Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122043
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en virtud de que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
NAVONI LUCAS EMILIANO C/ LAS CAVAS SERVICIO Y AGRO S.A. S/ DESPIDO.
La Plata, 8 de mayo de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría perteneciente al Departamento Judicial de Azul hizo lugar a la demanda promovida por Lucas Emiliano Navoni contra Las Cavas Servicio y Agro S.A. a quien condenó a pagar la suma que especificó en concepto de diferencias salariales, indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 218/231).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el trabajador fue encuadrado en un Convenio Colectivo de Trabajo que no le resultaba de aplicación, por lo que la relación se encontraba incorrectamente registrada. Por otro lado, juzgó no demostrado el abandono de trabajo invocado por la patronal para disolver el vínculo habido entre las partes, concluyendo que la conducta del principal, analizada a la luz del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo resultó injustificada y violatoria de los arts. 10 y 79 de la citada ley.
II. Frente a lo así resuelto, la demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 237/253), concedido por el a quo a fs. 255 y vta.
En su impugnación denuncia absurdo en la valoración de los hechos y las pruebas y violación de los arts. 242, 244, 10 y 79 de la Ley de Contrato de Trabajo. Alega errónea aplicación al caso del CCT 80/89, y en consecuencia, entiende que las diferencias salariales resultan improcedentes. Por último, le objeta al juzgador que haya hecho lugar a las indemnizaciones previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, por no existir, en el caso, los requisitos para su aplicación.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. De manera preliminar, se impone recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que la evaluación de la conducta de las partes en la fase previa a la rescisión del vínculo laboral, como así también la apreciación y ponderación de las circunstancias fácticas y de la prueba arrimada a la causa para determinar si en el caso existió o no abandono de trabajo, constituye una labor que le compete privativamente a los tribunales de trabajo y ajenas -por ende- al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 100.846, "Cabello", sent. de 18-VI-2014; L. 118.994, "Fernández", resol. de 28-X-2015 y L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018)
Ello exige la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 118.065, "Ferrari", resol. de 3-XII-2014), pues no lo constituye cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 121.523, "González", resol. de 21-XI-2018)
III.2. En el caso, entendió el sentenciante que la demandada extinguió el contrato de trabajo invocando un abandono de tareas aun cuando existió una intimación previa -y reiterada- del actor a que registre debidamente la relación laboral y abone diferencias salariales, habiendo comunicado asimismo que efectuaba retención de tareas. Así concluyó, que no se configura el abandono de trabajo, en el sentido del art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando el trabajador responde a la intimación cursada por el principal exponiendo los motivos de ausencia que, justificados o no, revelan su intención de no abandonar el contrato de trabajo. Ahora bien, concretado el distracto, el incumplimiento alegado -concluyo el a quo - debía valorarse a la luz del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo y, en ese contexto, tuvo por acreditado que la conducta del principal resulta injuriosa y violatoria de lo dispuesto por los arts. 10 y 79 de la ley 20.744.
III.3. Tales conclusiones no logran ser descalificadas por la impugnante, toda vez que se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado una argumentación basada exclusivamente sobre sus propios criterios, insuficientes por lo tanto para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y de prueba como las aquí ventiladas (causas L. 83.464, "C., N.B. y otros", sent. de 23-V-2007; L. 103.473, "Carballo", sent. de 9-XII-2010 y L. 119.724, "Salvatierra", resol. de 1-II-2017).
En suma, no advierte el compareciente que la simple discrepancia con las decisiones de la sentencia no es base idónea de agravios, ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, ya que sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (causas L. 91.841, "Pascual", sent. de 15-X-2008 y L. 94.509, "Vozza", sent. de 25-III-2009).
En ese sentido, se ha señalado que no basta la exhibición de una opinión contraria a la esgrimida por el a quo , sino que es necesaria la demostración de una valoración desacertada, insostenible o inconciliable con las constancias objetivas que resultan de la litis (causa L. 91.059, "Faccia", sent. de 14-V-2008), porque la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficaz demostración del error sentencial, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado la facultad privativa que tiene en la selección, jerarquización y meritación de la prueba en aras de la determinación de las circunstancias fácticas del caso (causa L. 89.430, "Mezzadra", sent. de 2-VII-2008).
III.4. Igualmente estéril resulta el cuestionamiento dirigido a objetar el encuadre convencional y el progreso de las diferencias salariales, pues, sabido es, que el análisis del material probatorio y la apreciación de los hechos que determinen el convenio colectivo aplicable a una específica relación laboral, así como la existencia de diferencias salariales generadas por el mismo, constituyen cuestiones privativas reservadas a la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración del absurdo (causas L. 97.961, "Pérez", sent. de 27-IV-2011; L. 98.481, "Pagano", sent. de 14-III-2012 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014), extremo que no se verifica en la especie.
En el caso, la recurrente no consigue acreditar que el pronunciamiento resulte portador de dicha anomalía, puesto que se limita a exponer su particular criterio frente a las motivaciones esenciales que lo sustentan.
Al respecto, tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que sólo denota un simple contrapunto valorativo del impugnante, ineficaz para desbaratar por absurdo el fallo que motivó su alzamiento (causas L. 98.481, "Pagano", cit. y L. 115073, "Diaz", resol. de 3-V-2012.
En definitiva, la formulación sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 96.707, "De Cenarriaga", sent. de 26-VIII-2009; L. 104.642, "Morgante", sent. de 15-VIII-2012 y L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013).
III.5. La misma suerte han de correr los agravios vinculados a las multas impuestas en los términos de la ley 25.323.
En tal sentido, el tribunal de trabajo admitió la sanción contenida en su art. 1 atento a que había quedado demostrada la deficiente registración del vínculo laborativo en orden a la existencia de diferencia de haberes de convenio. Además, estimó configurados en autos los presupuestos fácticos de aplicación para la procedencia de la multa prevista en el art. 2 de la citada ley, esto es, la falta de pago injustificada de las indemnizaciones derivadas del despido, previa y fehacientemente intimadas, obligando así al trabajador a iniciar un proceso judicial para poder percibirlas.
Esta esencial motivación del fallo no logra ser desvirtuada por la recurrente, en tanto sólo se limita a plantear con una técnica por demás objetable en forma manifiestamente subjetiva su desacuerdo con la decisión de grado. Ello, sin advertir que su interpretación personal tendiente a obtener el rechazo de ambos rubros o su morigeración, transforma la réplica en una contraposición de criterios no idónea a los fines del recurso deducido (art. 279, CPCC), todo lo cual ha de signar -atento su marcada insuficiencia- el rechazo de la impugnación bajo análisis.
Además, cabe recordar que determinar si corresponde eximir al empleador -total o parcialmente- del pago del incremento indemnizatorio previsto en el citado art. 2 de la ley 25.323, en tanto se vincula a la ponderación de circunstancias fácticas, corresponde privativamente al tribunal del trabajo, y la decisión que al respecto éste adopte no es revisable en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 97.010, "Soldevia de Díaz", sent. de 14-VI-2010; L. 103.879, "Pellegrino", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.753, "Vidal", sent. de 14-X-2015 y L. 119.161, "Ortiz", sent. de 13-VI-2018 y L. 120.005, "Marti", resol. de 3-X-2018), que -como se adelantó- la impugnante no logra probar.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en virtud de que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia