Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122332
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
KOCIANCICH JULIO CESAR C/ SINDICAO DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA MINORIDAD Y EDUCACION S/ DESPIDO.
La Plata, 8 de mayo de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda que Julio César Kociancich interpuso contra el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y Educación (SOEME) en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 269/278 vta.).
Para así decidir, entendió que no se acreditó que el actor alguna vez hubiera sido empleado en relación de dependencia de la asociación sindical accionada.
II. El legitimado activo interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 285/290), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 291 y vta.
III.1. En el primero de los nombrados se agravia de que en la audiencia de vista de la causa dos miembros del tribunal hayan rechazado el recurso de revocatoria in voce , siendo dicha decisión nula por no encontrarse fundada la decisión y violando el art. 44 inc. "f" de la ley 11.653.
III.2. Al respecto, dable es señalar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011 y L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011).
III.3. En el caso, el interesado trae a consideración presuntas infracciones acontecidas en el marco de la audiencia de vista de la causa, como es la decisión del juzgador de rechazar la impugnación articulada por el actor dirigida a objetar la desestimación de dos de los testigos propuestos por su parte; planteo que, vinculado al análisis de cuestiones procesales anteriores al dictado de la sentencia definitiva, resultan extraños a la vía establecida en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución provincial (causas L. 117.734, "Latorre", sent. de 1-VII-2015; L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015 y L. 120.655, "Salvierak", resol. de 27-IX-2017), por lo que corresponde su rechazo.
IV.1. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de los principios de imparcialidad y sana crítica al haber entendido el sentenciante que las tareas realizadas por su parte lo eran para la obra social y no para la entidad gremial. A su vez, que haya entendido que sus labores como abogado fueran de carácter independiente y no para el sindicato. Por último, alega que era carga del demandado acreditar que el actor revestía el carácter de delegado.
IV.2. De modo liminar, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012 y L. 118.745, "Pereyra", resol. de 26-VIII-2015).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 90.265, "Jouannys", sent. de 27-II-2008 y L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011).
En el caso, el impugnante no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 93.723, "Tamer", sent. de 2-VII-2008; L. 96.347, "Morúa", sent. de 30-IX-2009 y L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011).
En el particular, con fundamento en las pruebas aportadas a la causa, el tribunal entendió que la única relación que se acreditó entre el actor y el sindicato demandado, lo fue cuando aquél cumplió funciones como delegado gremial. Por otro carril, concluyó que el accionante revistió el carácter de empleado administrativo de la obra social, más no del sindicato demandado, aclarando que, con fundamento en la ley 23.660, las obras sociales sindicales correspondientes a asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial funcionan con individualidad administrativa, contable y financiera y tienen el carácter de sujetos de derecho.
Luego, entendió que si bien el actor se desempeñó en algún período como abogado previsional en el gremio, lo hizo ejerciendo en forma autónoma su profesión respecto de los afiliados de SOEME en la sede gremial y sus delegaciones.
Estas conclusiones del fallo no logran ser desvirtuadas por el recurrente quien se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado y, en ese derrotero, no logra demostrar que medie error en el modo como resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para probar la concurrencia del endilgado vicio invalidante (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014).
En lo atinente a la ponderación de la prueba oral, cabe recordar que la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que la interesada -como se dijo- no logra demostrar (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011; L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016 y L. 121.601, "Cavallotto", resol. de 28-XI-2018).
IV.3. Corresponde añadir que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en donde rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. "d", ley 11.653; causas L. 60.163, "Aguiar", sent. de 23-IX-1997; L. 83.398, "Berterame", sent. de 31-VIII-2007; L. 91.103, "Verón", sent. de 15-VII-2009 y L. 121.760, "Luna", resol. de 14-XI-2018).
IV.4. Por último, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas de la carga de la prueba, la interesada no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
IV.5. Finalmente, con relación a la denuncia de transgresión de los arts. 39 de la ley 11.653 y 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, se observa que no cabe su aplicación al caso de autos, puesto que dichas normas requieren, como presupuesto indispensable, acreditar la relación laboral alegada, sin que el beneficio consagrado en ellas pueda sustituir la obligación esencial que le incumbe al promotor del pleito de demostrar la existencia del vínculo invocado como sustento de su reclamo (causas L. 115.148, "Fazzari", resol. de 26-X-2011; L. 92.360, "Galandzij", sent. de 10-III-2010; L. 96.248, "Ceballos", sent. de 11-III-2009 y L. 117.840, "Antunez", resol. de 22-X-2014), circunstancia que no se ha cumplido en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia