Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121717
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que los planteos analizados en los puntos III.1, III.2 y III.3 resultan insuficientemente fundados, y que el introducido en el punto III.4 ha sido desestimado en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
SIVORI LORENA ROXANA C/ TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. Y OTROS S/DESPIDO.
La Plata, 13 de marzo de 2019.
El señor Juez doctor Soria y la señora jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la demanda deducida por Lorena Roxana Sivori y condenó solidariamente a Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar), Sistemas Temporarios S.A. y Sistemas Tercerización y Servicios S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, sanción del art. 53 ter de la ley 11.653 y los incrementos previstos en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323. A dicho capital ordenó que se le adicione intereses conforme la tasa pasiva "digital" del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con una vez más sobre los mismos en concepto de la penalidad prevista en el art. 275 de la ley 20.744.
Para así decidir, con sustento en las pruebas producidas -especialmente la testimonial-, consideró acreditado que la relación laboral que unió a las partes se trabó desde el inicio con la empresa codemandada Telefónica Móviles Argentina S.A., quien debió haber registrado a la trabajadora como personal propio.
Al respecto, señaló que el vínculo, registrado en un primer tramo por una empresa de servicios eventuales, y luego por medio de una compañía de tercerización de servicios, había encubierto una interposición fraudulenta de personas en los términos del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por otro lado, juzgó que la empleadora no demostró las causales invocadas en la comunicación rescisoria, en tanto siquiera aportó prueba en ese sentido, por lo que el despido resultó injustificado.
II. Frente a lo así resuelto, la colegitimada pasiva Telefónica Móviles Argentina S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 405/420 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 421.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Alega absurdo en la valoración de la prueba y cita las normas que considera violadas.
En primer lugar, objeta que haya tenido por probado que la accionante se desempeñó desde el inicio a órdenes de su mandante. En ese sentido, manifiesta que el órgano de grado no apreció debidamente las declaraciones testimoniales, en tanto lo hizo de manera fragmentada, sin buscar coincidencias con los restantes elementos probatorios rendidos.
Por otro lado, y en caso que no se hiciera lugar al primer planteo, cuestiona la condena al pago de las indemnizaciones derivadas del despido, especialmente las multas establecidas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, sin tener en cuenta las circunstancias del caso y con un excesivo rigor formal, vulnerando las garantías constitucionales de acceso a la justicia, igualdad procesal, defensa en juicio y el derecho de propiedad.
También se agravia de que se le haya impuesto la penalidad prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, alegando que el tribunal sustenta su decisión en los hechos denunciados por la contadora, los que entiende no fueron acreditados.
Finalmente, impugna la aplicación de la tasa pasiva "digital", en tanto aduce quebrantada la doctrina que cita.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1.a. Preliminarmente, debe señalarse que determinar la fecha de comienzo del vínculo laboral constituye una facultad privativa de los tribunales de trabajo, excluida en principio de la revisión extraordinaria salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 112.417, "Belmonte", resol. de 9-XII-2010; L. 111.694, "Guión", sent. de 13-VII-2011 y L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012).
En ese marco, se advierte que la impugnante no logra descalificar la conclusión del fallo recurrido, toda vez que la crítica sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio expuesto por el juzgador (causas L. 91.740, "Saldivia", sent. de 18-XI-2008 y L. 98.406, "Carreras", sent. de 2-XII-2009), soslayando que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. Resulta evidente, pues, que no basta con invocarlo, resultando indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 96.707, "De Cenarriaga", sent. de 26-VIII-2009 y L. 108.921, "Vera", resol. de 16-XII-2009).
III.1.b. Respecto al cuestionamiento sobre la ponderación de la prueba de testigos, con arreglo al régimen de la ley 11.653, esta Corte ha sostenido con reiteración que el examen y comprensión de la prueba testimonial es asunto reservado a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito y habilidad de las exposiciones, como a la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras, salvo el supuesto extremo de absurdo (causas L. 114.577, "Díaz", sent. de 24-VI-2015; L. 117.721, "Agapito", sent. de 25-XI-2015 y L. 119.010, "Martínez", sent. de 28-II-2016; e.o.).
Además, como lo estableció esta Corte en la causa L. 119.644, "Salas" (sent. de 6-II-2019), tales reglas no resultan sustancialmente alteradas por la utilización, como aconteció en autos, de la técnica de videograbación de la audiencia de vista de la causa implementada por el tribunal de trabajo -notificando de ello a las partes- con arreglo a lo dispuesto por esta Suprema Corte en las resoluciones 3.683/12 y 3.120/14 (v. fs. 376). La aludida herramienta tecnológica, orientada a facilitar el examen material de lo actuado en aquel trascendental acto, permitiendo su reproducción, revisión y conservación, no desplaza el referido método de evaluación de la prueba, centrado en la inmediación valorativa de los magistrados de la instancia (art. 44, ley cit.).
Sentado lo que antecede, puede afirmarse, además, que la reproducción en esta sede extraordinaria de la videograbación de la audiencia de vista de la causa (que dentro de un sobre se halla acollarada al expediente) no apuntala las críticas del recurrente, desde que en modo alguno se evidencia absurdidad en las conclusiones volcadas en el veredicto en torno al contenido sustancial de las manifestaciones de los testigos.
Ante las referencias que al respecto realizó el órgano de grado a lo largo del pronunciamiento, se observa que las alegaciones de la interesada sólo reflejan el intento de descalificar la labor axiológica de los jueces de grado. A lo sumo dan cuenta de una mirada diferenciada respecto de los hechos y de cómo debieron apreciarse las pruebas, lo cual, de suyo, carece de idoneidad para configurar el absurdo valorativo (causas L. 107.272, "López", sent. de 17-XII-2014; L. 118.537, "De Lucca", sent. de 28-X-2015 y L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016).
III.2. Idéntico resultado adverso ha de correr el agravio dirigido a cuestionar el fallo en crisis en tanto dispuso el pago de las indemnizaciones por antigüedad, preaviso e integración, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, la prevista en el art. 53 ter de la ley 11.653, así como los incrementos indemnizatorios previstos en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323.
III.2.a. De manera liminar, conviene recordar que reiteradamente ha dicho este Tribunal que evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral, como así también la apreciación de la entidad de la causal invocada para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012; L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014 y L. 119.734, "Scott", resol. de 1-VI-2016).
En el caso, la carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada. Ello así, puesto que debió la recurrente -y no lo hizo- sustentar sus impugnaciones con un cuestionamiento concreto y eficaz de los fundamentos esenciales del pronunciamiento objetado, tarea que no puede juzgarse cumplida cuando -como en el caso- su argumentación se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado y, en ese derrotero, no logra demostrar que medie error en el modo como resolvió la controversia.
En este orden, conviene recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la formulación de su crítica se reduce -en rigor- a una simple divergencia de opinión con las motivaciones sentenciales que inspiran el pronunciamiento (causas L. 117.754, "Caballero", resol. de 12-III-2014; L. 118.799, "Giménez", resol. de 14-X-2015 y L. 121.509, "Iglesias Masello", resol. de 28-XI-2018), método que, sabido es, resulta insuficiente para probar la concurrencia del endilgado vicio invalidante (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014 y L. 121.601, "Cavallottto", resol. de 28-XI-2018).
III.2.b. En lo que atañe a los agravios relativos a las multas impuestas en los términos de la ley 25.323, corresponde señalar que el tribunal de trabajo admitió, por un lado, la sanción contenida en su art. 1 atento a que había quedado demostrada la deficiente registración del vínculo laborativo en orden a la fecha de inicio de la relación; y, por otro, estimó configurados en autos los presupuestos fácticos de aplicación para la procedencia de la multa prevista en el art. 2, en tanto, debidamente intimado a satisfacer el pago de las indemnizaciones por despido y falta de preaviso, la empleadora no lo hizo, obligando así a la trabajadora a iniciar un proceso judicial para poder percibirlas.
Esta esencial motivación del fallo no logra ser desvirtuada por la recurrente, en tanto sólo se limita a plantear, con una técnica por demás objetable, en forma manifiestamente subjetiva, su desacuerdo con la decisión de grado. Ello, sin advertir que su interpretación personal tendiente a obtener el rechazo de ambos rubros o su morigeración, transforma la réplica en una contraposición de criterios no idónea a los fines del recurso deducido (art. 279, CPCC), todo lo cual ha de signar -atento a su marcada insuficiencia- el rechazo de la impugnación bajo análisis.
Además, cabe recordar que determinar si corresponde eximir al empleador -total o parcialmente- del pago del incremento indemnizatorio previsto en el citado art. 2 de la ley 25.323, en tanto se vincula a la ponderación de circunstancias fácticas, corresponde privativamente al tribunal del trabajo, y la decisión que al respecto éste adopte no es revisable en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 97.010, "Soldevia de Díaz", sent. de 14-VI-2010; L. 103.879, "Pellegrino", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.753, "Vidal", sent. de 14-X-2015 y L. 119.161, "Ortiz", sent. de 13-VI-2018), que -como se adelantó- la impugnante no logra probar.
Las apuntadas definiciones bastan para desestimar el agravio traído, en tanto las restantes consideraciones que porta el recurso sobre la temática -en orden a las apreciaciones hasta aquí formuladas- constituyen una mera valoración subjetiva de la quejosa, alejadas de lo que surge de las constancias de autos.
III.2.c. En lo que atañe a la objeción enunciada en torno a la condena a pagar la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la sanción prevista en el art. 53 ter de la ley 11.653, corresponde observar que no abastece el cometido de una adecuada fundamentación la mera denuncia de normativa que la apelante considera infringida, desde que no se efectúa desarrollo argumental alguno que evidencie en qué consistiría la infracción de la citada normativa.
En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica del recurrente denunciar la normativa o doctrina legal violada o erróneamente aplicada, mención que debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se habría producido (causas L. 115.935, "Rosetti", resol. de 29-II-2012; L. 117.002, "Aquin", resol. de 17-IV-2013; L. 116.648, "Pennisi", sent. de 10-IX-2014 y L. 118.387, "Sala", resol. de 19-II-2015).
III.3. Con relación al agravio que gira en torno a la denuncia de violación del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe recordar que establecer la existencia -o no- de temeridad y malicia es facultad privativa del juzgador (causas L. 59.054, "Degano", sent. de 25-III-1997 y L. 116.426, "Fantini", resol. de 3-V-2012) y, por lo tanto, tal conclusión no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 90.105, "Romero", sent. de 28-IX-2005; L. 94.963, "González", sent. de 26-XI-2008 y L. 120.702, "Frisicale", resol. de 6-XII-2017), no logrando demostrar la interesada que la ponderación que de su conducta efectuó el a quo resulte imbuida por el referido vicio.
III.4. Por último, tampoco prospera el cuestionamiento dirigido a imponer los intereses estipulados en el fallo. Como quedó dicho, el juzgador dispuso aplicar al capital de condena intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema banca internet provincia denominada "digital".
Al respecto, corresponde destacar que en la causa L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016, esta Suprema Corte -por mayoría-, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016; L. 119.905, "Galván", resol. de 26-X-2016 y L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016.
Por ello, corresponde rechazar el recurso y mantener el pronunciamiento de grado en lo que fue materia de agravio. Con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas que me preceden y en relación al agravio tratado en el punto III.4. remito -en honor a la brevedad- a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente", sents. de 31-X-2016 -entre otras-, pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v.gr. L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modif., acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto de mis colegas preopinantes, aunque habré de señalar, respecto del cuestionamiento vinculado a la tasa de interés moratorio, que tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", con sentencia de 15-VI-2016, como en la causa C. 119.176, "Cabrera", con sentencia de igual fecha (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; L. 118.604, "Gómez" y L. 118.366, "Del Negro", sents. de 26-X-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a la que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; y 279 y 289, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que los planteos analizados en los puntos III.1, III.2 y III.3 resultan insuficientemente fundados, y que el introducido en el punto III.4 ha sido desestimado en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia