Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121926
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC).
BOUCIGUEZ PAMELA YESICA C/ MAGIC STAR S.A. CASINO BUENOS AIRES S.A. UTE S/DESPIDO.
La Plata, 10 de abril de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Pamela Yesica Bouciguez contra Magic Star S.A. Casino Buenos Aires S.A. Unión Transitoria de Empresas, condenando a ésta a abonar a la actora la suma que indicó, por los conceptos vacaciones proporcionales y sueldo anual complementario. En cambio, rechazó los reclamos de indemnizaciones por despido, preaviso, integración mes de despido, las multas previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, y diferencias salariales (v. fs. 135/150 vta.).
Para así decidir, el sentenciante de grado -con apoyo en el análisis de la prueba colectada en el proceso- declaró no acreditadas las injurias invocadas por la accionante para colocarse en situación de despido indirecto.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 156/167 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 168 y vta., habiéndose conferido vista al señor Procurador General a fs. 186 (v. dictamen, fs. 187/188 vta.).
En su presentación, la recurrente expresa que debe descalificarse la sentencia, al sostener que la misma ha sido dictada en violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En tal sentido, alega la omisión de cuestión esencial y la falta de fundamentación normativa en el decisorio impugnado. Asimismo, afirma que el pronunciamiento objetado fue resuelto por uno solo de los jueces que integran el tribunal de grado, y no existe voto individual del resto de los magistrados intervinientes quienes solo han prestado su adhesión al sufragio emitido en primer lugar. Por último, invoca absurdo y arbitrariedad, y la violación de diversas normas, garantías constitucionales y principios fundamentales del derecho del trabajo.
III.1. En primer lugar, dable es señalar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución provincial únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 116.982, "Copioli", resol. de 5-IV-2013; L. 118.295, "Díaz", resol. de 12-XI-2014 y L. 117.475, "Carnavalini", resol. de 30-IX-2014).
III.2. En tal sentido, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se observa que la crítica no puede subsumirse en ninguna de las hipótesis que tornan operativa la impugnación por el presente carril.
III.2.a. Ello así, por cuanto, conforme inveterada doctrina de esta Corte, son cuestiones esenciales -en los términos del citado art. 168 de la Constitución provincial- aquéllas que conforman la estructura de la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la solución del litigio (causas L. 112.453, "Casafuz", sent. de 26-II-2013; L. 117.387, "De León", sent. de 22-IV-2015 y L. 117.786, "Flores", sent. de 10-VI-2015), no revistiendo tal carácter las manifestaciones introducidas por las partes en apoyo de sus pretensiones.
III.2.b. Por otra parte, corresponde señalar que es un criterio constante de este Tribunal que el voto en adhesión es constitucionalmente válido, porque significa que el juez que lo emite comparte los fundamentos de su colega preopinante, a los que se remite por una cuestión de simplicidad (causas L. 108.682, "Correa", sent. de 23-XII-2009; L. 112.328, "Cabrera", sent. de 6-X-2010 y L. 121.199, "Fasanelli", resol. de 18-IV-2018).
III.2.c. Con relación a la supuesta configuración del vicio de absurdo, es doctrina de esta Suprema Corte que tal hipotética crítica no puede ser canalizada mediante la presente vía de impugnación extraordinaria, sino por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 96.679, "Cisneros", sent. de 2-III-2011 y L. 118.646, "Rodríguez", resol. de 2-XII-2-2015).
III.2.d. También resultan ajenas al presente medio revisor la denuncia de violación de garantías constitucionales (causas L. 117.913, "Staropoli", resol. de 18-VI-2014 y L. 121.141, "Cantarelli", resol. de 11-IV-2018).
III.2.e. Por lo demás, el fallo se encuentra fundado en expresas disposiciones legales (art. 171, Const. prov.; causas L. 117.937, "Allende", resol. de 20-XI-2014 y L. 121.343, "Fuentes", resol. de 18-IV-2018).
El señor juez doctor de Lázzari dijo:
En lo que respecta al recurso extraordinario de nulidad articulado, comparto la solución propuesta por los colegas que me preceden. Ahora bien, respecto de lo resuelto en el punto III.2.e., lo hago con el siguiente alcance:
La postura que, respecto del deber de motivación y fundamentación de las sentencias, sustenté en la causa C. 56.599, "Blanco" (sent. de 23-II-1999) ha resultado minoritaria. En dicho precedente, en prieta síntesis, sostuve que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires impone que las sentencias sean "fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso". Este último pasaje del texto constitucional reviste definitoria trascendencia. Para satisfacer la exigencia de fundamentación la cláusula en examen no impone únicamente la cita del precepto. La labor no se agota allí. Según la Constitución ha de indicarse el texto expreso de la ley o de los principios aplicables, "teniendo en consideración las circunstancias del caso", esto es, complementando esa cita con la referencia explícita, puntual y concreta de las particulares modalidades por las cuales esa ley o esos principios se relacionan con el caso. En otras palabras, el propio art. 171 desalienta la mención ritual o automática de la ley, erigiendo la indicación de su cabal relación con las circunstancias de la causa en elemento igualmente esencial.
Sin embargo, la mayoría de esta Suprema Corte ha ratificado los principios que informan la doctrina según la cual la exigencia del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires está dirigida a sancionar aquellas decisiones que no tienen otro fundamento que el arbitrio de los juzgadores, por lo que no se viola dicha norma si la sentencia se encuentra fundada en ley, aun cuando supuestamente no hubiese sido acertada la invocación de las normas (causas C. 33.428, "Peralta", sent. de 23-X-1984; C. 35.577, "Barce de Carretoni", sent. de 5-IX-1986; C. 47.080, "Banco Río de la Plata S.A.", sent. de 21-IX-1993 y C. 53.392, "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-VIII-1997). Vale decir que a los efectos del andamiento del carril extraordinario de nulidad nada importa el acierto de la decisión atacada, ya que lo que interesa es que esté basada en una norma, aunque no se apoye en la pertinente, es decir, aun en la situación que el precepto invocado nada tenga que ver con el caso juzgado. La reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema, y lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif. me llevan (siempre dejando a salvo mi opinión al respecto) a adherir a lo expresado por los colegas que me preceden (causas C. 118.269, "San Pedro", resol. de 18-XII-2013; C. 118.708, "Bassi", resol. de 2-VII-2014 y C. 119.348, "Ganadera Nor-Este SA", resol. de 20-XI-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia