Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122039
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención de que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
OLIVERA VICTOR RUBEN C/ SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. S/DESPIDO.
La Plata, 13 de marzo de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la demanda interpuesta por Victor Rubén Olivera contra Supermercados Toledo S.A. en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido (v. fs. 428/440).
Para así decidir juzgó que el distracto dispuesto por la accionada resultó justificado. Al respecto, consideró que las conductas imputadas al actor resultaron lo suficientemente graves como para no admitir la prosecución del vínculo laboral.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 447/453), el que fue concedido por el tribunal de grado a fs. 455.
En su impugnación el actor denuncia absurdo en la valoración de la prueba y la violación del principio de congruencia y de la carga de la prueba. Alega que el tribunal varió la causa del despido al hacer partícipe del hecho fundante de la injuria a un evento no tenido en cuenta por la contraria. Asimismo, objeta la ponderación de la prueba testimonial.
III. El remedio intentado no es de recibo.
III.1. Dable es recordar, ante todo, que evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de la causal invocada para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012; L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014 y L. 119.734, "Scott", resol. de 1-VI-2016).
En tal sentido, es dable destacar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 108.921, "Vera", resol. de 16-XII-2009; L. 112.783, "González", resol. de 16-III-2011 y L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018)).
III.2. En el caso, la carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada.
El juzgador de grado -con apoyo en un meticuloso análisis de la prueba colectada en el proceso (especialmente de la testimonial)- juzgó acreditada la justa causa del despido dispuesto por la demandada, toda vez que -a su criterio- la conducta asumida por el actor, en los dos hechos que se le imputaron (por un lado, falta de respeto hacia una clienta, con palabras soeces e insolentes y, por otro, festejar y celebrar con risas, a viva voz y con gestos de aliento los groseros epítetos que un cliente le profirió a otra clienta) resultó inapropiada e intolerable para un dependiente que debe atender público con respeto y trato apropiado, denotando un accionar misógino, y una actitud denigrante, discriminatoria y de violencia hacia la mujer.
Como se adelantó, el interesado no cumple con la carga de acreditar el absurdo alegado, pues sólo se limita a efectuar una personal y diferente valoración de los elementos de juicio evaluados por el tribunal de mérito, lo que no es idóneo a los fines de acreditar que la sentencia está viciada por absurdo. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al judicante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 104.642, "Morgante", sent. de 15-VIII- 2012 y L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013).
En efecto, las alegaciones formuladas respecto de la ponderación de la injuria no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva del recurrente, tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas y los testimonios brindados, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 118.271, "Lugo", resol. de 5-XI-2014 y L. 118.305, "Ciarelli", resol. de 11-II-2015).
En particular, cabe recordar que la valoración de los testimonios queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011 y L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016), supuesto excepcional que el impugnante nuevamente fracasa en demostrar.
III.3. Tampoco mejora la suerte del recurso el embate que gira en torno a la alegada violación del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En el caso, el a quo evaluó los elementos probatorios aportados a la causa en orden a establecer las circunstancias en que se produjo la extinción del vínculo laboral y consideró verificada la configuración de la justa causa invocada por la empleadora.
En consecuencia, no se constituye en la especie violación del citado art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que éste se vulnera cuando el fallo computa como justificantes de la cesantía hechos no invocados por el empleador como motivo de la rescisión, mas no si el pronunciamiento se sujetó a las causales alegadas por el principal (causas L. 109.018, "Zelenay", sent. de 19-XII-2012 y L. 117.960, "Acuña", resol. de 8-X-2014).
III.4. Igual suerte corre el argumento afincado en la violación del principio de congruencia.
Tiene dicho esta Corte que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto sólo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del referido postulado (causas L. 87.372, "Antonini", sent. de 7-III-2007; L. 93.988, "Ferrera", sent. de 3-VI-2009 y L. 117.960, "Acuña", resol. de 8-X-2014).
Tales extremos no se verifican en la especie, desde que la réplica se sitúa en el plano de la mera disconformidad del quejoso con la solución adoptada.
III.5. Cabe agregar que, el interesado no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015; L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015 y L. 121.340, "Sánchez", resol. de 26-IX-2018), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
III.6. Por último, se impone recordar, que este Tribunal reiteradamente ha declarado que la duda a la que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juez al tiempo de dictar sentencia y por lo tanto, no resulta de aplicación tal principio si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 118.123, "Musci", resol. de 30-IX-2014 y L. 118.188, "Calabresi", resol. de 15-X-2014 y L. 121.601, "Cavallotto", resol. de 28-XI-2018), tal y como ocurre en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención de que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia