Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121704
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que el planteo en él introducido ha sido denegado en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
VALLE EMILIO C/ WOLFF SERVICE S.R.L. S/ DESPIDO.
La Plata, 27 de febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores hizo lugar a la demanda deducida por Emilio Valle y condenó a Wolff Service S.R.L. a abonar la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de carácter laboral (v. fs. 368/388).
Para así decidir, por mayoría, tuvo por acreditada, con sustento en el art. 27 de la Ley de Contrato de Trabajo, la relación laboral invocada por el actor, al margen de su calidad de socio de la demandada.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 405/415), concedidos por el a quo a fs. 424.
III. En la vía extraordinaria de nulidad invoca violado el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Denuncia que el sentenciante valoró la prueba de manera tendenciosa, conculcando la garantía constitucional de igualdad ante la ley.
III.1. De modo liminar, corresponde señalar que el remedio previsto en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución provincial únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 89.528, "Maldonado", sent. de 23-VII-2008; L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011; L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011 y L. 121.503, "Ciancio", resol. de 18-IV-2018).
III.2. En ese contexto, se observa que el embate articulado carece de andamiaje, desde que la interesada -por conducto de una argumentación que, en rigor, traduce una mera crítica al criterio seguido por el sentenciante- se limita a denunciar el supuesto quebrantamiento de la garantía consagrada por el art. 171 de la Constitución provincial, hipótesis que no se verifica en la especie.
En tal sentido, esta Corte reiteradamente ha declarado que no se configura infracción al citado art. 171 si el pronunciamiento dictado se encuentra respaldado en expresas normas legales -como acontece en el caso-, resultando ajena al remedio extraordinario de nulidad la incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación jurídica del fallo (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014 y L. 120.423, "Bocanegra", sent. de 6-XII-2017).
III.3. Asimismo, resulta ajena al presente medio de impugnación la denuncia de violación de garantías constitucionales (causas L. 100.172, "Giustozzi", sent. de 21-III-2012 y L. 117.913, "Staropoli", resol. de 18-VI-2014).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cita las normas y la doctrina que considera transgredidas, la violación de los principios de debido proceso y defensa en juicio, e invoca absurdo y arbitrariedad por errónea interpretación del material probatorio.
En esencia, se agravia de la decisión de grado de tener por acreditada la relación laboral, cuando -alega- de toda la prueba producida surge que el accionante era el socio gerente de la demandada.
IV.1. El recurso intentado ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
IV.2. De modo liminar, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012 y L. 118.745, "Pereyra", resol. de 26-VIII-2015).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado con la conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011 y L. 119.873, "Noceda", resol. de 10-VIII-2016).
En el caso, la parte impugnante si bien lo enuncia, no cumple con la carga de acreditarlo, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011 y L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017), en tanto su argumentación se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado al valorar los escritos constitutivos de la litis y el material probatorio adunado a la causa y, en ese derrotero, no logra demostrar que medie error en el modo como resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para evidenciar la concurrencia del endilgado vicio invalidante (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014).
IV.3. Para más, se impone recordarle a la apelante que a los fines de fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no resulta idóneo remitir a las circunstancias fácticas ponderadas en el voto minoritario plasmado en el pronunciamiento de grado, máxime si por esa vía se elude controvertir adecuadamente los fundamentos que estructuran la construcción jurídica del fallo dictado por la mayoría del tribunal (causas L. 105.333, "Piñero", sent. de 7-XII-2011 y L. 118.052, "Vallejos", resol. de 24-IX-2014).
IV.4. Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas de la carga de la prueba, la interesado no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
IV.5. Desde otroángulo, en cuanto a la vulneración de la doctrina sentada en torno al art. 27 de la Ley de Contrato de Trabajo, citada a fs. 410 y vta., cabe recordarle a la recurrente que aquélla deviene ineficaz si los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 110.363, "Moreira", sent. de 31-VII-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014 y L. 121.099, "Oyhanarte", resol. de 29-XI-2017).
IV.6. Finalmente, dable es señalar que la invocación de violación de principios constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la transgresión de otras normas legales que no fueron acreditadas (causas L. 100.690, "Fernández", sent. de 17-VIII-2011 y L. 105.571, "Bettiolo", sent. de 5-XI-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que el planteo en él introducido ha sido denegado en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Registrada bajo el n°85
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Fin de la sentencia