas a la revisión en esta instancia extraordinaria (causas C. 91.768, "Gaiero", sent. de 11-III-2013; C. 117.008, "Davicino", resol. de 20-III-2013; L. 117.675, "Melnechenko", resol. de 30-X-2013 y L. 121.382, "Ferre", resol. de 29-XI-2017), sin que -en el caso- sobre este tópico se invoque ni verifique una hipótesis de carácter excepcional que conduzca al apartamiento de dicho criterio.
Para más, no se advierte sobre el particular la existencia de un agravio concreto y actual, sino meramente hipotético o eventual y, como tal, carente de aptitud para habilitar la vía recursiva (causas Ac. 62.705, "Reijenstein", resol. de 29-XII-1997; Ac. 63.613, "Melgarejo", sent. de 25-VIII-1998 y L. 119.807, "Bernardi", resol. de 29-VIII-2017).
III.2. Respecto del agravio dirigido a impugnar la condena con sustento en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe señalar que, tratándose de un litisconsorcio facultativo -como se verifica en autos-, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el importe del capital de condena individualmente determinado en favor de cada uno de los actores- en ningún caso supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto ley 14.141), para acceder a su revisión por el recurso intentado (causas L. 88.005, "Ramoscelli", sent. de 28-IV-2012 y L. 116.577, "Duarte", resol. de 21-VI-2012).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.489, "Garmendia", resol. de 30-V-2012; L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013 y L. 117.282, "Brizuela", resol. de 12-VI-2013).
En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, puesto que, dejando de lado que las objeciones -vinculadas a si se acreditaron, o no, los presupuestos de solidaridad contemplada en el art. 30 de la Ley de Contrato de trabajo- se refieren a típicas cuestiones fácticas y probatorias, marginadas de la revisión por conducto de la excepción examinada (causas L. 101.512, "Alanis", sent. de 21-III-2012; L. 117.664, "Leguizamón", resol. de 16-IV-2014; L. 119.931, "Mancilla", resol. de 21-IX-2016 y L. 119.917, "López", resol. de 13-IX-2017), los precedentes invocados por la recurrente respecto de estos tópicos fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 103.554, "Velozo", sent. de 15-VI-2011; L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012; L. 116.853, "Salomón", resol. de 23-XII-2014 y L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017).
Por otra parte, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 117.059, "Aranda", resol. de 20-III-2013; L. 119.776, "Scarcelli", resol. de 22-VI-2016 y L. 121.558, "Guerra", resol. de 26-IX-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia