Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122166
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
MARCONCINI DAVID GUILLERMO C/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSION S/DESPIDO.
La Plata, 8 de mayo de 2019.
Los señores Jueces doctores de Negri y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor juez doctor Pettigiani dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, rechazó la demanda que David Guillermo Marconcini interpuso contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP - PAMI) en la que procuraba el cobro de una indemnización por despido y demás rubros de naturaleza laboral (v. fs. 371/375 vta.).
Para así decidir, consideró no acreditada la relación laboral entre ambas partes. Específicamente, señaló que la prestación del actor en favor del demandado respondió a un vínculo de naturaleza civil, no demostrándose la subordinación de dependencia tanto jurídica como técnica y económica.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo, mediante presentación electrónica, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, concedido por el tribunal de grado a fs. 386 y vta.
En su impugnación denuncia absurdo en la apreciación de la prueba en tanto el tribunal de grado ignoró expresos reconocimientos formulados por la demandada en cuanto a la relación que los unía. Considera vulnerados los arts. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y 375 del Código Procesal Civil y Comercial. Por último, aduce violación del principio protectorio y doctrina legal.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Cabe recordar -ante todo- que determinar si entre las partes medió un contrato de trabajo, dependiente o no, constituye una cuestión que no resulta revisable en la instancia extraordinaria, salvo que se alegue y además se demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurda valoración de la prueba (causas L. 94.975, "Sassani", sent. de 24-VI-2009; L. 101.785, "Fuma", sent. de 30-III-2011 y L. 111.160, "Soria", sent. de 27-II-2013).
III.1.b. Asimismo, tiene dicho esta Corte que para resolver la situación jurídica del profesional médico que presta servicios en un establecimiento, es imprescindible tener en cuenta los elementos de hecho presentes en cada caso, toda vez que vinculaciones de esta índole atraviesan zonas intermedias en las que resulta necesario desbrozar y despejar con nitidez los perfiles que definen la configuración del vínculo jurídico existente entre las partes (causas L. 92.658, "Franco", sent. de 3-VI-2009; L. 99.914, "Abed", sent. de 22-VI-2011; L. 103.302, "Di Santo", sent. de 7-IX-2011; L. 117.236, "Cassini", sent. de 29-IV-2015 y L. 109.467, "Chiappalone", sent. de 24-VI-2015).
Bajo tales lineamientos le corresponde al tribunal de trabajo, en una labor que es privativa, verificar las circunstancias que concurren en cada controversia a los fines de establecer la eventual existencia de las notas que caracterizan a la relación laboral, y su decisión no puede ser revisada en casación salvo que se demuestre la concurrencia de absurdo (causas L. 73.056, "Tolcachier", sent. de 5-XII-2001; L. 73.583, "Rodríguez Aruanno", sent. de 18-IX-2002; L. 79.251, "Hasicic", sent. de 17-XII-2003 y L. 88.271, "Salinas", sent. de 4-II-2009).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 90.265, "Jouannys", sent. de 27-II-2008 y L. 91.388, "Ortiz", sent. de 16-IV-2008).
Así, el a quo consideró que el accionante se desempeñó como prestador del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, atendiendo pacientes en un consultorio particular de la localidad de Derqui, percibiendo por sus prestaciones montos variables relacionados con las capitas correspondientes a su padrón. Señaló además, que tampoco se probó que la demandada fijara o controlara el cumplimiento del horario o días de atención, ni otras pautas de trabajo. En consecuencia, juzgó que, si bien existió un vínculo entre ambas partes desde la fecha señalada en la demanda, no se logró acreditar la subordinación técnica, económica y jurídica tipificantes de la relación laboral respecto de la accionada sino que de las pruebas aportadas a la causa la relación se enmarcó en un contrato civil.
Esta esencial, conclusión del fallo no logra ser desvituada por el recurrente en tanto su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 93.723, "Tamer", sent. de 2-VII-2008; L. 96.889, "Arismendi", sent. de 9-IX-2009 y L. 96.347, "Morúa", sent. de 30-IX-2009), sin rebatir frontal y eficazmente las motivaciones esenciales que estructuran el contenido del decisorio de origen.
Al respecto, reiteradamente ha dicho esta Corte que no deviene idónea para demostrar la existencia del vicio de absurdo la réplica del recurrente que, por conducto de la mera expresión de un criterio discrepante, se limita a exponer un particular y personal punto de vista en orden a la apreciación de los hechos y las pruebas de la causa, poniendo en evidencia su intención de disputarle al juzgador de mérito su privativa facultad de hacerlo (causas L. 112.839, "Borsella", sent. de 8-V-2013 y L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013), pues no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurar el vicio de absurdo, desde que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema que debe ser eficazmente acreditada por quien la invoca (causas L. 83.456, "Holzmann", sent. de 19-XII-2007; L. 91.739, "González", sent. de 20-II-2008 y L. 89.858, "Noguera", sent. de 19-III-2008).
III.2. En lo atinente a la presunción prevista en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, reiteradamente ha dicho este Tribunal -ante casos análogos- que la misma queda neutralizada si la prueba producida acredita que la actividad desarrollada por la actora no lo fue en relación de dependencia, elemento indispensable en la tipificación del contrato de trabajo (causas L. 117.994, "Colasso", resol. de 27-VIII-2014 y L. 118.063, "Capristo", resol. de 22-X-2014), como sucede en el caso.
Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas de la carga de la prueba, el interesado no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015; L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015 y L. 122.040, "Severo", resol. de 28-XI-2018), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
III.3. En cuanto a la denuncia de transgresión del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe señalar que esta Corte tiene dicho que no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 114.602 "Pereyra", resol. de 17-VIII-2011 y L. 119.639, "Pedros", resol. de 28-XII-2016).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia