Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121742
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
MAYER SANDRA MARCELA C/ CESARI PABLO JAVIER Y OTROS S/DESPIDO.
La Plata, 20 de febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción promovida por Sandra Marcela Mayer contra Pablo Javier Cesari, Doralic de Hernández y Cesari S.H. mediante la cual se procuraba el cobro de indemnización por despido y multas (v. fs. 1.233/1.242 vta.).
Para así decidir, señaló que la relación laboral culminó por decisión unilateral de Pablo Javier Cesari motivada en el abandono de trabajo de la actora, ya que ésta incumplió el emplazamiento a retomar tareas y/o justificar las ausencias o la imposibilidad de reintegrarse. Por otra parte, manifestó que no lograron evidenciarse los elementos que permitan determinar la existencia de un grupo económico entre los accionados.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.253/1.272 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 1.273.
En su presentación denuncia absurdo y la violación a las normas y la doctrina legal que cita. Asimismo, controvierte la ponderación de la prueba y declara conculcados distintos principios del derecho y de carácter constitucional.
Al efecto, objeta la decisión del sentenciante de grado respecto del abandono de trabajo en que declaró incursa a la actora. Denuncia que el empleador se encontraba imposibilitado de proceder al distracto por dos motivos: por una parte, en tanto no se hallaba cumplido el plazo otorgado en la intimación originaria a retomar tareas, y por otro, en cuanto la requerida se encontraba impedida físicamente de cumplir con el débito laboral, circunstancia que -alega- era conocida por el principal, dado que no contaba con el alta médica.
Finalmente, se agravia del rechazo de la responsabilidad solidaria de los codemandados ya que, indica, surge acreditada la existencia de un "grupo económico". Al efecto, se disconforma de la ponderación de la prueba rendida, en particular el dictamen de la perito contadora y las declaraciones de los testigos.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. De manera preliminar, se impone recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que la evaluación de la conducta de las partes en la fase previa a la rescisión del vínculo laboral, como así también la apreciación y ponderación de las circunstancias fácticas y de la prueba arrimada a la causa para determinar si en el caso existió o no abandono de trabajo, constituye una labor que le compete privativamente a los tribunales de trabajo y ajenas -por ende- al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 100.846, "Cabello", sent. de 18-VI-2014; L. 118.994, "Fernández", resol. de 28-X-2015 y L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
Dicho vicio sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia, y no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente, a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente la impugnación que sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011; L. 117.769, "Sandobal", resol. de 17-XII-2014 y L. 118.397, "Massigoge", resol. de 11-II-2015).
En el caso, el juzgador de grado concluyó que la relación laboral finalizó por decisión unilateral del empleador. Al efecto, señaló que -encontrándose en condiciones de retomar tareas- la trabajadora fue intimada a justificar sus ausencias o acreditar la imposibilidad de reintegrarse y ésta guardó silencio, actitud que fue valorada como injuriosa por el principal, y suficiente como para disponer el distracto. Sobre el particular, manifestó que tal accionar constituye una inequívoca vocación de sustraerse a la prestación y las incumbencias del contrato de trabajo, máxime que la dependiente no estaba impedida de exteriorizar su voluntad de continuidad.
Esta esencial conclusión del fallo no logra ser desvirtuada por la recurrente que tan solo se limita a destacar determinadas circunstancias fácticas y elementos de prueba que -a su criterio- resultarían fundamentales para concluir que correspondía hacer lugar a la acción por despido injustificado. Sin embargo, en ese discurrir omite controvertir la apreciación e interrelación de los distintos medios probatorios efectuada por el juzgador de grado, con arreglo a los cuales arribó a la conclusión impugnada.
Por su parte, corresponde destacar que, como reiteradamente lo ha dicho esta Corte, la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 117.976, "Bea", resol. de 20-VIII-2014; L. 118.381, "Pare", resol. de 11-IV-2015 y L. 119.740, "Barón", resol. de 29-VI-2016), vicio que el interesado -como se dijo- no logra demostrar.
III.2. Asimismo, respecto de la crítica en torno a la violación del art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, es dable recordar que esta Corte ha sostenido que el análisis y determinación de ese linaje de cuestiones -en aras de establecer los presupuestos fácticos de la solidaridad legalmente impuesta-, constituye una atribución privativa del tribunal del trabajo (causa L. 120.848, "De Benedictis", resol. de 15-XI-2017), irrevisable en casación salvo absurdo, vicio que, como se dijo, debe ser eficazmente demostrado por quien lo invoca.
En el caso, dicha hipótesis no se configura, toda vez que la recurrente agota su pretensión en el mero intento de sustituir el criterio de los juzgadores de origen por el propio, exponiendo un particular y personal punto de vista en orden a la apreciación de los hechos y las pruebas de la causa (causas L. 79.601, "Rodríguez", sent. de 23-II-2005; L. 85.901, "Fernández", sent. de 31-V-2006 y L. 120.079, "Espinosa", resol. de 14-XII-2016), técnica que convierte al reproche en ineficaz.
III.3. Finalmente, carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, que sería eventual consecuencia de haberse previamente infringido preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 108.655, "Ankudowicz", resol. de 17-III-2010; L. 116.581, "Formari", resol. de 29-V-2013 y L. 121.320, "Nayar", resol. de 11-VII-2018), supuesto que no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia