Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122151
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
CODINI JONATAN YAMIL C/ GARCIA LARCHER MARIO MARCELO Y OTROS S/DESPIDO.
La Plata, 29 de mayo de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Jonatán Yamil Codini y condenó solidariamente a AKER Ingeniería S.R.L. y Tecna Ingeniería S.R.L. por la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza salarial (v. fs. 315/383 vta.).
Para así decidir, en lo que resulta destacar por ser materia de agravio, tuvo por acreditado el vínculo laboral bajo dependencia de las sociedades codemandadas, asumiendo ambas en forma conjunta el rol de empleador pluripersonal.
En cuanto a la responsabilidad solidaria de los socios y directores de ambas empresas, los señores Pablo Martín Irigoyen y Mario Marcelo García, rechazó la pretensión en virtud de que no resultaron acreditadas las irregularidades imputadas.
Por otro lado, desestimó los reclamos por horas extras y diferencias salariales en tanto el actor no acreditó la categoría denunciada ni que el horario de labor excediese la jornada legal.
Por último, rechazó la multa contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo dado que el trabajador no cumplió con la intimación prevista por el art. 3 del decreto 146/01.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 15-VIII-2018), el que fue concedido por el a quo a fs. 356 y vta. en el marco de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En su impugnación, el actor se agravia de que no haya sido aplicada la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Objeta además que se desestimaran los reclamos por el pago por horas extras y diferencias salariales. Alega violación de doctrina en cuanto denegó la extensión de la responsabilidad de las personas físicas codemandadas. Finalmente, se agravia de la imposición de las costas a su parte.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. fs. 356 y vta.), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Nuñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013 y L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 114.263, "Pastor", resol. de 18-IV-2011; L. 117.206, "Méndez Pío", resol. de 24-IV-2013 y L. 121.244, "Ring", resol. de 28-II-2018).
III.2.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que el planteo recursivo dirigido a impugnar el rechazo de los rubros diferencias de haberes, horas extras, así como la configuración o no de los presupuestos para la procedencia de la multa prevista en el art. 80 de la ley 20.744 importa la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra excluido del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 113.812, "Pacheco", resol. de 18-V-2011; L. 103.879, "Pellegrino", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.753, "Vidal", sent. de 14-X-2015).
Además, las doctrinas que el impugnante denuncia aluden, por un lado, a presupuestos fácticos distintos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, ineficaces para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 118.712, "Grecco", resol. de 2-IX-2015 y L. 121.670, "Barrios", resol. de 7-XI-2018); y por otro lado, se refieren al vicio de absurdo, y como tal no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 118.068, "Gudiño", resol. de 20-11- 2014; L. 118.239, "González", resol. de 19-II-2015 y L. 121.459, "López", resol. de 26-XII-2018).
III.2.b. Por su parte corresponde agregar, en relación a la cita que el interesado formula en la página 4 de su presentación electrónica, que se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este Superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010; L. 108.361, "Errecalde", sent. de 5-IX-2012; L. 119.831, "Salazar", resol. de 13-XII-2017 y L. 121.509, "Iglesias Masello", resol. de 28-XI-2018).
III.3. Tampoco prospera el agravio dirigido a objetar el rechazo de la extensión de la responsabilidad a los socios de las empresas codemandadas, pues más alla de que el interesado intenta revisar cuestiones privativas de los jueces de grado, como lo es la determinación de los presupuestos a los que la ley de sociedades comerciales subordina la aplicación de los arts. 54, 59 y 274 (causa L. 120.755, "Burgos", resol. de 11-X-2017), la única doctrina que es citada en el recurso en relación con el mencionado agravio (v. págs. 17/18) se vincula a un voto que no concitó la adhesión de los restantes integrantes de la Suprema Corte y que, por tanto, quedó en minoría, desde que al no conformar "doctrina legal", no resulta útil en el estrecho marco en análisis (causas L. 118.129, "Arias", resol. de 16-VII-2014 y L. 118.592, "Villaverde", resol. de 13-V-2015).
III.4. Finalmente, y en relación al último de los agravios traídos, tiene dicho esta Corte que no se verifica la concurrencia de la hipótesis de excepción prevista en la citada norma procesal si el planteo se vincula a la imposición y distribución de costas (causa L. 98.017, "Alegro", sent. de 31-VIII-2011). Tratándose esta última de una facultad privativa de las instancias ordinarias y típicamente de hecho, no puede alegarse la existencia de doctrina legal en el sentido que le ha asignado esta Corte (causas L. 116.947, "Soriano", sent. de 25-VI-2014; L. 118.629, "Paganini", resol. de 24-VI-2015; L. 120.442, "Alegre", resol. de 3-V-2017 y L. 120.711, "Ramírez", resol. de 15-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia