Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122109
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
TRACAMILLA FLORENCIA DESIREE C/ COSTA SEBASTIAN FERNANDO S/ DESPIDO.
La Plata, 20 de febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción promovida por Florencia Desiree Tracamilla contra Sebastián Fernando Costa por la cual perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros laborales (v. fs. 220/225 vta.).
Para así decidir, tras evaluar los escritos constitutivos del proceso y las pruebas adquiridas en la causa -confesional, testimonial y documental- tuvo por no probado el vínculo de dependencia alegado en la demanda.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 238/240), el que fue concedido por el tribunal de grado a fs. 241.
En lo esencial, afirma que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la valoración de las probanzas de la causa, en cuanto juzgó no demostrado que entre las partes existió un vínculo de naturaleza laboral.
Asimismo, alega que las definiciones del fallo impugnado vulneran los arts. 9 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado.
III.1. Sabido es que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no es susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009; L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012 y L. 120.146, "Rubisi", resol. de 14-XII-2016).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 90.265, "Jouannys", sent. de 27-II-2008; L. 91.388, "Ortiz", sent. de 16-IV-2008 y L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011).
III.2. En el caso, la parte impugnante si bien lo enuncia, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011 y L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017), en tanto su argumentación se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el a quo y, en ese derrotero, no logra conmover la motivación sobre la que se estructura la decisión de grado, esto es, la inexistencia de una relación de trabajo entre las partes con sus notas características de subordinación técnica, jurídica y económica.
Cabe destacar que las alegaciones que formula, particularmente en relación a la diversa significación que -postula- el tribunal debió atribuir tanto a lo manifestado por las partes al absolver posiciones como a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, en modo alguno resultan aptas para evidenciar el vicio lógico denunciado.
En este aspecto, cabe recordar, que en lo que atañe a la valoración de la prueba oral, la misma queda reservada a los jueces de grado, que gozan amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 112.693, "Perna", resol. de 11-V-2011; L. 115.688, "Berón", resol. de 27-VI-2012; L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013 y L. 120.079, "Espinosa", resol. de 14-XII-2016), que -como se dijo- la interesada no logra demostrar.
III.3. Igualmente ineficaz deviene el cuestionamiento fundado en la supuesta infracción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ello así, por cuanto, conforme lo tiene dicho este Tribunal, si la parte demandada negó toda prestación de tareas de la actora en su favor no resulta aplicable la presunción allí prevista (art. 23, citado), recayendo sobre quien alega la existencia del vínculo laboral la carga de su debida y suficiente acreditación (art. 375, CPCC; causas L. 108.373 "Nuñez", sent. de 21-III-2012; L. 109.742 "Cassino", sent. de 5-XII-2012; L. 117.312 "Casas", resol. de 22-V-2013), imposición que, a mérito de lo resuelto por el sentenciante de grado, la accionante no logró cumplir.
III.4. Finalmente, en cuanto a la denunciada transgresión del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe puntualizar que esta Corte tiene dicho que no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 115.148, "Fazzari", resol. de 26-X-2011 y L. 118.046, "Ruggiero", resol. de 5-XI-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia