Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121743
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrase insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
MORICONI MARIA EUGENIA C/ ALERTA S.A. S/DESPIDO.
La Plata, 20 de febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo n°2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, por mayoría, hizo lugar a la demanda promovida por María Eugenia Moriconi y condenó a Alerta S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de salario del mes de noviembre de 2014 y sueldo anual complementario del segundo semestre del mismo año. Por el contrario, la rechazó en cuanto perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, diferencias salariales y reparación por daño moral (v. fs. 426/438 vta.).
Para así decidir, -en lo que interesa destacar- juzgó que la relación laboral entre las partes culminó por decisión unilateral y justificada de la empleadora, ante los reiterados incumplimientos que implicaron la pérdida de confianza en el proceder de la dependiente, contrario a los principios de colaboración y solidaridad, comportamientos que configuraron injuria en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que impidieron la continuidad del vínculo.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 451/466), el que fue concedido por el a quo a fs. 474.
En su presentación denuncia absurdo y la violación a las normas y la doctrina legal que cita.
En lo sustancial, objeta la valoración de la injuria efectuada por el juzgador de grado, la cual -afirma- no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige. Al efecto, controvierte la ponderación de la prueba. Alega que la empleadora la despidió cuando se encontraba impedida de prestar servicio, toda vez que estaba atravesando una licencia por enfermedad inculpable en los términos del art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, situación que era reconocida por la principal. En consecuencia, niega que las ausencias fueren injustificadas. Relata que nunca fue cuestionado el certificado médico que acompañó. Finalmente, sostiene conculcado el deber de obrar de buena fe.
III. El remedio intentado no es de recibo.
Dable es recordar, ante todo, que evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de la causal invocada para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012; L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014 y L. 119.734, "Scott", resol. de 1-VI-2016).
En tal sentido, es del caso destacar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 108.921, "Vera", resol. de 16-XII-2009 y L. 112.783, "González", resol. de 16-III-2011).
En el caso, el juzgador de grado tuvo por probadas y justificadas las razones que esgrimió la accionada para despedir con causa a la actora. En ese sentido, juzgó acreditado que al término de su licencia anual por vacaciones, la trabajadora no acreditó la existencia de imposibilidad alguna para reintegrarse a sus tareas habituales, y fue sólo después de algunos días cuando envío un certificado médico en el que se le indicaban treinta días de reposo. Asimismo, el a quo señaló que, más allá del hecho de que la accionante trabajara también como enfermera en la delegación Mar del Plata de la Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, el nudo de la cuestión, no estaba en el hecho del pluriempleo, sino de lo que surge de un informe emitido por dicha repartición estatal, donde se indica que la actora durante el mes de noviembre de 2014 se desempeñó normalmente como enfermera en guardias, circunstancia que, como lo evaluó la empleadora, Moriconi no se encontraba impedida de dar aviso de su imposibilidad de concurrir a su trabajo tras la finalización de su período vacacional, sumado a que en el certificado médico que acompañó tardíamente no se alude a que sólo debía guardar reposo exclusivamente en uno de sus empleos, máxime teniendo en consideración la identidad de las tareas prestadas para ambos empleadores. Tales incumplimientos -concluyó el juzgador-, resultaron de mayor gravedad a la luz de los antecedentes que presentaba la trabajadora tornando justificada la decisión rupturista de la empleadora (v. fs. 428/430).
Así, las conclusiones expuestas en la sentencia impugnada no logran ser descalificadas por la recurrente. Ello así, puesto que no se observa el error flagrante en la ponderación de los hechos y prueba de la causa, desde que la impugnación transita sobre la exposición de meros conceptos teóricos y apreciaciones personales, formulando un análisis de los hechos según su propio criterio valorativo, y -esencialmente- reiterando cada uno de los argumentos vertidos en el escrito de demanda, lo que resulta estéril para rebatir el argumento central sobre el que se sustenta el fallo, esto es, que la conducta que se le imputó a la trabajadora resulto de entidad suficiente para justificar la decisión rupturista adoptada por el principal.
Al respecto, ha señalado esta Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficazmente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 91.407, "Flores", sent. de 25-II-2009; L. 114.216, "Cesarini", resol. de 26-X-2011 y L. 117.142, "Giménez", resol. de 5-IV-2013).
No mejora la suerte de la impugnación las citas jurisprudenciales efectuadas que aluden a presupuestos fácticos distintos a los de las presentes actuaciones (causas L. 116.356 "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361 "López Aguado", sent. de 16-VII-2014 y L. 119.490, "Fresino", resol. de 21-XII-2016).
Para terminar, es dable recordar que la determinación de la existencia o no de buena fe en un caso dado constituye una cuestión de hecho ajena -en principio- a la revisión extraordinaria en tanto supone el análisis de la conducta observada por las partes, salvo la existencia del vicio excepcional de absurdo que -como se dijo- no se evidencia en la especie (causas L. 98.861 "Leites", sent. de 5-V-2010; L. 112.468 "Boga", sent. de 13-XI-2013 y L. 119.844, "Pietronave", resol. de 24-VIII-2016).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrase insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
Sergio Daniel Alfano
Subsecretario
Fin de la sentencia