Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119886
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, de Lázzari, Negri, Soria, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.886, "Maffi, Paula Andrea contra Sabadin, Claudio Emilio. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, con costas del modo que especificó (v. fs. 363/377 vta.).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 385/396 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen admitió la demanda instaurada por la señora Paula Andrea Maffi y condenó al señor Claudio Emilio Sabadin al pago de la suma que estableció en concepto de haberes adeudados, diferencias salariales, vacaciones, sueldo anual complementario, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dispuso, asimismo, por mayoría, que dicho importe devengaría intereses desde que cada suma fue debida a la tasa pasiva CAT (digital: opción Plazo Fijo Tradicional) que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días vigentes en los distintos períodos de aplicación, para un mínimo de $1.000 hasta que quede firme la sentencia, y para los rubros en los que existiera un período de tiempo que no hubiera comenzado a regir la referida tasa CAT, dispuso la aplicación de la tasa pasiva de la aludida entidad bancaria (v. fs. 363/377 vta.).
Para así decidir, con apoyo en la prueba producida en la causa, juzgó acreditado que la actora laboró para la demandada, en un primer período, desde el día 9 de diciembre de 2002 hasta el mes de febrero del año 2004, y que luego el día 1 de junio de 2006 reingresó a prestar tareas encuadrables en la categoría de "vendedora D" del Convenio Colectivo de Trabajo 139/75 en otro establecimiento de la accionada. Por ello, consideró que la trabajadora debió percibir el sueldo básico y los adicionales (presentismo, antigüedad, manejo de dinero, armado de vidrieras) contemplados en el citado convenio para sus funciones, y tuvo por verificada la existencia de diferencias salariales a su favor (v. vered., fs. 363 y vta.).
Luego, evaluó que el día 14 de julio de 2010 la accionante intimó a su empleadora por el correcto registro de su categoría laboral y el pago de las diferencias de haberes adeudadas, manifestando que retendría tareas hasta que sus reclamos fueran satisfechos y, asimismo, que el principal respondió a dicha misiva el día 15 de julio de 2010 requiriéndole que retome su trabajo, frente a lo cual la dependiente reiteró los términos de su anterior comunicación postal (v. vered., fs. 364 y vta.).
Señaló que ante ello la demandada en su carta documento de fecha 20 de julio de 2010 rechazó las pretensiones de la actora y le reiteró su intimación a que retome tareas, sin perjuicio de lo cual, en otra misiva cursada ese mismo día dispuso su despido. Finalmente, que el día 25 de julio de 2010 la empleada le reclamó el pago de las indemnizaciones originadas en la ruptura del vínculo, el SAC y las vacaciones proporcionales, con más la entrega del certificado previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. vered, fs. 364 vta.).
Sobre esa base, ya en sentencia, acreditado en el caso que el contrato no se hallaba debidamente registrado, en tanto la categoría de la actora y el salario consignado no eran los que correspondían a su función, el a quo concluyó que el distracto dispuesto por el empleador resultó prematuro en cuanto se produjo en circunstancias en que la accionante fundadamente retenía tareas ante sus incumplimientos (v. sent., fs. 365 vta.).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 385/398 vta.).
Cuestiona la decisión de grado que aplicó intereses sobre el capital de condena a la tasa pasiva CAT (tasa digital, opción: Plazo Fijo Tradicional) fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina de este Tribunal emanada del precedente L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009) y ratificada luego de la sanción de la ley 14.399 en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013; v. fs. 388/391).
Objeta también por considerarla errónea la fecha tomada en cuenta para el cómputo de los intereses de los rubros que -aduce- importan punición, tales: los agravamientos indemnizatorios previstos en los arts. 2 de la ley 25.323 y 15 de la ley 24.013, como la multa contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Refiere que al observar la liquidación practicada en autos se advierte que se han aplicado intereses al monto total de la sentencia desde la fecha del despido, sin considerar que respecto de los rubros sancionatorios antes referidos no pueden extenderse los efectos declarativos de las restantes indemnizaciones laborales acogidas en el fallo (v. fs. 391/392 vta.).
En este sentido, tras argumentar sobre la naturaleza jurídica de dichos agravamientos, alegando que importan una sanción a la conducta del empleador y requieren del cumplimiento de determinados recaudos por parte del trabajador (intimación fehaciente o inicio de acciones judiciales), postula que para el caso de las citadas indemnizaciones debieron fijarse los intereses desde la fecha de la sentencia (25 de noviembre de 2014), en tanto ellas son debidas desde su aplicación y no desde el momento del distracto (v. fs. 392 vta. y 393).
Por otro lado, denuncia que el a quo ha violado los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil (conf. ley 24.432) y la doctrina elaborada por esta Corte en los autos L. 81.838, "Macalusi" (sent. de 10-IX-2003) y L. 92.089, "Arroyo" (sent. de 26-X-2011), en cuanto la regulación de honorarios practicada en la instancia excede el 25% del monto de condena (v. fs. 393/394).
Finalmente, sostiene que el juzgador ponderó absurdamente la prueba pericial contable de fs. 195/205 y la documental agregada a la causa (recibos de haberes y certificaciones de servicio acompañadas por su parte al contestar la demanda), desde que mediante tales elementos de juicio se verifica que la actora estaba correctamente registrada en la categoría "Vendedora B" correspondiente a sus tareas, como también que el empleador cumplió en tiempo y forma con el pago de los aportes previsionales y con la entrega de la certificación de servicios (art. 80, LCT; v. fs. 394 y vta.).
Señala, también, que en el fallo se hizo lugar a rubros que siquiera habían sido reclamados por la accionante, tales: haberes del mes de julio del año 2010, SAC y vacaciones (incluso, agrega, algunos de ellos fueron abonados en su liquidación final) y, a su vez, se rechazaron otros que tampoco fueron pedidos: francos y horas extras; además de regularle honorarios a profesionales que no actuaron en la presente y por montos que no surgen de ninguna liquidación (v. fs. 394 vta./396).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Se impone destacar que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial como recaudo para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Por esa razón, el remedio procesal fue concedido por el tribunal a quo en los términos de la excepcional hipótesis receptada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653 (v. fs. 398 vta. y 399).
Luego, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.584, "Rodríguez", sent. de 18-IX-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.526, "Rivarola", sent. de 1-VII-2015 y L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016; e.o.).
III.2. Bajo tales premisas, cabe advertir que resultan inadmisibles las críticas dirigidas a impugnar las conclusiones del fallo vinculadas a la determinación de la categoría laboral en la que se desempeñó la actora, así como los planteos sobre la evocada admisión y/o rechazo de rubros no contenidos en la demanda y el relativo a la regulación de honorarios y su cuantía.
No sin dejar de señalar que el reproche referido al monto de los honorarios regulados a los profesionales intervinientes sobre los rubros rechazados en la sentencia ha perdido virtualidad al haber sido objeto de análisis favorable por el sentenciante al resolver la aclaratoria deducida por el aquí recurrente (v. rec., fs. 382 y vta. y resol., fs. 398 y vta.), corresponde destacar que, al cabo, los cuestionamientos deducidos en este tramo del embate -estructurados bajo la denuncia de absurdo-, dirigidos a cuestionar la categoría laboral en la que el a quo juzgó encuadraban las tareas de la actora, así como la interpretación y el alcance asignado a los reclamos deducidos en la demanda, en rigor, conducen a renovar el análisis de típicas cuestiones de hecho y prueba, posibilidad que se encuentra excluida del ámbito de la casación por el carril intentado.
Cabe recordar que no concurre la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 cuando se traen a consideración de esta Corte cuestiones de hecho ni cuando se ventilan agravios relacionados con el absurdo en la valoración de la prueba por el juzgador o cuando, a los efectos de la admisión del recurso se alega violación de la doctrina sobre el absurdo (causas L. 100.969, "Sastre", sent. de 5-V-2010 y L. 100.337, "Ayue", sent. de 25-VIII-2010; e.o.).
III.3. Luego, en lo que concierne a la tasa de interés que aplicó el tribunal a quo al monto de condena, habré de formular las siguientes consideraciones.
El tribunal de trabajo dispuso -por mayoría- la aplicación de la tasa pasiva CAT (digital, opción: Plazo Fijo Tradicional), equivalente a la tasa conocida como "pasiva digital o BIP" (v. sent., fs. 367/372 vta.).
Ante ello, el impugnante denuncia la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte en las causas L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XII-2013), entre otras que cita (v. rec., fs. 388/391).
III.3.a. Sobre la presente cuestión, esta Suprema Corte sostuvo -bajo la norma del art. 622 del Código Civil, cuando ni las partes ni la legislación especial han previsto una alícuota determinada- la "tasa pasiva de interés plazo fijo a 30 días", tal como surge de numerosos precedentes como en las causas Ac. 43.448, "Cuadern" (sent. de 21-V-1991) y Ac. 59.059, "Giani" (sent. de 25-III-1997), que han sido ratificados en otros con fechas posteriores (así en las causas L. 94.446, cit. y C. 101.774, "Ponce", sent. de 21-X-2009).
Asimismo, ante la sanción de la ley 14.399 (B.O., 12-XII-2012) que modifica el art. 48 de la ley 11.653, esta Corte declaró la inconstitucionalidad de la misma en las causas L. 108.164, citada; L. 102.210, "Campana" y L. 108.142, "Díaz" (sents. de 13-XI-2013). Esencialmente, se consideró que dicha ley provincial se encuentra en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y concs.), en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia del Congreso de la Nación.
Luego, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (conf. leyes 26.994, B.O., 8-X-2014 y 27.077, B.O., 16-XII-2014), en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), sostuve que por el período comprendido desde la exigibilidad del crédito hasta el 31 de julio de 2015, los intereses moratorios están regulados por el art. 622 del Código Civil, por lo que deviene aplicable, en consecuencia, la doctrina legal de esta Suprema Corte conformada en torno a dicha norma- en la que se ha sostenido que, a partir del 1 de abril de 1991, los importes adeudados deberán ser abonados con intereses que se calcularán de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561 y 622 cit.). Y, por el período que va del 1 de agosto de 2015 hasta su efectivo pago, ante el cambio normativo que importó el inc. "c" del art. 768 del Código Civil y Comercial (ley 26.994), que conlleva una particular incidencia en la ponderación judicial al estar ante un circunscripto y concreto espectro de opciones, y teniendo en cuenta los valores de igualdad y seguridad jurídica, deberá aplicarse la tasa pasiva de interés "plazo fijo digital a 30 días" a través del sistema "Banca Internet Provincia" (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561; 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
Esta postura, en las causas mencionadas, resultó minoritaria.
En cambio, la posición que conformó allí la mayoría de opiniones, sostuvo que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial, impone precisar la doctrina que el Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal. En ese marco, se declaró que los intereses deben ser calculados exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
III.3.b. Ahora bien, ante la consolidación de la doctrina legal recién reseñada debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 118.587 y C. 119.176, cits.; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias, acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia.
Por tales motivos, corresponde confirmar la tasa de interés fijada en el pronunciamiento de grado, en tanto se condice con la doctrina legal de esta Suprema Corte provincial.
III.4. Sentado ello, resulta inatendible el cuestionamiento traído con relación al inicio del cómputo de los intereses respecto de las indemnizaciones previstas en los arts. 2 de la ley 25.323; 15 de la ley 24.013 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto carece de la necesaria denuncia de violación de doctrina legal que justifique el tratamiento del planteo deducido ante esta sede extraordinaria en el marco de excepción examinado (causas L. 117.038, "Zapata", sent. de 20-VIII-2014; L. 100.654, "Reising", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.398, "Amor", sent. de 24-V-2016; e.o.).
III.5. En cambio, asiste razón al compareciente al denunciar que el judicante se apartó de la doctrina legal elaborada por este Tribunal en torno al art. 505 del Código Civil (modif. por ley 24.432), la que ha de mantenerse vigente aún bajo el régimen normativo del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto último, toda vez que la reforma introducida por la ley 24.432 al art. 505 del antiguo Código (ley 340) fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del nuevo ordenamiento de fondo.
Esta Corte -por mayoría- ya se ha expedido en distintos pronunciamientos en el sentido de que la limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (según ley 24.432), es aplicable en el ámbito provincial (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 81.838, "Macalusi", sent. de 10-IX-2003; L. 77.859, "Acosta", sent. de 27-VII-2005 y L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; e.o.).
Luego, tal como se desprende de los cálculos aportados por el recurrente, el tribunal de grado ha excedido el porcentual (25%) establecido como límite a la responsabilidad de la parte vencida por las costas procesales, ciñéndose a la legislación arancelaria local para fijar el monto de los honorarios profesionales (en el caso el dec. ley 8.904/77 vigente al momento de practicarse la regulación), e inaplicado las citadas normas legales (v. sent., fs. 373 vta.; liquidación, fs. 378 y rec., fs. 393).
Corresponde, entonces, revocar el pronunciamiento de grado y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que dicte nuevo fallo en esta parcela, ajustándose en tal tarea a los límites fijados por el legislador nacional, de modo tal que la responsabilidad de la accionada por el pago de las costas no supere el porcentaje del 25% del monto de la condena impuesta a su parte.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y revocar la sentencia de grado conforme lo expresado precedentemente, debiendo regresar las actuaciones al tribunal de origen para que dé cumplimiento con lo dispuesto en el punto III.5. del presente.
Costas de esta instancia por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el colega doctor Pettigiani en los puntos III.1., III.2. y III.4. de su voto.
II. En lo concerniente a la tasa de interés aplicada por el tribunal de grado al capital de condena, habré de señalar que tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 15-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, he de acompañar en este aspecto la solución del voto inaugural.
III. En cambio, y en lo que concierne a la impugnación relativa a la cuantía de los honorarios, fijados con fundamento en la ley arancelaria vigente al momento de practicarse la regulación (esto es, el dec. ley 8.904/77), me parece del caso efectuar las siguientes consideraciones con la finalidad de clarificar la doctrina legal que emerge de, entr
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