Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122062
MONTEAGUDO EMILIANO HERNAN C/ TRAMMEL S.A. Y OTROS S/ DESPIDO.
La Plata, 10 de abril de 2019.
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda por despido que Emiliano Hernán Monteagudo interpuso contra Trammel S.A., Osvaldo Roncayolo, Ariel Roncayolo, Damian Roncayolo e Inés Nélida Habensus en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido. Por otro lado, la rechazó en lo relativo al cobro de comisiones adeudadas, diferencias salariales y gastos de representación, y en cuanto perseguía el pago de las multas previstas en los arts. 8, 9, 10 y 15 de la Ley Nacional de Empleo y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, desestimó el reclamo de extensión de la responsabilidad a los directores de la sociedad (v. fs. 642/658).
Para así decidir, -en lo que resulta de interés señalar por ser materia de agravio- juzgó no acreditada la fecha de inicio del vínculo laboral, la remuneración, ni la categoría de trabajo que fueran invocadas en el escrito de demanda. Concluyó además, que la jornada de trabajo desarrollada por el actor se ajustaba a la prevista en el art. 11 de la ley 11.544. Finalmente, atendiendo que no se probó la ausente o defectuosa registración de la relación laboral, desestimó el reclamo con sustento en las normas de la Ley Nacional de Empleo, como también la multa a la que alude el art. 80 de la ley 20.744, en este caso, alegando que el interesado no cumplió de manera clara y fehaciente con la intimación requerida. En lo atinente a las personas físicas codemandadas, concluyó que en autos, no se evidenciaron los presupuestos para responsabilizarlos en los términos de los arts. 54, 59 y 274 de la ley 19.550.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 676/689 vta.), el que fue concedido a fs. 694/695.
En su impugnación se agravia de la decisión del tribunal de grado en orden a la fecha de ingreso y categoría laboral que tuvo por acreditada, la remuneración percibida y la extensión de la jornada de trabajo. También del rechazo de las multas previstas en la ley 24.013 ya que, al encontrarse mal registrado, procede la aplicación de las mismas. Por otra parte, objeta que no se haya hecho extensiva la condena a las personas físicas codemandadas en los términos de la ley 19.550.
Por último, se agravia de la aplicación de la tasa pasiva de interés, así como la imposición de costas mayoritariamente a su parte, visto que, en su parecer, fue triunfante parcialmente.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Tiene dicho esta Corte que la apreciación de las circunstancias fácticas -en el caso, las referidas al inicio del vínculo, categoría profesional y duración de la jornada- y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los jueces que integran los tribunales del trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 97.480, "Maciel", sent. de 9-V-2012; L. 111.694, "Guion", sent. de 13-VII-2011; L. 100.981, "Dupont", sent. de 5-V-2010 y L. 118.648, "Jurado", resol. de 26-VIII-2015).
Las conclusiones que al respecto se formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la valoración no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 109.020, "Brandan", sent. de 4-VI-2014 y L. 117.292, "Oyuela", sent. de 19-II-2015).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa, pues no cualquier error, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente constituye el mentado yerro sentencial. Se requiere algo más: esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 114.614, "Pintor", resol. de 14-IX-2011; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014 y L. 121.489, "Vilche Fisher", resol. de 3-X-2018).
III.2. En el caso, no logra el actor acreditar el mencionado vicio ya que el tribunal, con fundamento en la prueba producida tuvo por probado que el señor Monteagudo ingreso a trabajar a órdenes de la accionada el 1 de abril de 2005, que lo hizo en la categoría de vendedor y que su horario se ajustó a la jornada prevista en el art. 1 de la ley 11.544. Tampoco entendió demostrado la remuneración denunciada, ni las diferencias salariales y gastos de representación invocados.
Estas esenciales conclusiones no logran ser conmovidas por el recurrente, toda vez que en su recurso sólo esboza un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento en crisis, a partir de una disímil apreciación de los hechos y las pruebas ponderadas en el fallo. Y en dicha labor (de suyo inhábil para evidenciar la existencia del vicio de absurdo que denuncia) soslaya rebatir eficazmente los motivos que llevaron al juzgador a desestimar los reclamos vinculados con la fecha de ingreso en la relación, la categoría, la remuneración y la jornada laboral.
En efecto, ninguna de las críticas que formula el compareciente deviene eficaz para desvirtuar el análisis y las conclusiones a las que, en ejercicio de facultades que le son privativas, arribó el a quo ; por el contrario, trasuntan su mera disconformidad con la solución dada al caso, sin hacerse cargo de cuestionar los fundamentos esenciales del decisorio.
En este sentido, reiteradamente ha señalado esta Suprema Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficazmente todos los argumentos esenciales del fallo objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ésta se asienta (causas L. 91.407, "Flores", sent. de 25-II-2009; L. 111.383, "Canovil", sent. de 26-III-2014 y L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014).
III.3. Tampoco puede prosperar la crítica vinculada al rechazo de los reclamos por las multas previstas en la ley 24.013.
En el caso, su desarrollo no cumple con la misión estatuida por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, pues -sabido es- resulta indispensable que se efectúe una impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ésta se asienta (causas L. 112.616, "Elbey", resol. de 16-III-2011; L. 118.085, "Frías", resol. de 3-XII-2014; L. 118.395, "Mendoza", resol. de 19-II-2015; L. 119.956, "Olivero", resol. de 21-IX-2016 y L. 120.881, "Berger", resol. de 27-XII-2017).
III.4. En lo atinente a la implicancia que el impugnante intenta adjudicarle a la confesión ficta de la demandada, no se presenta como eficaz propuesta de impugnación, ya que, si bien los jueces del fuero laboral están facultados para tener por ciertos los hechos señalados en las posiciones en rebeldía, no están en modo alguno obligados a acceder automática o mecánicamente -por esa sola circunstancia- a las pretensiones deducidas (causas L. 118.748 "Carotenuto", resol. de 2-IX-2015 y L. 118.904, "Barreto", resol. de 14-X-2015). Máxime, teniendo en cuenta la inveterada doctrina de este Tribunal según la cual la confesión ficta debe apreciarse en su correlación con el resto de las probanzas, atendiendo las circunstancias de la causa, pues de lo contrario se admitiría que prevalezca la ficción sobre la realidad y la decisión así adoptada podría alejarse de la verdad material, siendo potestad privativa de los jueces de grado ponderar sus efectos con amplio margen de discrecionalidad (causas L. 117.840, "Antúnez", resol. de 22-X-2014; L. 118.748, "Carrizo", resol. de 2-IX-2015 y L. 121.379, "Adriel", resol. de 26-IX-2018).
III.5. En lo concerniente al agravio dirigido a objetar el rechazo de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, es menester señalar que, siguiendo en sustancia lo resuelto por esta Corte en los precedentes L. 117.357, "Genetti", sent. de 8-X-2014 y L. 117.524, "Fernández", sent. de 27-V-2015, tratándose el caso de un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones (arts. 15, ley 11.653 y 87, CPCC), y puesto que por esta parcela del reclamo el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no alcanza a satisfacer el monto mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el intento recursivo sobre este tópico debe ser analizado dentro del marco definido en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley ritual del fuero (causa L. 119.630, "Calle", resol. de 4-VIII-2016).
Sentado lo expuesto, no se observa la concurrencia del supuesto de excepción previsto en la citada norma, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 88.686, "Garraza", sent. de 8-X-2008 y L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009), puesto que la recurrente ni siquiera ha citado como transgredida doctrina legal de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por esta vía (causas L. 94.298, "Lescar", sent. de 5-XI-2008; L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009 y L. 108.167, "Guevara Velázquez", sent. de 12-III-2014 y L. 121.040, "Antunez", resol. de 11-IV-2018).
III.6. Con respecto al análisis acerca de la configuración -o no- de los presupuestos a los que la Ley de Sociedades Comerciales subordina la aplicación de sus arts. 54, 59 y 274 constituyen cuestiones cuya valoración se encuentra reservada a la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración del absurdo (causas L. 103.001, "Cantero", sent. de 16-II-2011 y L. 117.143, "Ferraiolo", resol. de 7-IV-2013).
Si bien es cierto que el impugnante ha denunciado la existencia de tal anomalía, no lo es menos que no alcanza, con sus aseveraciones, a demostrar su configuración.
En este sentido, la crítica se asienta en la personal apreciación de los elementos de juicio analizados en la instancia de grado, reiterando, aquellas argumentaciones que ya fueron analizadas y desestimadas por el tribunal de grado y omitiendo cuestionar, como es menester, la conclusión medular que definió este aspecto del fallo, esto es, que respecto de Damián Roncayolo y Raúl Osvaldo Roncayolo no se acreditó la condición de accionistas ni directivos de Trammel S.A., y en orden a los codemandados Inés Nélida Habensus y Ariel Francisco Roncayolo, surge verificado en el caso que la actuación de la sociedad no configuró un mero recurso destinado a la violación de la ley, el orden público, la buena fe y ni para frustrar derechos de terceros.
Y, en este sentido, sabido es que resulta insuficiente el recurso que no contiene una réplica concreta y eficaz respecto de los motivos en los que el tribunal de grado sustentó el pronunciamiento, diluyéndose en una mera contraposición de criterios, que no resulta idónea para obtener la modificación de lo decidido con arreglo a conocida doctrina de este Tribunal (causas L. 102.780, "Caime", sent. de 21-XII-2011; L. 104.008, "D'Anunzio", sent. de 28-III-2012; L. 105.816, "C., A.", sent. de 8-VIII-2012; L. 110.785, "Dinapoli", sent. de 14-VIII-2013 y L. 120.837, "Rubel", resol. de 6-XII-2017).
III.7. El cuestionamiento relativo a las costas tampoco es atendible.
Como es sabido, los jueces ordinarios tienen amplias facultades en su aplicación, regulación y distribución, y su decisión en la materia no es, en principio, susceptible de revisión en esta instancia extraordinaria, a excepción de que se demuestre que ha mediado una irracional o irrazonable meritación de las circunstancias de la causa que conduzca a alterar burdamente el carácter de vencido, o a establecer una iniquidad manifiesta en el criterio de distribución de las mismas (causas L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014 y L. 118.118, "Giménez", resol. de 26-III-2015).
Aquí, la pretendida revisión no es viable, pues en el escrito recursivo se ha omitido denunciar y demostrar la existencia de alguno de los vicios precedentemente indicados.
Asimismo conviene recordar -ya que a ello hace mención el impugnante- que el beneficio de gratuidad consagrado en el art. 22 de la ley 11.653 no impide la imposición de costas al vencido, sino que sus efectos sólo se proyectan de pleno derecho como un eximente de pago hasta que mejore de fortuna (causas L. 89.615, "Ortigosa", sent. de 28-V-2008; L. 93.926, "Segovia", sent. de 28-V-2010; L. 106.545, "Falcón", sent. de 24-IV-2013; L. 100.830, "Abelen", sent. de 3-XII-2014 y L. 121.320, "Nayar", resol. de 11-VII-2018).
III.8. Por último, debe prosperar el agravio destinado a impugnar la tasa de interés aplicada por el tribunal de grado con el siguiente alcance.
En efecto, esta Suprema Corte -por mayoría- reiteradamente ha declarado que debe asumir su labor uniformadora de la jurisprudencia fijando una doctrina legal (arts. 161 apdo. 3 inc. "a", Const. prov.; 279, CPCC y 55, ley 11.653), desde que dicha determinación reviste un innegable valor expansivo que justifica la intervención del Tribunal (ver, entre miríada de precedentes, causa L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009).
En la citada causa "Ginossi" este Tribunal -por mayoría- ratificó la doctrina legal que venía sosteniendo en materia de tasa de interés desde la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.928 y con ulterioridad a la desarticulación del sistema de convertibilidad (ley 25.561), ya que éste no implicó la necesidad de modificarla.
Luego, la convalidación de la indicada doctrina -manteniendo invariable su contenido- se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.399 (BO, 21-XII-2012), en cuanto modificó la norma del art. 48 de la ley 11.653, toda vez que en las causas L. 90.768, "Vitkauskas"; L. 102.210, "Campana"; L. 108.142, "Díaz"; L. 108.164, "Abraham" y L. 110.487, "Ojer" (sents. de 13-XI-2013) esta Suprema Corte -por mayoría- declaró la inconstitucionalidad de la citada ley local por juzgarla en pugna con la Constitución nacional.
Ahora bien, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dispone en su art. 768 inc. "c", de modo subsidiario, la aplicación de las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.
En este contexto, atendiendo la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768 inc. "c", Cód. cit.), esta Suprema Corte en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), ha precisado -por mayoría- la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento, determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016; L. 119.905, "Galván", resol. de 26-X-2016; L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016; entre muchos.
Por ello, y con el alcance indicado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas por su orden (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por el doctor Soria, remitiéndome respecto del agravio dirigido a objetar la tasa de interés, a los argumentos que he dejado expuestos en las causas L. 119.316, "Melgarejo" y L. 119.422, "Clemente", sents. de 31-X-2016 -entre otras-pues habiéndose consolidado la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 118.587, "Trofe", y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453 "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia en cuanto determina que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto de mis colegas preopinantes, aunque habré de señalar, respecto de la tasa de interés, que tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; L. 118.604 "Gómez" y L. 118.366, "Del Negro", sents. de 26-X-2016), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a la que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827, y modif. y 279 y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al sufragio del doctor Soria y, en relación al agravio dirigido a objetar la tasa de interés, remito a las consideraciones que tuve oportunidad de señalar en los precedentes C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sents. de 15-VI-2016), que doy por reproducidas merced a razones de economía y celeridad procesal.
Por ello, esta Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con relación a los agravios tratados en los puntos III.2, III.3, III.4, III.6 y III.7 en tanto han sido insuficientemente fundados y el del punto III.5. porque no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, corresponde admitir la vía extraordinaria respecto del planteo desarrollado en el punto III.8., atento a que el cuestionamiento introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos, revocándose, en consecuencia, la sentencia impugnada en lo concerniente a la tasa que juzgó aplicable para el cálculo de los intereses, los que deberán liquidarse, exclusivamente sobre el capital, acudiendo a la alícuota más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente en los d
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