Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122319
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso extraordinario de nulidad traído, en atención a que los planteos en él introducidos han sido denegados en casos sustancialmente análogos y rechazar el de inaplicabilidad de ley interpuesto en atención a que el agravio desplegado en el punto IV.3. no reúne los requisitos esenciales y el desarrollado en el punto IV.4. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 298 y 289, CPCC).
SERENAL RODOLFO OSCAR Y OTROS C/ JUNARSA S.A.C.I.F.A. S/DESPIDO.
La Plata, 27 de febrero de 2019.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, de Lázzari y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la demanda que Rodolfo Oscar Serenal, Raúl Esteban Angeloni, Darío Damián Villegas, Ricardo Darío Ballesteros y Aníbal Alberto Rodríguez interpusieron contra JUNARSA S.A.C.I.F.A. en procura del cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 504/520).
Para así decidir, tuvo por acreditada la entidad suficiente de la injuria alegada en el intercambio telegráfico habido entre las partes, por lo que hizo lugar a la acción promovida.
II. Frente a lo así resuelto, la demandada interpone recursos extraordinarios de nulidad, inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. fs. 544/567), siendo concedidos los dos primeros y rechazado el último (v. fs. 568/569 vta.).
III. En la vía extraordinaria de nulidad, se agravia de que el tribunal de grado haya omitido prueba esencial para la resolución de la litis así como prescindencia de juicio lógico que de sustento a las afirmaciones del tribunal, correspondiendo anularse de oficio el pronunciamiento.
III.1. Al respecto, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011; L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011 y L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018).
III.2.a. En este marco, el embate articulado carece de andamiaje, desde que la simple lectura del libelo impugnativo da cuenta que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el planteo a la imputación de presuntos errores in iudicando , cuyo tratamiento es ajeno al acotado ámbito de actuación del carril de nulidad intentado y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.432, "Bordon", resol. de 17-XII-2014 y L. 118.841, "Magan", resol. de 21-X-2015).
III.2.b. Por otro lado, y con relación a la supuesta configuración del vicio de absurdo, es doctrina de esta Suprema Corte que tal hipotética crítica no puede ser canalizada mediante el presente carril de impugnación extraordinario (causas L. 94.686, "Álvarez", sent. de 9-IV-2008; L. 96.679, "Cisneros", sent. de 2-III-2011; L. 120.333, "Rosales", resol. de 27-XII-2017 y L. 121.495, "Bezpalov", resol. de 26-IX-2018).
III.3. Finalmente, corresponde recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte, establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio cuando las falencias de que adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la potestad revisora, razón por la cual se halla vedada a las partes la posibilidad de realizar planteos de esa naturaleza al fundar sus recursos extraordinarios (causas L. 92.090, "Hidalgo", sent. de 9-IV-2008; L. 103.825, "Benítez", sent. de 18-IV-2011; L. 107.395, "Sueyro", sent. de 25-IV-2012; L. 119.544, "Ibeas", resol. de 1-VI-2016 y L. 121.353, "Mayorano", resol. de 6-VI-2018).
IV.1. En su recurso de inaplicabilidad de ley se agravia en primer lugar de que el tribunal de grado se apartó de la escala salarial de la actividad para determinar la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Por otro lado, alega que el a quo no ponderó que la empresa demandada se encontraba en un plan de pagos con respecto a los aportes de los actores, por lo que no corresponde el progreso de la sanción conminatoria del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
IV.2. El recurso no puede prosperar.
IV.3.a. Cuestiones de orden metodológico imponen examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso, particularmente en lo referido al valor del litigio.
IV.3.b. Debe repararse en que los cuestionamientos traídos por la recurrente versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda, en consecuencia, y como ha señalado esta Corte (causas L. 86.645, "Barroso", sent. de 21-V-2008; L. 90.653, "Valdebenito", sent. de 26-VIII-2009 y L. 108.498, "Carabajal", sent. de 22-V-2013; e.o.) el valor del litigio a los fines recursivos debe ser ponderado en función de la naturaleza jurídica de cada una de las acciones deducidas, pues los reclamos han merecido un análisis diferenciado por el sentenciante, conforme los hechos invocados y acreditados durante la sustanciación del proceso.
IV.3.c. A partir de tales premisas, en relación al primero de los agravios traídos, verificándose en el caso la existencia de un litisconsorcio activo, el valor de lo cuestionado estaría representado por la diferencia entre el importe de condena individualmente determinado para cada actor, liquidado en base a la mejor remuneración mensual, normal y habitual que fijó el a quo y aquélla que resultaría de utilizar las pautas pretendidas por la recurrente. Sin embargo, cierto es que, en su escueta impugnación, la interesada prescindió de toda iniciativa conducente a mesurar el agravio que invoca, incumpliendo entonces con la carga que tiene de acreditar que el monto del litigio supere la suma establecida como umbral en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 119.030, "Ojeda", resol. de 2-XII-2015 y L. 119.539, "Albornoz", resol. de 4-V-2016).
En tales condiciones, el abordaje del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el artículo 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
IV.3.d. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la recurrente, en cuanto dirigido a impugnar el modo en que el a quo determinó la mejor remuneración mensual, normal y habitual, trae a consideración doctrina definitoria del vicio de absurdo, la cual reiteradamente ha sostenido este Tribunal que no resulta idónea para habilitar la excepción en tratamiento (causas L. 116.650, "Games" y L. 116.559, "Ciarallo", resols. de 8-VIII-2012; L. 120.750, "Benitez", resol. de 11-X-2017 y L. 121.720, "Gómez", resol. de 17-X-2018).
IV.4.a. Ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653) la impugnación vinculada al restante agravio traído, pues -si bien el tribunal del trabajo cuantificó el monto del rubro; v. liquidación, fs. 515/516 vta.- esta Corte tiene dicho que el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna el litigio, a los fines del recurso, de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653, causas L. 95.251, "Díaz", sent. de 8-IX-2010; L. 102.460, "Garcés", sent. de 7-III-2012 y L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013).
IV.4.b. Esta Corte ha declarado que determinar -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se verifican los requisitos a los que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo. Las conclusiones que al respecto se formulen en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no son susceptibles de revisión en casación, salvo que se acredite el supuesto excepcional de absurdo (causa L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012).
Claro está que esto último exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 75.525, "La Bella", sent. de 2-X-2002; L. 93.868, "B., A. D.", sent. de 10-IX-2008 y L. 95.687, "Duarte", sent. de 16-IX-2009).
IV.4.c. Partiendo de esa base, el recurso es ineficaz, por insuficiente, toda vez que no alcanza a demostrar que el sentenciante hubiera incurrido en el vicio señalado. En el caso, el tribunal del trabajo interviniente hizo lugar al reclamo afincado en la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
En tal sentido, juzgó acreditado en virtud del informe elaborado por la AFIP (v. fs. 319/361) que la demandada no había ingresado la totalidad de los aportes de la seguridad social y de obra social, retenidos oportunamente a los actores.
Así, las conclusiones expuestas en la sentencia impugnada no logran ser descalificadas por la recurrente. Ello así, puesto que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de aquella tarea llevada a cabo por los magistrados, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 100.076, "Romero", sent. de 9-XII-2010 y L. 118.015, "Díaz", resol. de 6-VIII-2014).
En este orden, cabe recordar que esta casación tiene dicho que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación concreta, directa y eficaz de todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que -como en el caso- deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 118.242, "Condoleo", resol. de 20-XI-2014; L. 118.080, "Maletti", resol. de 29-X-2014 y L. 121.055, "Ramos", resol. de 30-V-2018).
IV.5. Finalmente, corresponde agregar que propiciar la anulación de oficio de un pronunciamiento no es propio de los litigantes (causas L. 97.080, "Szucs", sent. de 1-IX-2010; L. 105.943, "Ramírez", sent. de 29-II-2012; L. 117.926, "Recalde", resol. de 4-VI-2014 y L. 120.079, "Espinosa", resol. de 14-XII-2016).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que respecta al recurso extraordinario de nulidad articulado, comparto la solución propuesta por los colegas que me preceden.
II. En orden al remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, adhiero a lo expuesto por los magistrados que abren la votación. Solo me permito aclarar que, en lo que se refiere al punto IV.3, en las causas L. 97.082, "Santisteban", sent. de 30-III-2011 y L. 108.498, "Carabajal", sent. de 22-V-2013, a fin de examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (valor del litigio), entendí necesario el análisis de la normativa vigente. En dichas causas determiné que no resulta pasible de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de agravio, en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos, por lo que en orden a la brevedad remito a aquellos precedentes.
Dado que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño lo decidido por los colegas que me preceden en la votación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar el recurso extraordinario de nulidad traído, en atención a que los planteos en él introducidos han sido denegados en casos sustancialmente análogos y rechazar el de inaplicabilidad de ley interpuesto en atención a que el agravio desplegado en el punto IV.3. no reúne los requisitos esenciales y el desarrollado en el punto IV.4. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Registrada bajo el n°87
mff
Fin de la sentencia