Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122009
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, atento a que ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, revocándose, en consecuencia, la sentencia impugnada en lo concerniente a la aplicación de la ley 26.773, de conformidad con lo establecido en el punto III.2, y con los alcances señalados en el punto III.4.b. (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas (art. 289, CPCC).
CORREA VERONICA ANDREAC/ PROVINCIA ART S.A. S/DESPIDO.
La Plata, 20 de marzo de 2019.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda incoada por Verónica Andrea Correa contra Provincia ART S.A., a quien condenó a abonar a la trabajadora la suma que especificó en concepto de diferencias en las prestaciones dinerarias por incapacidad parcial temporaria y permanente (v. fs. 176/196 vta.).
Para así decidir, juzgó que existían diferencias en el modo de cálculo del Ingreso Base Mensual (IBM). Por otro lado, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, consideró que correspondía aplicar sobre la fórmula establecida en el art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557 el índice RIPTE previsto en la ley 26.773, declarando -en función de ello- la inconstitucionalidad del decreto 472/14.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 215/223), el que fue concedido por el a quo a fs. 230 y vta.
En su presentación se agravia, en primer lugar, de la aplicación al caso de autos de la ley 26.773 en forma retroactiva, denunciando vulnerada la doctrina de esta Corte sentada en la causa "Staroni".
Asimismo, objeta que, habiendo el tribunal de origen actualizado el capital de condena mediante el índice RIPTE, calculara los intereses moratorios desde la fecha del evento dañoso.
Finalmente, cuestiona la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/14.
III. El recurso prospera.
III.1. De modo liminar, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por las sumas de condena de las que se agravia (índice RIPTE e intereses)- no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual corresponde establecer la existencia o no de la hipótesis de excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Al respecto, cabe recordar que dicho supuesto se verifica cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 119.036, "Corallo", resol. de 1-VII-2015).
III.2. El indicado análisis conduce a reconocer la procedencia de la impugnación, toda vez que la definición plasmada por el órgano judicial de grado, en lo relativo a la aplicación de la ley 26.773 en forma retroactiva, es contraria a la doctrina que actualmente este Tribunal sostiene.
En efecto, esta Suprema Corte -por mayoría- en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decreto 1.278/00, BO de 3-I-2000 y decreto 1.694/09, BO de 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.202, "B. T., E. y o.", sent. de 8-II-2017).
Asimismo, cabe señalar que el criterio expuesto ha sido adoptado por la Corte federal en la causa "Espósito, Dardo Luis c. Provincia ART S.A. s. Accidente - ley especial", sent. de 7-VI-2016.
En consecuencia, teniendo en consideración que a la fecha de ocurrencia del accidente del trabajador, esto es, el 6 de mayo de 2010, se encontraba vigente la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, corresponde revocar el fallo de grado en cuanto dispuso la aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
III.3. A partir de lo expuesto precedentemente, deviene carente de virtualidad pronunciarse sobre la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/14 y el modo de aplicación del mencionado índice RIPTE.
Ello así, en tanto el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas Ac. 62.281, "Macchi", sent. de 4-VI-1996; C. 98.851, "Macari", sent. de 13-VIII-2014 y L. 118.252, "Garro", sent. de 14-IV-2017).
III.4.a. La misma suerte ha de correr el agravio relativo al cálculo de los intereses, pues se encuentra orientado a cuestionar su aplicación en tanto y en cuanto se liquidaron sobre la suma sujeta al mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se ha determinado en el caso.
III.4.b. Sin perjuicio de lo dicho, y debido al modo en que el tribunal de origen resolvió determinar los intereses de la prestación del art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557 (6% anual), precisamente, en razón de haber adoptado como pauta para la fijación de las debidas el índice RIPTE, tomando como fecha de "mejoramiento" o "ajuste" de las prestaciones económicas la fecha de la sentencia (v. sent., fs. 185/186), resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de aplicar la ley 26.773 al importe de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados.
En consecuencia, habida cuenta que los autos deberán volver al tribunal de origen para que practique nueva liquidación del capital de condena, los intereses moratorios fijados -en función de la aplicación al caso de la ley 26.773 que se deja sin efecto- tendrán que ser nuevamente establecidos en dicha oportunidad.
En ese marco, resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por mis colegas preopinantes, y respecto de lo indicado en el punto III.2., dejando a salvo mi opinión plasmada en el precedente L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016, habré de plegarme a la doctrina legal sobre el tópico (art. 31, ley 5.827, y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que, con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció en ese mismo sentido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, atento a que ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, revocándose, en consecuencia, la sentencia impugnada en lo concerniente a la aplicación de la ley 26.773, de conformidad con lo establecido en el punto III.2, y con los alcances señalados en el punto III.4.b. (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia