Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121905
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 7 de marzo de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Carlos Fabián Herrera contra Transportes La Perlita S.A., a la que condenó a abonar la suma que especificó en concepto de sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales. En cambio, rechazó la acción en tanto perseguía el cobro de indemnizaciones por antigüedad, las previstas en los arts. 80 de la ley 20.744, 1 y 2 de la ley 25.323 y sustitutiva de preaviso; sueldo anual complementario correspondiente al segundo semestre de 2014 y primero del 2015; vacaciones del año 2014 y horas extras al 100% (v. fs. 284/295).
Para así decidir, en lo que resulta de interés, evaluando los escritos constitutivos de la causa y el material probatorio de autos -especialmente el intercambio telegráfico- juzgó que el actor trabajó para la accionada desde el 1 de septiembre de 2005 y hasta el 31 de marzo de 2007 en que fue despedido por la empleadora; y que reingresó el 1 de septiembre de 2007 hasta el 4 de septiembre de 2015 oportunidad en que la relación se extinguió por decisión del trabajador, motivada en la falta de dación de tareas y en el silencio que guardó la principal a la intimación que le fuera cursada, causales que el tribunal de grado tuvo por no acreditadas.
En relación al reclamo por horas extraordinarias, lo desestimó por considerar que habían sido ya abonadas por la demandada. Sin perjuicio de ello, agregó, que dicho pedido había sido efectuado en forma global, sin aportar los parámetros mínimos a los efectos de posibilitar eventualmente el cálculo de las mismas.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 311/318), el que fue concedido por el a quo a fs. 321 y vta.
En el escrito recursivo relata los antecedentes de la causa, cita las normas y la doctrina que considera violadas. Alega que ha sido errónea la interpretación de las probanzas que realizó el órgano de grado respecto a la existencia de un distracto anterior entre las partes. También objeta que el juzgador haya avalado el pago "en negro" de las horas suplementarias trabajadas.
Arguye, además que el silencio guardado por la demandada a las intimaciones telegráficas enviadas por el actor, poseía virtualidad suficiente para tornar operativa la presunción contenida en el art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, por cuanto la misiva de la que se valió el juzgador para tenerlo por no acreditado no fue remitida al domicilio del trabajador.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. Sabido es que las conclusiones vinculadas a la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, así como las relativas a la determinación de la autenticidad, remisión y recepción de las piezas telegráficas y, en definitiva, a la valoración del material probatorio para determinar las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen fruto del ejercicio de facultades reservadas a los jueces de la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración de absurdo (causas L. 91.018, "Rojas", sent. de 21-V-2008; L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010; L. 116.498, "Mendoza", sent. de 12-XI-2014; L. 118.422, "Castillo", resol. de 26-III-2015 y L. 119.844, "Pietronave", resol. de 24-VIII-2016).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 111.199, "Baltar", sent. de 14-VIII-2013 y L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III- 2014).
En el caso, el recurrente no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, pues en su crítica se limita a efectuar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, evidenciando tan sólo la intención de disputarle al juzgador la facultad que la ley le confiere para establecer el alcance de los escritos constitutivos de la causa, como así también la de determinar el mérito y habilidad de la prueba producida por las partes para demostrar sus alegaciones (causas L. 96.889, "Arismendi", sent. de 9-IX-2009 y L. 101.679, "Fioritti", sent. de 4-VIII-2011).
De esta manera la impugnación resulta ineficaz para rebatir las motivaciones del fallo atacado, por un lado, en orden a que el actor se desempeñó en relación de dependencia para la accionada en dos períodos, el primero desde el 1 de setiembre de 2005 al 31 de marzo de 2007 y el segundo a partir del 1 de setiembre de 2007 y hasta 4 de setiembre de 2015; y, por otro, en cuanto juzgó que el accionante no logró demostrar -como era su carga- los motivos injuriosos alegados en su comunicación rescisoria, motivados en la falta de dación de tareas y en el silencio guardado por el principal ante la intimación realizada por el trabajador.
En rigor, los fundamentos del pronunciamiento -antes señalados- no son eficientemente descalificados a tenor de la falta de sustancialidad de la réplica, la que se circunscribe a la exhibición de un criterio discordante, pues sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado las atribuciones que le asisten en las cuestiones de índole fáctica y valoración probatoria, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 28-VIII-2014).
Recuérdese, además, que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportado a la causa es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011 y L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012).
III.2. Respecto del agravio con sustento en el rechazo del reclamo por horas suplementarias, cabe señalar liminarmente que esta Corte tiene dicho que establecer si el dependiente se desempeñó o no en horas extraordinarias, constituyen cuestiones de índole fáctica reservadas a la apreciación de los jueces de grado y, en consecuencia, las conclusiones que al respectoéstos formulen no son susceptibles de revisión en casación, salvo absurdo, el cual, en el caso, no logra ser evidenciado (causas L. 111.694, "Guion", sent. de 13-VII-2011; L. 118.046, "Ruggiero", resol. de 5-XI-2014 y L. 121.070, "Gómez", resol. de 28-III-2018).
En efecto, los argumentos que porta la impugnación se muestran carentes de idoneidad para conmover la decisión atacada, en tanto no se dirigen a cuestionar el argumento central que la dota de sustento, ello es, la definición del a quo por la cual concluyó -con base en las pruebas rendidas- que la accionada liquidó y abonó al actor las horas extras laboradas al 50% y al 100%, según correspondía, aunque, de todos modos, dicho reclamo ha sido efectuado en la demanda en forma global, lo que imposibilitaba -eventualmente- el cálculo de las mismas.
Al efecto, ha señalado esta Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficientemente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que -como en el caso- deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 117.142 "Giménez", resol. de 5-IV-2013 y L. 118.643 "Gorozo", resol. de 26-VIII-2015).
III.3. Por último, la denuncia de violación de garantías constitucionales que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 94.507, "Rodríguez Betelu", sent. de 15-IV-2009; L. 94.066, "Villegas", sent. de 3-VI-2009 y L. 108.655, "Ankudowicz", resol. de 17-III-2010) -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Registrada bajo el n°104
mlp
Fin de la sentencia