Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122002
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
ORELLANO DAVID DARIO C/ PESCI S.R.L. Y OTROS S/DESPIDO.
La Plata, 8 de mayo de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción promovida por David Darío Orellano, condenando a Pesci S.R.L. a pagar la suma que indicó en concepto de diferencia de indemnización por despido y otros rubros laborales. Asimismo, extendió la condena solidariamente a los codemandados Francisco Di Leva y Raquel De Rosa. Por el contrario, la desestimó en cuanto pretendía la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 231/250).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, dispuso que la solidaridad, entre los demandados debía establecerse únicamente sobre la sanción pecuniaria contemplada en el art. 1 de la ley 25.323, por tratarse de un rubro que guardó vinculación o causalidad adecuada con las falencias registrales de que adolecía el vínculo laboral. Respecto de la sanción conminatoria del art. 132 bis de la ley 20.744, el órgano de grado sostuvo que el actor no produjo prueba a fin de acreditar la falta de depósito de aportes y contribuciones por parte del empleador, oportunamente retenidos de los recibos de sueldo del trabajador.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 258/262), el que fue concedido por el a quo a fs. 263.
En su escrito recursivo denuncia la violación a la ley y a la doctrina legal que cita. Alega absurdo y cuestiona la valoración de los elementos probatorios aportados.
En lo sustancial, controvierte por un lado, el rechazo de la sanción establecida en el art. 132 bis de la Ley 20.744. Por el otro, objeta la limitación de la responsabilidad de los coaccionados Di Leva y De Rosa exclusivamente al reclamo sustentado en el art. 1 de la ley 25.323, solicitando su extensión respecto de los demás rubros admitidos.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. Este Tribunal ha declarado que determinar -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se comprueban los requisitos a los que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista constituye una facultad privativa del tribunal del trabajo. Las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión en casación, salvo que se acredite el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012 y L. 116.633, "De Luca", sent. de 18-IX-2013).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII- 2014 y L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014).
En el caso, el impugnante no cumple con la carga de acreditar la anomalía alegada, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar las pruebas aportadas al proceso, soslayando que el vicio aludido sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. Resulta evidente, pues, que no basta con invocarlo, en tanto deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-IV-2013 y L. 118.397, "Massigoge", resol. de 11-II-2015).
Recuérdese además que, en ejercicio de tales atribuciones los jueces de mérito pueden preferir unos elementos de convicción a otros, sin que sea necesario que se refieran a todos los producidos, bastando que lo hagan respecto a los que consideren relevantes para el cumplimiento de su labor axiológica (causas L. 107.293, "Accetta", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018).
III.2. Tampoco prospera el restante cuestionamiento.
En efecto, el tribunal de grado consideró acreditado que Di Leva y De Rosa no actuaron como buenos hombres de negocios al incurrir en la irresponsable conducta de tener trabajando a Orellano (entre los años 2007 y 2009) en beneficio de la sociedad que administraban sin registrar la relación laboral. Así, juzgó que aquellos -en su carácter de gerentes sociales- debían responder por los daños y perjuicios producidos al actor, personal y solidariamente con la empleadora, limitando la extensión de su responsabilidad personal, única y exclusivamente respecto de los rubros que guardaron vinculación o causalidad adecuada con las falencias registrales de que adolecía el vínculo laboral, esto es, por el pago de la multa prevista del art. 1 ley 25.323.
Esta conclusión del fallo no logra ser conmovida por el interesado, en tanto solo realiza un breve desarrollo sobre el particular, expresando en forma genérica su rechazo a la decisión de grado, aunque, omitiendo rebatir los argumentos que llevaron al a quo a la decisión objetada.
En este sentido, tiene dicho este Tribunal que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficazmente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 112.616, "Elbey", resol. de 16-III-2011; L. 118.085, "Frías", resol. de 3-XII-2014 y L. 118.395, "Mendoza", resol. de 19-II-2015).
Asimismo, cabe agregar que esta Suprema Corte ha señalado que, establecer si se configuran los supuestos fácticos que prevé la Ley de Sociedades Comerciales para su aplicación, necesariamente comporta el análisis de los hechos y pruebas que concurren en el caso, cometido este reservado a los tribunales de grado y ajeno al ámbito de la casación, salvo absurdo (causas L. 100.124 "Ahmed", sent. de 4-V-2011 y L. 117.143 "Ferraiolo", resol. de 17-IV-2013), que, tampoco en este supuesto, el impugnante logra acreditar.
III.3. Finalmente, resta recordarle al recurrente que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados en el remedio en tratamiento fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014 y L. 121.099, "Oyhanarte", resol. de 29-XI-2017).
Por ello, esta Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia