Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122076
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
DIAZ JUAN CARLOS C/ CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO QUEQUEN S/ DESPIDO.
La Plata, 20 de febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Necochea, rechazó la acción iniciada por Juan Carlos Díaz contra el Consorcio de Gestión del Puerto Quequén en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido, otros rubros de naturaleza laboral y reparación por daño moral (v. fs. 344/363 vta.).
Para así decidir, juzgó que entre las partes no existió un vínculo de linaje laboral sino que, por el contrario, el actor brindó servicios profesionales en forma independiente. En definitiva, especificó que en el caso, no se probaron las notas de subordinación jurídica, técnica y económica que determinan la existencia del contrato de trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica con cargo de fecha 31 de julio de 2018), el que fue concedido por el a quo a fs. 370 y vta.
En su impugnación, relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera violadas. Alega absurdo en la valoración de la prueba. En sustancia, se agravia de que el sentenciante descartó la existencia de un vínculo de linaje laboral. Cuestiona la interpretación que realiza el a quo de las declaraciones testimoniales. Asimismo reputa conculcado el principio de congruencia y el derecho a la defensa en juicio. Finalmente, se agravia de la imposición de costas. Invoca violados los arts. 21, 22, 23, 25, 26 y 39 de la Ley de Contrato de Trabajo, 68 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación laboral, así como la calificación del vínculo existente entre las partes, constituyen cuestiones reservadas -en principio- en forma privativa a los magistrados de trabajo y, por lo tanto, no susceptibles de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009 y L. 118.836, "Chiniellato", resol. de 21-VI-2017).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.946, "Piza", sent. de 2-VII-2010 y L. 120.387, "Valdez", resol. de 28-VI-2017), pues no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente sino que se requiere algo más, esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010 y L. 120.517, "Malatesta", resol. de 7-VI-2017).
En la especie, si bien el recurrente invoca dicho vicio invalidante, su exposición no consigue evidenciarlo, desde que -en rigor- sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causa L. 100.928, "González", sent. de 21-IV-2010).
Ello así pues, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que en conciencia llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la sentencia, se limita a elaborar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, argumentos estos que no logran demostrar concretamente la grave anomalía invocada (causas L. 98.885, "Cinquino", sent. de 7-VII-2010 y L. 105.110, "Duringer", sent. de 12-XII-2012).
Recuérdese que la hipótesis de la efectiva representación del vicio de absurdo no se verifica frente a la decisión opinable, discutible o poco convincente o ante la posibilidad de otras interpretaciones, no pudiendo sustituirse el criterio del juzgador de grado por el personal del recurrente, ni por el propio de la Suprema Corte (causa L. 101.038, "Riera", sent. de 10-XI-2010 y L. 121.408, "Lizaso", resol. de 29-VIII-2018).
III.2. Tampoco resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, ya que cabe recordar que la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo que el interesado -como se dijo- no logra demostrar (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011 y L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016).
III.3. Asimismo, igualmente ineficaz deviene la objeción fundada en la supuesta infracción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo pues, conforme reiteradamente lo ha manifestado este Tribunal, la presunción iuris tantum que consagra la citada norma laboral queda neutralizada si la prueba producida demuestra -como en la especie- que las tareas prestadas por el actor reconocen un origen ajeno al contrato de trabajo (causas L. 97.855, "Obiol", sent. de 22-IV-2009; L. 111.998, "Vázquez Flores", sent. de 17-IV-2013 y L. 117.236, "Cassini", sent. de 29-IV-2015).
Además, en lo relativo a la denunciada transgresión del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que el citado precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
III.4. Por otra parte, luce ineficaz la mera denuncia de transgresión del principio de congruencia y el derecho a defensa en juicio que formula el recurrente, pues, a su respecto, no efectúa desarrollo argumental alguno que evidencie en qué consistiría tal infracción (causas L. 118.185, "García", resol. de 20-V-2015 y L. 118.733, "Merlo", sent. de 17-VIII-2016)
III.5. Por último, el cuestionamiento relativo a las costas tampoco es atendible. Como es sabido, los jueces ordinarios tienen amplias facultades en su aplicación, regulación y distribución, y su decisión en la materia no es, en principio, susceptible de revisión en esta instancia extraordinaria, a excepción de que se demuestre que ha mediado una irracional o irrazonable meritación de las circunstancias de la causa que conduzca a alterar burdamente el carácter de vencido, o a establecer una iniquidad manifiesta en el criterio de distribución de las mismas (causas L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014; L. 118.118, "Giménez", resol. del 26-III-2015 y L. 121.320, "Nayar", resol. de 11-VII-2018)).
Aquí, la pretendida revisión no es viable, pues en el escrito recursivo se ha omitido denunciar y demostrar la existencia de alguno de los vicios precedentemente indicados.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia