Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121631
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
SOSA ESTER INES C/ GIORLANDO EDUARDO JORGE Y OTROS S/ DESPIDO.
La Plata, 27 de febrero de 2019.
Los señores Jueces Pettigiani, de Lázzari, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó íntegramente la demanda entablada por Ester Inés Sosa contra Luis Alberto Giorlando, Eduardo Jorge Giorlando, Elizabeth Iris Giorlando y Daniel Luis Giorlando mediante la que pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de linaje laboral (v. fs. 227/231).
Para así decidir, tuvo por no acreditada la relación laboral denunciada.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 237/244), el que fue concedido por el a quo a fs. 246/247.
En su presentación denuncia absurdo en la valoración de las pruebas, e individualiza las normas y la doctrina legal que considera violadas.
En sustancia, alega que el tribunal soslayó los distintos elementos probatorios introducidos, limitándose a analizar únicamente las declaraciones testimoniales, de manera parcializada.
En ese sentido, manifiesta que no consideró la confesión ficta, ni la rebeldía de los demandados, así como tampoco el juramento del art. 39 de la ley 11.653, vulnerando también los principios sobre la carga de la prueba.
III. El recurso intentado no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. De modo liminar, cabe señalar que en el caso, contrariamente a lo afirmado por la quejosa, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, representado por el monto reclamado en la demanda de cuyo rechazo se agravia, no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente al momento de la interposición del presente recurso, sin que corresponda adicionar los intereses (causas L. 120.211 "Almirón", resol. de 13-IX-2017 y L. 121.352 "Castro", resol. De 6-XII-2017).
III.2. Por otra parte, no se advierte, pese al planteo articulado con sustento en la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), la existencia de un agravio federal que suscite la apertura de esta instancia sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir, toda vez que del embate subyacen denuncias concernientes a la interpretación del derecho común y procesal local que denotan que, en el caso, no se encuentra involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión federal (causas L. 109.338, "Santillán", resol. de 23-XII-2009; L. 116.951, "Recalde", resol. de 17-X-2012; L. 118.037, "Vázquez", resol. de 8-IV-2015 y L. 119.355, "Cabral", resol. de 21-X-2015 ; Fallos: 310:1545; 325:2192 y 1145).
III.3. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, en un caso similar (causas L. 116.489, "Garmendia", resol. de 30-V-2012; L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013; L. 117.282, "Brizuela", resol. de 12-VI-2013 y L. 121.451, "Córdoba", resol. de 13-VI-2018).
III.4. Sentado lo anterior, cabe señalar que la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de violación de doctrina legal la impugnante trae a consideración, en rigor, agravios insoslayablemente vinculados a cuestiones de hecho y prueba -como lo es, entre otras, la relativa a los efectos derivados de la declaración de rebeldía y la confesión ficta-, detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 117.354, "Sequiera", resol. de 31-VII-2013; L. 117.881, "Felloni", resol. de 18-VI-2014; L. 120.379, "Pereyra", resol. de 23-V-2017 y L. 121.233, "Vesprini", resol. de 11-IV-2018).
Por otro lado, la doctrina que emerge de las causas citadas por la interesada, relativas al vicio de absurdo y a la valoración de la prueba, no es idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el mencionado art. 55 de la ley ritual (causas L. 118.068, "Gudiño", resol. de 20-XI-2014 y L. 119.152, "Zuccaro", resol. de 9-XII-2015).
Igual suerte han de correr los precedentes traídos relacionados con la supuesta alteración de las reglas del onus probandi y la interpretación de preceptos de carácter adjetivo, como lo es el art. 39 de la ley 11.653 (causas L. 85.660, Martínez, sent. de 15-VII-2009; L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012; L. 116.842, "Ferreyra Sotelo", resol. de 24-X-2012 y L. 118.298, "Lillo", resol. de 20-XI-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Registrada bajo el n°80
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Fin de la sentencia