Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119703
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto desestimó la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 45, ley 25.345), cuyo progreso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique la liquidación correspondiente.
Costas a la demandada vencida (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Pettigiani, Soria, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.703, "Sánchez, Pablo Germán contra Malanas S.R.L. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su condición de vencida (v. fs. 32/40 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 48/49 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Pablo Germán Sánchez contra Malanas S.R.L. y, en consecuencia, condenó a esta última al pago de diferentes rubros de naturaleza salarial e indemnizatoria. Rechazó, en cambio, en lo que resulta de interés, la pretensión por la que procuraba percibir la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así resolver, consideró que la intimación cursada por el actor el día 21 de marzo de 2013 reclamando la entrega de la documentación prevista en este último dispositivo resultó prematura, toda vez que fue remitida por el trabajador con anterioridad al vencimiento de los treinta días contados desde la consumación de la extinción de la relación laboral ocurrida el 28 de febrero del mismo año (art. 3, dec. 146/01).
Asimismo, desestimó el planteo de inconstitucionalidad de la citada norma reglamentaria introducido en el escrito de inicio, por entender que dicha declaración -por resultar un acto de suma gravedad- debe disponerse como ultima ratio , cuando no exista ningún otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparada por la Constitución nacional. En tal sentido, argumentó que dicho extremo no se verificó en autos toda vez que el accionante no argumentó encontrarse imposibilitado de cursar el aludido emplazamiento en forma temporánea (v. vered., segunda cuestión, fs. 34 y sent., fs. 36 vta. y 37).
II. Contra esta decisión se alza la legitimada activa mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la transgresión de los arts. 14 bis y 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 499 del Código Civil (ley 340); 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
En lo esencial, objeta el rechazo de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo con fundamento en el incumplimiento del término establecido en el art. 3 del decreto reglamentario 146/01, por entender que dicha conclusión resulta violatoria de la doctrina legal de esta Corte que emana de las causas L. 92.547, "Juárez" (sent. de 28-V-2010); L. 100.241, "Sánchez" (sent. de 26-X-2010); L. 98.696, "Rolando" (sent. de 4-V-2011); L. 95.634, "Dos Santos" (sent. de 21-III-2012) y L. 116.432, "Bordigoni" (sent. de 7-V-2014).
Agrega que en el caso, deviene indiferente el plazo consagrado en el decreto reglamentario, habida cuenta que la demandada tampoco cumplió con su obligación aun luego de su vencimiento (v. fs. 48 vta. y 49).
Por otro lado, reitera el planteo de inconstitucionalidad del art. 3 del referido decreto por entender que vulnera el espíritu del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que el Poder Ejecutivo de la Nación extralimitó sus facultades al dictarlo (v. fs. 49 y vta.).
III. En mi opinión, el recurso debe prosperar.
III.1. Liminarmente, observo que -como lo declaró el sentenciante al conceder el recurso (v. fs. 58 y vta.) y tal como lo reconoce el propio recurrente en su impugnación (v. fs. 48 y vta.)- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VII-2010), de modo que la admisibilidad del remedio procesal deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012 y L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013; e.o.).
Sin embargo, el agravio que porta el remedio extraordinario deducido (por el que se pretende la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 del dec. 146/01) involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490, in re "Strada"; 311:2478, in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Luego, estando en debate una cuestión federal, las formalidades procesales que regulan los recursos extraordinarios locales no podrían vedar el acceso a esta Suprema Corte a fin de que resuelva la cuestión constitucional planteada (causa L. 89.651, "Salum", sent. de 11-VII-2012).
III.2. Aclarado ello, advierto que sobre el tema me pronuncié al emitir mi voto en la causa L. 92.547, "Juárez", sentencia de 28-V-2010 -citada por el impugnante-, por lo que creo oportuno reproducir aquí, en cuanto sea pertinente, los fundamentos allí expresados.
III.2.a. Señalé en aquella oportunidad que el texto del art. 80 de la ley 20.744 impone al empleador la obligación de entregar los certificados que la norma expresa "dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento". Por su parte, el art. 3 del decreto 146/01 que lo reglamenta, establece que "el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente a que hace alusión el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiera hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. por el decreto 390/1976 y sus modificatorias) dentro de los treinta días (30) corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo".
Como se advierte, el recaudo temporal adicional que impone el decreto reglamentario constituye un evidente exceso en relación a la norma que reglamenta toda vez que esta última nada indica al respecto. El art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional reconoce al Presidente de la Nación la atribución de expedir instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. En ese esquema, el art. 3 del decreto 146/01 es inconstitucional.
III.2.b. Así las cosas, acierta el interesado al impugnar la validez constitucional de aquella norma reglamentaria y logra que se deje sin efecto la sentencia que rechazó la pretensión con fundamento en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo por considerar incumplida la condición temporal prevista por el art. 3 del decreto 146/01.
III.3. Asumida la competencia positiva y teniendo en consideración las implicaciones que derivan del instituto de la apelación adhesiva, lo que supone que en la resolución del presente recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deba tener en cuenta lo alegado por la parte ausente en su tramitación, debido a que la sentencia le fue favorable, adelanto que, en mi opinión, la impugnación alcanza éxito.
En efecto, la intimación a la entrega del "certificado de trabajo servicios y remuneraciones" (v. telegrama de fecha 21 de marzo de 2013 obrante a fs. 5), debe reputarse recibida a tenor del informe emitido por el Correo Argentino (v. fs. 25 y vered. segunda cuestión, fs. 34) y de la rebeldía declarada de Malanas S.R.L. (v. fs. 14), sin que la emplazada haya dado cumplimiento oportuno al requerimiento, tampoco a lo largo del trámite judicial, motivo por el cual resultó condenada a hacer entrega de tales instrumentos (v. sent., fs. 38 vta.).
IV. Por todo lo expuesto, el recurso debe prosperar, debiendo condenarse a la accionada al pago de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Los autos deberán volver a la instancia de origen a fin de que se practique la liquidación correspondiente.
Costas a la demandada vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto en el punto III.1. del voto que abre el acuerdo, en cuanto señala que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el límite previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
Tampoco puede soslayarse -como lo indicó mi colega- que el agravio que porta el remedio extraordinario deducido (por el que se pretende la declaración de inconstitucionalidad del art. 3, dec. 146/01) involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
I.2. Sobre dicha base, aunque por razones diferentes a las expuestas por el doctor Negri, considero que le asiste razón al recurrente. Veamos:
I.2.a. En primer lugar, estimo necesario indicar que, aun dejando a un lado la opinión que pueda merecer el cuestionamiento constitucional referido, lo cierto es que otros motivos -también esgrimidos por el impugnante- me llevan a acoger el agravio en cuestión sin necesidad de -eventualmente- juzgar su inconstitucionalidad, acto de suma gravedad considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas I. 2.340, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 5-III-2008; B. 66.500, "Baldini", sent. de 30-III-2011 y L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012; e.o.).
I.2.b. Surge del intercambio postal verificado en autos que el actor el día 21 de marzo de 2013 emplazó a su principal para que, en el término de 48 hs., hiciera entrega "del certificado de trabajo, servicios y remuneraciones (art. 80 L.C.T.)" (v. telegrama de fs. 5). El a quo juzgó acreditada la recepción del telegrama por parte de la patronal, a tenor del informe emitido por el Correo Argentino (v. fs. 25 y vered. segunda cuestión planteada, fs. 34). Dicha conclusión se vio corroborada por la rebeldía declarada en autos respecto de Malanas S.R.L. (v. fs. 14). Por último, vale señalar que la firma no dio cumplimiento al requerimiento.
A los antecedentes reseñados, cabe agregar -como elemento de no menor valía- que la accionada tampoco se presentó con posterioridad acompañando la documentación solicitada, motivo que definió la decisión del juzgador de condenarla a la entrega de tales instrumentos (v. sent., fs. 38 vta.).
I.2.c. Luego, las circunstancias verificadas en el caso revelan que el propio comportamiento exteriorizado por la firma Malanas S.R.L., en tanto no cumplió con su carga de extender la documentación a la que estaba obligado a lo largo del proceso judicial y no habiendo promovido su consignación, canceló la posibilidad de rechazar el reclamo con sustento en que el requerimiento se habría cursado antes de tiempo, que fue lo que en definitiva juzgó el a quo al señalar incumplidos los recaudos temporales contemplados en el decreto reglamentario 146/01. En el caso, exigirle al trabajador la espera de los treinta días a los que alude la norma reglamentaria para nuevamente requerir la entrega de las certificaciones no resulta justificado, frente a la conducta adoptada por la accionada.
II. Conforme lo dicho, verificado que la demandada incumplió con su obligación legal, cabe acoger la indemnización reclamada con fundamento en lo prescripto en el cuarto párrafo del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. ley 25.345).
Vuelvan los autos a la instancia de grado a fin de que se practique la liquidación correspondiente.
Costas a la demandada vencida.
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto del doctor Negri (conf. voto en la causa L. 100.590, "Vega", sent. de 3-IV-2014, en donde presté mi adhesión a mi distinguido colega).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Frente a la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria (art. 278, CPCC, según ley 14.141), la admisibilidad del medio extraordinario de impugnación debe justificarse en el ámbito de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, cuyo supuesto habilitante se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina vinculada con la interpretación de las normas que han regido la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el pronunciamiento recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015 y L. 119.351, "Martínez", sent. de 6-IX-2017).
No obsta a lo expuesto en el párrafo anterior lo alegado por el impugnante en cuanto a los fines de evidenciar la admisibilidad del recurso alega que se verifica una cuestión federal -a su juicio- reflejada en el planteo de inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01, en tanto el análisis de esa pretensión habrá de ser desplazado por la solución que seguidamente se expondrá, enmarcada en otra línea argumental también traída por el interesado y que luce apta para demostrar que en el caso el tribunal de grado violó la doctrina legal que se invoca.
I.2. Luego, y conforme lo anunciado, encuentro que las razones desplegadas por mi distinguido colega doctor de Lázzari en el punto I.2. de su sufragio -que desde ya comparto- permiten verificar que lo resuelto en la sentencia impugnada colisiona con los criterios fijados por este Tribunal en las causas L. 92.547, "Juárez" (sent. de 28-V-2010) y L. 116.432, "Bordigoni" (sent. de 7-V-2014), recogidos a su vez en el precedente L 99.060, "Escalada" (de toda lógica, no citado en el recurso pues recién se dictó sentencia el día 24-IX-2014, con posterioridad a la interposición del medio de impugnación); es que de acuerdo a aquéllos, ha de señalarse que en la especie el comportamiento exteriorizado por la accionada canceló la posibilidad de rechazar el reclamo con sustento en que el requerimiento del actor se habría cursado antes de tiempo, que fue lo que en definitiva juzgó el a quo al señalar quebrantados los recaudos temporales contemplados en el art. 3 del decreto 146/01.
II. En virtud de lo expuesto, adhiero a la definición a la que arriba el colega doctor de Lázzari en el apartado final de su opinión.
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al sufragio del doctor de Lázzari en tanto el razonamiento seguido por el distinguido colega se condice con el criterio que sostuve en oportunidad de intervenir en la causa L. 99.060, "Escalada", sentencia de 24-IX-2014.
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto desestimó la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 45, ley 25.345), cuyo progreso se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique la liquidación correspondiente.
Costas a la demandada vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia