Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121861
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
MORALES RITA AMANDA C/ SANTA ARCELIA S.R.L. Y OTRO/A S/ DESPIDO.
La Plata, 20 de febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la demanda articulada por Rita Amanda Morales y condenó solidariamente a Santa Arcelia S.R.L. y Galeno ART S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de reparación integral por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común (v. fs. 206/226 vta.).
Para así decidir -en lo que interesa destacar por ser materia de agravio-, juzgó acreditado que las dolencias que presenta la señora Morales, y que la incapacitan en un 34.85% del índice de la total obrera, se relacionan con las tareas desempeñadas como asistente geriátrica en favor de la sociedad demandada. Asimismo, concluyó que la empleadora y la aseguradora accionada no han adoptado las medidas suficientes para preservar la salud e integridad psicofísica de la trabajadora, por lo que ambas resultan responsables civilmente por las consecuencias de la minusvalía que padece la actora.
II. Frente a lo así resuelto, Galeno ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 259/268 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 283/285.
En su impugnación denuncia violación de doctrina legal y de los arts. 1, 4, 26, 31 y concs. de la ley 24.557 en tanto, alega, se ha condenado civilmente a su parte, cuando su responsabilidad se limita a la norma que da origen a su obligación, no siendo la eventual omisión de su deber de vigilancia o de seguridad causa adecuada o condición relevante del resultado dañoso. Por último, denuncia la improcedencia de la solidaridad con el empleador.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1.a. No le asiste razón a la compareciente en cuanto sostiene que no se la puede responsabilizar civilmente por hallarse su obligación limitada únicamente a las prescripciones de la citada ley 24.557.
Al respecto, resulta oportuno destacar que la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser eventualmente juzgadas en el marco del derecho común en virtud de incumplimientos de los deberes de prevención y control, ha sido admitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés", sent. de 25-XI-2009, en una definición reiterada -entre otras- en las causas L. 100.966, "Zapata", sent. de 14-IX-2011; L. 103.075, "Vallejos", sent. de 21-XII-2011 y L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014, en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios", sent. de 31-III-2009 y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil", sent. de 26-III-2013.
III.1.b. Por otra parte, cabe recordarle a la recurrente que a partir de la sanción de la ley 24.557, las aseguradoras se han convertido -en concurrencia con el empleador- en sujeto pasivo de la carga de prevención de los infortunios laborales, objetivo primordial que llevó a la sanción de este cuerpo normativo. En consecuencia, no resulta aceptable entender que aquéllas sean meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, muy por el contrario, en el diseño normativo en examen se les ha otorgado un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015; L. 116.955, "Enriquez", sent. de 29-III-2017 y L. 120.712, "Perata", resol. de 15-XI-2017).
III. 2. Finalmente, esta Corte ha declarado que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, es una cuestión privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013 y L. 118.668, "Sosa", resol. de 15-VII-2015).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
En el caso, el tribunal de grado concluyó que se acreditó que la demandada y la aseguradora no adoptaron medidas suficientes para preservar la salud e integridad psicofísica de la trabajadora, así como que tampoco surgían constancias de la realización de los exámenes médicos periódicos, por lo que entendió que la patología incapacitante que padece la actora fue fehacientemente acreditada conforme las pruebas aportadas a la causa, denotándose así el nexo causal entre la tarea efectuada y el daño.
En ese marco, se advierte que la impugnante no logra descalificar las esenciales motivaciones del fallo recurrido por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante de grado debió apreciar la prueba aportada al proceso, soslayando que el aludido absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia.
Resulta evidente, pues, que no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al sentenciante el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 120.712, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia