Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118702
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Negri, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.702, "Torrilla, Ernesto contra Cooperativa Agraria de Tres Arroyos Ltda. Despido"
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 438/451).
Se interpusieron, por las partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 464/466 vta. y fs. 468/477 vta.).
Dictada la providencia de autos, conferidos los traslados a las partes respecto de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 516) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 468/477 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de fs. 464/466 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Ernesto Torrilla contra la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos Limitada, por la que pretendía el cobro de horas extras, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido y de las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323.
Para así decidir, tras valorar el material probatorio aportado a la causa, declaró demostrado que el actor, desde el día 2 de abril de 1974, había prestado servicios para la demandada como encargado del laboratorio de semillas, de acuerdo a la categoría Auxiliar Especializado "A" del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 (v. fs. 438 vta./439). También que, en la época de cosecha, desempeñaba una jornada de trabajo que excedía los límites que impone la ley 11.544 y percibía, como compensación, una suma global (v. fs. 441).
Luego, tuvo por acreditado que el dependiente, el día 15 de mayo de 2010, se colocó en situación de despido indirecto imputándole a la empleadora -entre otras conductas- la "negativa a considerar a las bonificaciones como de carácter remunerativo" (fs. 441 vta.).
Sobre ese escenario, el a quo juzgó que las horas extraordinarias tenían correlación con el rubro denominado "colaboración por cosecha que abonaba la entidad accionada de manera anual" (fs. 445). En ese orden, declaró que la decisión patronal, de caracterizar como bonificación y endilgarle una naturaleza no remunerativa a esta contraprestación, implicó un ejercicio ilegal de su poder de dirección y administración que justificó la actitud rupturista adoptada por el trabajador (art. 242, LCT; v. fs. 445 vta.).
Agregó, como fundamento de la decisión, que, mediante el mecanismo indicado, la accionada se sustraía de un conjunto de importantes obligaciones colaterales, como era la registración de las horas extras, su pago en tiempo y forma, la entrega de los recibos pertinentes y el ingreso de los aportes y contribuciones destinados al financiamiento de la seguridad social (v. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 62, 63, 231, 238, 242, 243 y 252 de la ley 20.744; 45 de la ley 25.345; 42 de la ley 20.337; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica.
Se agravia porque el tribunal de grado juzgó demostrada una de las causales invocadas para justificar el despido indirecto, esto es, "la negativa a considerar las bonificaciones como de carácter remuneratorio" (fs. 471 y vta.). En ese sentido, le reprocha haber omitido las conclusiones establecidas en el informe pericial contable agregado a la causa, las que -en su opinión- demuestran el ingreso de los aportes y contribuciones correspondientes a esos adicionales (v. fs. 472).
Sobre esa premisa, afirma que resulta irrelevante la discusión u opinión de la demandada sobre el carácter remuneratorio del rubro "colaboración por cosecha" porque, finalmente, atendió el requerimiento del actor (v. fs. 472 vta.).
Sostiene que el fundamento legal de la decisión es erróneo y que la ligazón entre la referida bonificación y las horas extras "es de exclusiva creación del Magistrado", ya que ni los escritos iniciales ni la prueba producida aluden al respecto (v. fs. 473/474 vta.).
A su vez, señala que el a quo "tampoco ha tenido en cuenta el argumento básico con que la demandada ha construido su defensa" (fs. 475 vta.). Explica que el dependiente antes de denunciar los incumplimientos que, posteriormente, justificaron el despido indirecto había sido emplazado en los términos del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 475 vta.).
Por último, concluye que la injuria alegada carece del necesario recaudo de contemporaneidad y no fue valorada por los jueces con la prudencia que la ley exige (v. fs. 476).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Como fuera señalado en el relato de los antecedentes, el órgano judicial de grado, tras analizar los escritos constitutivos del proceso y las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de la causa -ejerciendo facultades privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)-, declaró acreditada una de las causas invocadas para rescindir el vínculo laboral, esto es, la "negativa a considerar a las bonificaciones como de carácter remunerativo" (fs. 441 vta.).
Para así decidir, juzgó que el rubro denominado "colaboración por cosecha", que la demandada califica como bonificación, tenía correlación con las horas extras trabajadas por el actor (v. fs. 445). Sobre esa conclusión, declaró que la conducta asumida por la empleadora, de endilgarle a dicho estipendio una naturaleza no remuneratoria, afectaba el deber de buena fe, menoscababa el reconocimiento del plus laborado y la sustraía de un conjunto de importantes obligaciones colaterales, como era la registración de las horas extras, su pago en tiempo y forma, la entrega de los recibos pertinentes y el ingreso de los aportes y contribuciones destinados al financiamiento de la seguridad social (v. fs. 445 vta.).
Desde ese razonamiento, consideró que la decisión patronal de caracterizar como bonificación o premio la contraprestación por las horas suplementarias implicaba un ejercicio ilegal de su poder de dirección y administración que justificó el despido indirecto dispuesto por el trabajador (art. 242, LCT; v. fs. cit.).
III.2. Ante todo es menester recordar, que el reconocimiento de la suficiencia de la postulación que estructura el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley dependerá de que se baste a sí misma para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige, entonces, una crítica directa y eficaz de las conclusiones definitorias de la sentencia recurrida, cuya demostración incumbe -de modo excluyente- a quien acude a la vía recursiva (causas L. 101.212, "López", sent. de 6-VI-2011; L. 110.285, "Roa", sent. de 30-V-2012; L. 107.350, "Velazco", sent. de 21-XI-2012; L. 105.833, "Becerra", sent. de 29-V-2013; L. 116.936, "Scarpa", sent. de 24-IX-2014 y L. 117.069, "Tango", sent. de 26-VIII-2015).
En el recurso sub examine dicha carga ha quedado insatisfecha porque la recurrente no rebate la conclusión esencial que estableció el tribunal de grado sobre el carácter remuneratorio de la bonificación "colaboración por cosecha" -en virtud de su correlación con el pago de las horas extras trabajadas por el actor- y la actitud asumida por ésta.
III.2.a. En efecto, la crítica que ensaya en este punto, al señalar que la vinculación entre dicha bonificación y las horas extras "es de exclusiva creación del Magistrado" -porque ni la demanda ni la contestación aluden al respecto (v. fs. 474 vta.)-, se encuentra insuficientemente fundada, pues, versando -en definitiva- sobre el contenido de los escritos constitutivos del proceso, carece no sólo de la denuncia de la existencia de absurdo -concretamente- en su interpretación, sino además, de la necesaria denuncia de violación del principio de congruencia y de las normas rituales que lo receptan.
En ese orden, esta Corte ha declarado que la interpretación de estos escritos y la definición de los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto sólo puede revisarse en casación en la medida que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en su interpretación y la violación del principio de congruencia (causas L. 36.452, "Montañez", sent. de 19-VIII-1986; L. 42.917, "Pizzo", sent. de 21-XI-1989; L. 87.545, "G., A. O.", sent. de 27-III-2008 y L 104.679, "Chaparro", sent. de 10-VI-2015), cargas que -reitero- no se han cumplido en la especie.
Además del señalado déficit técnico de la impugnación sub examine es menester destacar su insuficiencia para enervar el acabado análisis del contenido de los escritos liminares y de las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de la causa sobre el cual estructuró el juzgador las conclusiones esenciales indicadas (art. 279, CPCC).
III.2.b. También es ineficaz, para demostrar el absurdo denunciado, el planteo que formula la interesada, en cuanto sostiene que resulta irrelevante la discusión sobre el carácter remuneratorio de la bonificación en cuestión porque -a su entender- el informe pericial contable corrobora el ingreso de los aportes y contribuciones correspondientes (v. fs. 472). Tal aserto revela una mera discrepancia de opinión y el soslayo de todo el razonamiento que expuso el sentenciante, al declarar que la conducta asumida por la demandada, de endilgarle a la contraprestación de las horas extras una naturaleza jurídica no remuneratoria, afectaba el deber de buena fe, menoscababa el reconocimiento del plus laborado y la sustraía de un conjunto importante de obligaciones colaterales como era su registración, su pago en tiempo y forma, la entrega de los recibos pertinentes y "el ingreso de los aportes y contribuciones destinados al financiamiento de la seguridad social..." (fs. 445 vta.).
La falta de impugnación a las referidas conclusiones de la decisión que se pretende cuestionar, define la suerte adversa del recurso en este aspecto, pues, conforme reiteradamente se ha declarado, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en el se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran la sentencia. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (causas L. 34.646, "Bertolini", sent. de 21-V-1985; L. 84.119, "Herrera", sent. de 27-III-2008; L. 95.983, "González", sent. de 16-IX-2009; L. 97.568, "Rodríguez", sent. de 10-II-2010; L. 110.832, "Campos", sent. de 29-V-2013; L. 116.173, "Glinchuk", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.748, "Castelluccio", sent. de 6-V-2015).
III.3. Respecto a la existencia de la injuria legitimante del despido indirecto y al recaudo de contemporaneidad, el recurso se exhibe igualmente endeble porque la interesada no ha demostrado el vicio de absurdo en la evaluación de los hechos (negativa de la empleadora a considerar el carácter remuneratorio de la bonificación colaboración por cosecha), ni que, al evaluar su aptitud injuriosa, el tribunal de grado hubiese incurrido en una apreciación despojada de la prudencia que el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo le exige (causas L. 104.246, "Budnik", sent. de 17-VIII-2011 y L. 103.759, "Malaguti", sent. de 29-V-2013).
III.4. También es insuficiente la parcela del recurso en la que se afirma que el tribunal de grado no ha tenido en cuenta "el argumento básico con que la demandada ha construido su defensa" (fs. 475 vta.), vinculado éste a la hipótesis extintiva prevista en el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Ante el tenor del embate, corresponde resaltar, de un lado, que la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión que se pretende esencial -como la indicada- es ajena a la vía intentada, pues constituye materia propia del recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC) que la impugnante se abstuvo de deducir (causas L. 87.548, "Alfonso", sent. de 11-V-2011; L. 101.504, "Romano", sent. de 13-VII-2011 y L. 113.810, "Ferreira", sent. de 24-X-2012).
Del otro, que tampoco en este tramo la interesada ha denunciado la existencia de absurdo -concretamente- en la interpretación del contenido de los telegramas y de la contestación de la demanda, lo que sella la suerte adversa del agravio conforme a la doctrina citada en el punto III.2.a.
IV. Por todo lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Negri , Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que resulta relevante para resolver esta cuestión, el órgano judicial de grado -por mayoría y con sustento en la doctrina legal que surge de la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013)- declaró de oficio la inconstitucionalidad de la ley 14.399 -que modificó el art. 48 de la ley procesal laboral 11.653- y dispuso que el capital de condena, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, devengaría intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (v. fs. 446 vta./448).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 17, 18 y 33 de la Constitución nacional; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1.071 del Código Civil y 10 del decreto 941/91.
Cuestiona la tasa pasiva que utilizó el tribunal para liquidar los intereses moratorios por considerarla "notoriamente irrazonable" (v. fs. 465).
Explica que dichos accesorios, en las circunstancias actuales, además de reparar el daño producido por la mora, deben resguardar el valor del capital adeudado de los efectos de la inflación (v. fs. 465/466).
III. El recurso prospera con el siguiente alcance:
III.1. Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
III.2. Agrego otra consideración: lo dicho no debe ser interpretado como una renuncia a mis convicciones sobre la forma en que debe ser tratado el tema o respecto de cuál es la tasa que debiera ser aplicada, sino como un acatamiento de principios esenciales previstos en materia recursiva en la codificación procesal local.
Como también lo hice en otras ocasiones, pongo de resalto que el recurso extraordinario previsto en la legislación procesal local tiene características muy especiales, heredadas -según es tradición afirmar- de la casación francesa. Más allá de que se trate de una forma bastarda (como decía Morello) del modelo francés, o que resulte legítimo heredero de anteriores y autóctonos recursos españoles (cfr. Hitters, Juan Carlos; Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación ; 2ª Edición, pág. 42), lo cierto es que nuestro recurso de inaplicabilidad de ley presenta como nota particular no sólo la posibilidad de revisar la probable infracción a la ley o su errónea aplicación a un caso por parte de los jueces inferiores, sino que también faculta a este Tribunal a verificar y, en su caso, corregir la violación o incorrecta aplicación de la doctrina legal que él mismo ha establecido (art. 279, CPCC).
Dicha doctrina legal, según se ha expuesto inveteradamente, es aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 113.584, "Rodríguez", sent. de 18-IX-2013; A. 71.590, "Giusti", sent. de 27-XI-2013; e.o.), y no la que fluye de los votos en minoría de alguno de los magistrados que conforman el Tribunal (causas L. 44.643, "Kieffer", sent. de 20-XI-1990 y L. 116.824, "G., R. E.", sent. de 23-X-2013).
Tal definición, y en tanto se quiera reforzar la característica vinculante de la doctrina legal y alejar todo atisbo de fragilidad que pudiera afectar a nuestro clásico remedio impugnativo, no puede depender de la accidental constitución del Tribunal (por ejemplo, por ausencia temporal de uno de sus miembros). Por el contrario, a no dudarlo, debe ser entendida como la emanada del acuerdo logrado por los miembros ordinarios y naturales de la Suprema Corte, de manera tal que se eviten situaciones de desigualdad que podrían provenir de accidentales integraciones de la misma.
IV. En función de lo dicho, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), y, por estas otras razones, propongo hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 464/466 vta., y confirmar la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 pronunciada por el tribunal de grado. Los intereses adeudados han de liquidarse según la más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, conforme aquéllas vigentes en los distintos períodos de aplicación.
En la instancia de origen deberá practicarse nueva liquidación, con arreglo a lo que aquí se decide.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 464/466 vta. prospera con el siguiente alcance:
I.1. Inicialmente es menester recordar que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario pues, como reiteradamente tiene dicho este Tribunal, aun cuando los precedentes de la Suprema Corte sean ulteriores a la fecha en que se dedujo el medio de impugnación, no cabe prescindir de su análisis y, eventualmente, de la aplicación de sus lineamientos al caso bajo juzgamiento (causas L. 85.120,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.