Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121942
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
MORTL CLAUDIO ARIEL C/ CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. S/DESPIDO.
La Plata, 13 de marzo de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó íntegramente la demanda incoada por Claudio Ariel Mortl contra Camuzzi Gas Pampeana S.A. por la que procuraba obtener el cobro de la indemnización por daños y perjuicios por despido discriminatorio, la reinstalación en su puesto de trabajo y el pago de los salarios caídos (v. fs. 364/374 vta.).
Para así decidir -con apoyo en el análisis de la prueba colectada en el proceso- juzgó que el actor fue despedido sin causa por su empleador, aunque no se probó la existencia de una conducta discriminatoria por parte de la empresa accionada en los términos de la ley 23.592 y del art. 81 de la ley 20.744.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 381/383 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 384 y vta.
En su presentación denuncia los vicios de absurdo y arbitrariedad, la violación del principio de congruencia y del art. 44 inc. d de la ley 11.653.
Manifiesta que -a su criterio- se ha probado el accionar discriminatorio de la firma demandada, omitiendo el tribunal interviniente valorar las pruebas sobre el particular y alterando las reglas del onus probandi .
III. El recurso no puede prosperar.
III.1.a. De modo liminar, cabe señalar que -en esencia- el remedio incoado se dirige a controvertir la decisión del órgano judicial de grado, quien, en mérito a los escritos constitutivos del proceso y la prueba aportada y producida en la causa, rechazó el pedido del accionante de caracterizar al despido directo como discriminatorio.
Así, las conclusiones expuestas en el pronunciamiento atacado se vinculan claramente con cuestiones de hecho y prueba, y en ese sentido tiene dicho esta Corte que la apreciación de las circunstancias fácticas y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo excluidas, en principio, de la revisión extraordinaria salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 95.453 "A., V.H.", sent. de 18-II-2009 y L. 95.979 "Valerio", sent. de 28-X-2009).
Dicho vicio exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 118.152 "Aveggio", resol. de 29-IV-2015 y L. 116.196 "Medina", resol. de 6-V-2015).
Tales extremos no se observan en la especie.
III.1.b. En efecto, más allá de postular la existencia de elementos de juicio y de indicios suficientes que -a su criterio- el tribunal soslayó para decidir de la forma en que lo hizo, no logra el impugnante acreditar el vicio de absurdo en el desarrollo de la labor que privativamente les compete ejercer a los jueces de grado a fin de que esta Corte pueda examinar las cuestiones fácticas y probatorias que se traen a su conocimiento, como lo son, las vinculadas a la configuración de los presupuestos en los que el trabajador sustentó su pretensión, esto es, que el despido dispuesto por la patronal tuvo su causa en razones de discriminación originadas en un trato salarial desigual, que derivó en la extinción del vínculo pocos días después de reclamar en ese sentido.
Ello así, pues las alegaciones formuladas en el recurso no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos de la tarea llevada a cabo -en forma privativa- por los magistrados de origen, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 118.015 "Díaz", resol. de 6-VIII-2014 y L. 118.162 "Almada", resol. de 3-XII-2014).
III.1.c. Por otro lado, esta Corte ha establecido que la apreciación, jerarquización y selección de las pruebas aportadas a la causa es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es su prudencia jurídica (causas L. 118.788 "Jaime", resol. de 2-IX-2015 y L. 118.904 "Barreto", resol. de 14-X-2015), de la cual -en el caso-, no se demuestra que el sentenciante se hubiera apartado.
III.1.d. A su vez, a tenor de los términos en que fue trabada la litis, no evidencia el recurrente que la decisión resulte extra petita , ni se advierte transgredido el principio de congruencia, desde que la lectura de los escritos postulatorios y del pronunciamiento objetado revelan que existe conformidad entre la sentencia dictada y los pedimentos articulados (causas L. 120.595, "Vega", resol. de 15-XI-2017 y L. 121.523, "González", resol. de 21-XI-2018).
III.1.e. Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas relativas a la carga de la prueba, el interesado no evidencia que el fallo luzca alejado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV- 2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis que no se verifica en el presente caso.
III.1.f. Por último, para que una sentencia sea descalificada por arbitraria debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación del fallo que él exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas (cfr. causas L. 84.586 "Aguilar", sent. de 8-XI-2006; L. 116.678 "Mendilahatzu", sent. de 17-XII-2014), situación que tampoco se advierte en estos autos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia