Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122101
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en el punto III.1 y III.2 han sido insuficientemente fundados y el tratado en el III.3 no reúne los requisitos esenciales, (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
GIRIMONTI ALEJANDRO RAFAEL C/ ASOCIACION JUDICIAL BONAERENSE S/ DESPIDO.
La Plata, 5 de junio de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción promovida por Alejandro Rafael Girimonti y condenó a la Asociación Judicial Bonaerense al pago de las sumas que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y las multas de los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 183/195 vta.).
Para así decidir, concluyó que -en el caso- no se configuró el supuesto de abandono de trabajo bajo el cual la empleadora disolvió el vínculo con el trabajador. Sobre el particular, ponderó que el actor, ante la intimación a retomar tareas, manifestó claramente su interés de proseguir con la relación y explicó los motivos por los cuales estaba imposibilitado a presentarse, circunstancia que fue desoída por el principal.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva, mediante presentación electrónica, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por el a quo a fs. 212 y vta.
En su escrito denuncia la violación a las normas y la doctrina legal que cita. En lo sustancial, controvierte la forma en que el juzgador hubo de ponderar la disolución del vínculo laboral. Al efecto, señaló que el sentenciante soslayó apreciar debidamente la falta de intención del trabajador de presentarse a trabajar luego de efectuada la intimación, lo que pone de manifiesto su mala fe.
Por otra parte, objeta la procedencia de la multa del art. 2 de la ley 25.323 y postula que -atento a las particulares circunstancias del caso- el tribunal de grado debió ejercer la facultad de reducir o eximir el pago de la misma, tal como fue planteado en el escrito de inicio.
Finalmente, controvierte la aplicación de la multa del art. 80 de la Ley Contrato de Trabajo bajo el argumento de que las certificaciones previstas en dicha norma, fueron acompañadas al contestar la demanda.
III.1. Dable es recordar, ante todo, que evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral, como así también la apreciación de la entidad de la causal invocada para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012; L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014 y L. 119.734, "Scott", resol. de 1-VI-2016).
En tal sentido, es del caso destacar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 62.318, "Saavedra", sent. de 28-IV-1998; L. 96.707, "De Cenarriaga", sent. de 26-VIII-2009; L. 108.921, "Vera", resol. de 16-XII-2009 y L. 112.783, "González", resol. de 16-III-2011).
La impugnación bajo estudio no logra evidenciar el mencionado vicio, toda vez que sólo exhibe la disconformidad de la interesada con la solución adoptada, sin conseguir desvirtuar la esencial motivación sobre la que se estructura la decisión, esto es, que en virtud de las circunstancias fácticas y probatorias de la causa, el distracto dispuesto por la empleadora, fundado en la causal de abandono de trabajo, resultó injustificado.
Desde la perspectiva apuntada, se advierte que la argumentación de la recurrente denota, en rigor, un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 28-VIII-2014).
III.2. El agravio traído vinculado al art. 2 de la ley 25.323, tampoco merece favorable recepción.
En tal sentido, el tribunal de trabajo , estimó configurados en autos los presupuestos fácticos de aplicación para la procedencia de la multa prevista en la citada norma, esto es, la mora del empleador que, debidamente intimado a satisfacer el pago de las indemnizaciones por despido y falta de preaviso, no lo hizo obligando así al trabajador a iniciar un proceso judicial para poder percibirlas.
Esta esencial motivación del fallo no logra ser desvirtuada por la recurrente, en tanto sólo se limita a plantear con una técnica por demás objetable en forma manifiestamente subjetiva su desacuerdo con la decisión de grado. Ello, sin advertir que su interpretación personal tendiente a obtener el rechazo del rubro o su morigeración, transforma la réplica en una contraposición de criterios no idónea a los fines del recurso deducido (art. 279, CPCC), todo lo cual ha de signar -atento su marcada insuficiencia- el rechazo de la impugnación bajo análisis.
Además, cabe recordar que determinar si corresponde eximir al empleador -total o parcialmente- del pago del incremento indemnizatorio previsto en el citado art. 2 de la ley 25.323, en tanto se vincula a la ponderación de circunstancias fácticas, corresponde privativamente al tribunal del trabajo, y la decisión que al respecto éste adopte no es revisable en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 97.010, "Soldevia de Díaz", sent. de 14-VI-2010; L. 103.879, "Pellegrino", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.753, "Vidal", sent. de 14-X-2015 y L. 119.161, "Ortiz", sent. de 13-VI-2018), que -como se adelantó- la impugnante no logra probar.
III.3. Tampoco puede prosperar el agravio con sustento en la procedencia de la reparación fijada en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Respecto de tal objeción, corresponde señalar, siguiendo en sustancia lo resuelto por esta Corte en los precedentes L. 117.357, "Genetti", sent. de 8-X-2014 y L. 117.524, "Fernández", sent. de 27-V-2015 -entre muchas otras-, que tratándose el caso de un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones (arts. 15, ley 11.653 y 87, CPCC), y puesto que por esta parcela del reclamo el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no alcanza a satisfacer el monto mínimo previsto por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, el intento recursivo sobre este tópico debe ser analizado dentro del marco definido en el artículo 55 primer párrafo in fine de la ley ritual del fuero.
En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que el recurrente funda su impugnación únicamente con cita de un precedente jurisprudencial de otro tribunal, que -dable es recordar- no constituye la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015 y L. 120.714, "Gauna", resol. de 29-XI-2017).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a lo expuesto por los colegas que me preceden, aclarando que, en lo que se refiere al punto III.3, en las causas L. 97.082, "Santisteban", sent. de 30-III-2011 y L. 108.498, "Carabajal", sent. de 22-V-2013, a fin de examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (valor del litigio), entendí necesario el análisis de la normativa vigente. En dichas causas determiné que no resulta pasible de discriminar las distintas pretensiones, sumando por separado los montos que son motivo de agravio, en una acumulación objetiva de pretensiones, como la de autos, por lo que en orden a la brevedad remito a aquellos precedentes.
Dado que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, acompaño lo decidido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos introducidos en el punto III.1 y III.2 han sido insuficientemente fundados y el tratado en el III.3 no reúne los requisitos esenciales, (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia