Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122373
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
YAMANGA PABLO MANUEL C/ CICERO ANTONIO FRANCISCO S/ DESPIDO.
La Plata, 5 de junio de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la demanda interpuesta por Pablo Manuel Yamanga y condenó a Antonio Francisco Cicero a pagar la suma que especificó en concepto de sueldo anual complementario y vacaciones. Por el contrario, la rechazó en cuanto perseguía el pago de las indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 205/213 vta.).
Para así decidir, en lo que nos interesa destacar, juzgó acreditados los hechos por los cuales la demandada fundamentó la injuria que impidió la prosecución del vínculo, siendo la misma suficiente para legitimar el despido.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 227/237 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 241/242 vta.
En su presentación denuncia absurdo en la apreciación de la prueba y cita las normas y la doctrina legal que considera violadas. En sustancia, su critica se dirige a impugnar la decisión en torno a la valoración de la injuria, objetando la valoración de la prueba ponderada por el juzgador de grado, especialmente las declaraciones testimoniales. Asimismo, reputa infringidas las reglas que rigen la carga de la prueba.
III. El recurso no prospera.
III.1. Dable es recordar, que evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (art. 242, LCT; causas L. 116.458, "Noguera", resol. de 3-V-2012 y L. 118.056, "Tartarone", resol. de 13-XII-2014).
Ello exige la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 118.065, "Ferrari", resol. de 3-XII-2014), pues no lo constituye cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010 y L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014).
III.2. En el caso, el sentenciante entendió que la situación de despido directo dispuesta por el principal resultó justificada, toda vez que se probaron en autos los hechos constitutivos de la injuria grave que invocó para decidir la extinción de la relación laboral en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En efecto, tras valorar los escritos constitutivos del proceso y la prueba rendida, el juzgador de mérito tuvo por probado que el trabajador ocasionó una fuerte discusión, con una incitación verbal y falta de respeto hacia su encargado, configurando tal proceder una reprochable conducta laboral que provocó justificadamente la pérdida de confianza por parte del principal.
III.3. Tales conclusiones no logran ser descalificadas por el impugnante, toda vez que se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado una argumentación basada exclusivamente sobre sus propios criterios, insuficientes por lo tanto para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y de prueba como las aquí ventiladas (causas L. 83.464, "C., N.B. y otros", sent. de 23-V-2007; L. 103.473, "Carballo", sent. de 9-XII-2010 y L. 119.724, "Salvatierra", resol. de 1-II-2017).
En suma, no advierte el compareciente que la simple discrepancia con las decisiones de la sentencia no es base idónea de agravios, ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que dicha anomalía queda configurada cuando media cabal demostración de su existencia, ya que sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (causas L. 91.841, "Pascual", sent. de 15-X-2008 y L. 94.509, "Vozza", sent. de 25-III-2009).
En ese sentido, se ha señalado que no basta la exhibición de una opinión contraria a la esgrimida por el a quo , sino que es necesaria la demostración de una valoración desacertada, insostenible o inconciliable con las constancias objetivas que resultan de la litis (causa L. 91.059, "Faccia", sent. de 14-V-2008), porque la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficaz demostración del error sentencial, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado la facultad privativa que tiene en la selección, jerarquización y meritación de la prueba en aras de la determinación de las circunstancias fácticas del caso (causas L. 89.430, "Mezzadra", sent. de 2-VII-2008 y L. 121.523, "Gonzalez", resol. de 21-XI-2018)
III.4. Por otro lado, corresponde destacar que no resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, ya que cabe recordar que la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado no logra acreditar (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011 y L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016).
III.5. Finalmente, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas relativas a la carga de la prueba, la interesada no evidencia que el fallo luzca alejado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis que no se verifica en el presente caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia