Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119930
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad. Asimismo, se desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas a la recurrente vencida (arts. 298 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Negri, Genoud, Soria se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.930, "Fernández, José Ramón contra Fundación Madres de Plaza de Mayo y otros. Despido".
El Tribunal de Trabajo n°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó la demanda deducida, imponiendo las costas en el orden causado (v. fs. 286/295 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 305/312).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 325/326 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que aquí interesa señalar, el tribunal de trabajo interviniente admitió la excepción de pago opuesta por Fundación Madres de Plaza de Mayo y, en consecuencia, rechazó en todas sus partes la demanda interpuesta en su contra por el señor José Ramón Fernández. Asimismo, desestimó la acción deducida contra la Municipalidad de Almirante Brown (v. sent., fs. 286/295 vta.).
II. En su recurso extraordinario de nulidad, el actor denuncia omisión en el tratamiento de una cuestión esencial y violación del principio de congruencia (v. fs. 306 vta./308 vta.). En sustancia, alega que el tribunal de grado soslayó pronunciarse sobre la existencia de los requisitos esenciales para la aplicación de la sanción conminatoria del art. 132 bis de la ley 20.744 (art. 43, ley 25.345).
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General a fs. 325/326 vta., entiendo que el recurso no puede prosperar.
En lo que interesa, el tribunal de grado no encontró acreditado que el empleador hubiera retenido indebidamente aportes y/o contribuciones con destino a la seguridad social (v. vered., séptima cuestión, fs. 286, 287 y 288). En la sentencia, a fs. 292, adunó que tampoco se encontraba cumplimentada la formalidad prevista en el art. 1 del decreto 146/01, por lo que rechazó la sanción contemplada en el art. 132 bis de la ley 20.744 (art. 43, ley 25.345).
Siendo ello así, el planteo introducido por el accionante no es idóneo para determinar la anulación del pronunciamiento, en tanto la cuestión que se denuncia omitida ha sido expresamente tratada por el tribunal de grado, aunque en sentido adverso a las pretensiones del recurrente.
Al respecto, tiene dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente si la cuestión denunciada como preterida fue tratada expresamente por el tribunal de trabajo, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito del remedio procesal bajo examen (causas L. 100.492, "Pérez", sent. de 10-III-2011 y L. 104.466, "Prosa", sent. de 22-VIII-2012; e.o.).
IV. En razón de lo expuesto, y en conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces, doctores Negri , Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que aquí interesa destacar por constituir materia de agravio, el tribunal de trabajo interviniente admitió la excepción de pago opuesta por Fundación Madres de Plaza de Mayo y, en consecuencia, rechazó en todas sus partes la acción interpuesta en su contra por José Ramón Fernández. Asimismo, desestimó la demanda deducida contra la Municipalidad de Almirante Brown (v. sent., fs. 286/295 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (desarrollado a partir de fs. 308 vta.), el actor denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; 32, 35, 39, 40, 41, 43 y 44 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Expone los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, cuestiona que se hubiera admitido la excepción de pago opuesta por la demandada Fundación Madres de Plaza de Mayo y, en consecuencia, se rechazara la demanda.
Reseña que esta última dedujo excepción de conciliación y pago, afirmando haber suscripto un convenio con el actor a tenor del cual se le abonaron diversas sumas y que la materia objeto de la presente litis había sido allí contemplada. Agrega que oportunamente se opuso al progreso de la referida excepción por considerar que dicho acuerdo conciliatorio carecía de los elementos fundamentales para su validez. Por último, refiere que el a quo resolvió la excepción como de previo y especial pronunciamiento, rechazándola por no encontrarse reunidos los presupuestos requeridos (v. rec., fs. 309/310 vta.).
En dicho contexto, por un lado, aduce que la excepción de pago a la que hizo lugar el tribunal de grado no se encuentra prevista en las enumeradas en el art. 31 de la ley 11.653. Por el otro, cuestiona que el acuerdo conciliatorio que había sido rechazado por el propio tribunal al resolver la excepción de conciliación y pago, sea "reflotado" en el punto 7.1 de la sentencia para tenerlo en cuenta como pago por la suma de $5.345. En ese camino, califica de absurdo el pronunciamiento en tanto si bien admite que la demandada le adeuda al actor dos quincenas y las vacaciones proporcionales por la suma de $5.638,77, a su vez considera que dicha suma es inferior al monto objeto de la conciliación, haciendo lugar a la excepción de pago opuesta por la Fundación Madres de Plaza de Mayo y rechazando la demanda (v. rec., fs. 310 vta./311 vta.).
II.2. Desde otra perspectiva, en un tramo del recurso cita doctrina de este Tribunal vinculada a la facultad de los tribunales de trabajo de determinar, con arreglo a la prueba producida, si se verifican los requisitos a los que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista (v. rec., fs. 309 y vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde efectuar una primera consideración sobre la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y más precisamente, en lo referente al valor del litigio.
III.1.a. En efecto, los cuestionamientos traídos por el actor versan sobre pretensiones independientes deducidas en una misma demanda (acumulación objetiva), constatándose que una de ellas -la aplicación de la sanción conminatoria mensual establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo- resulta de valor indeterminado (causas L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 118.398, "Amor", sent. de 24-V-2016; e.o.).
III.1.b. En cambio, el restante agravio -representado por el importe abonado en concepto de "liquidación final" por el que el juzgador de origen admitió la excepción de pago-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (ley 14.141, Ac. 3803/16), de modo que la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido únicamente podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 -primer párrafo, in fine - de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 104.162, "Rodríguez" y L. 99.732, "Giampieri", sents. de 21-XII-2011 y L. 117.832, "Campos", sent. de 2-XII-2016; e.o.).
III.2. En ese esquema, corresponde analizar el primer agravio traído conforme la excepcional hipótesis prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2.a. En lo que aquí interesa destacar, el tribunal de grado juzgó acreditado que el actor se desempeñó bajo relación de dependencia de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, desarrollando tareas en el régimen de la industria de la construcción, desde el día 2 de junio de 2010 hasta el 15 de agosto de 2011, cuando el trabajador se colocó en situación de despido indirecto (v. vered., cuestiones segunda y cuarta, fs. 286/288). Adunó que si bien no existían recibos de pago por los conceptos salariales adeudados (segunda quincena de junio 2011, primera de julio 2011, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales), del acuerdo formulado ante el SECLO obrante a fs. 162/170 surgía que el mismo comprendía una "liquidación final" de varios trabajadores, dentro de los cuales se encontraba el actor. Añadió que el mentado acuerdo se efectuó por la suma de $5.345 para cada dependiente, pagadero en dos cuotas; que el informe del Banco de la Provincia de Buenos Aires obrante a fs. 195/199 permitía establecer que la Fundación había depositado las sumas por las cuotas comprometidas y que, a su vez, el accionante había extraído dichos montos en el mes de octubre de 2011 (v. vered., fs. 287 vta.).
En ese marco, al tratar en la sentencia el reclamo por quincenas adeudadas y vacaciones proporcionales, advirtió que la sumatoria de ambos conceptos ascendía a la suma de $5.638,77 que resultaba -a su criterio- inferior a la suma objeto de conciliación que fuera abonada y percibida por el trabajador (v. sent., fs. 292). En ese contexto, admitió la excepción de pago opuesta por la demandada y rechazó en todas sus partes el reclamo intentado (v. sent., fs. 293 vta./295).
III.2.b. Delimitado así el contenido del pronunciamiento, que derivó en la admisión de la excepción de pago en virtud del reconocimiento de lo abonado al trabajador en concepto de "liquidación final" en el acuerdo formulado ante el SECLO, la queja se revela como inhábil para lograr la apertura de esta instancia de casación en el acotado marco de revisión bajo análisis.
Ello por cuanto la crítica trasunta en un cuestionamiento en torno a la calificación que el a quo realizó del mencionado ítem, que claramente importa la revisión de cuestiones de hecho y prueba, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado, que, como tal, se encuentra excluido del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 120.154, "Deluchi", resol. de 3-V-2017; L. 120.379, "Pereyra" y L. 120.378, "Savall", resols. de 23-V-2017; e.o.).
Asimismo, es dable advertir que los sumarios de jurisprudencia citados e individualizados por el impugnante en apoyo de su postura (v. fs. 309 vta./311), en tanto se vinculan con el vicio de absurdo, resultan -en consecuencia- inhábiles a los fines pretendidos (causas L. 100.995, "Moroni", sent. de 6-VI-2011 y L. 116.711, "Borja", sent. de 6-V-2015; e.o.).
III.3. En cambio, y conforme lo señalé en el inicio, con relación al agravio referido a la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) es dable habilitar la instancia extraordinaria sin las restricciones a la admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653), toda vez que el valor de lo cuestionado -representado por el importe que resulta de la aplicación de la referida multa- es de monto indeterminado.
III.3.a. En lo que aquí resulta relevante, el tribunal de grado desestimó el rubro bajo análisis, al no encontrar acreditado que el empleador hubiera retenido indebidamente aportes y/o contribuciones con destino a la seguridad social ni que el actor haya cumplimentado la formalidad prevista en el art. 1 del decreto 146/01 (v. vered., séptima cuestión, fs. 286, 287 y 288 y sent., fs. 292).
A su turno, en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el accionante se limita a denunciar la violación del art. 132 bis de la ley 20.744 y a transcribir el sumario de la causa L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012 (v. rec., fs. 308 vta./309 vta.).
III.3.b. Ante estas definiciones, la crítica que formula el interesado resulta claramente insuficiente (art. 279, CPCC), toda vez que no efectúa desarrollo argumental alguno para vincular la mentada doctrina con las circunstancias verificadas en el caso. En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica del recurrente denunciar la normativa o doctrina legal violada o erróneamente aplicada, mención que debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se habría producido (causas L. 116.581, "Miño Bravo", resol. de 29-V-2013 y L. 116.962, "Sobrero", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces, doctores Negri , Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad. Asimismo, se desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas a la recurrente vencida (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia