Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122290
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención de que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
DIAZ WALTER RUBEN C/ SARTORI LILIANA Y OTRO/A S/DESPIDO.
La Plata, 5 de junio de 2019.
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva y, en consecuencia, rechazó la demanda deducida por Walter Rubén Díaz contra Liliana Sartori por la que se procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de naturaleza laboral (v. fs. 279/294).
Para así decidir, tras evaluar y ponderar la prueba producida -en especial la testimonial- tuvo por no probado el vínculo de dependencia alegado en la demanda.
II. Contra este pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 316/324 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 325.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera violadas. Alega absurdo en la valoración de la prueba.
En lo esencial, se agravia de la conclusión a la que arribó el sentenciante de grado en cuanto juzgó no verificada la relación de trabajo. Denuncia conculcado el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo manifiesta quebrantados distintos principios generales del derecho del trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no es susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009; L. 108.541, "Pérez", sent. de 14-III-2012 y L. 120.146, "Rubisi", resol. de 14-XII-2016).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 90.265, "Jouannys", sent. de 27-II-2008; L. 91.388, "Ortiz", sent. de 16-IV-2008 y L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011).
II.2. En el caso, la parte impugnante si bien lo enuncia, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011 y L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017), en tanto su argumentación se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el a quo y, en ese derrotero, no logra conmover la motivación sobre la que se estructura la decisión de grado, esto es, la inexistencia de una relación de trabajo entre las partes con sus notas características de subordinación técnica, jurídica y económica.
Cabe destacar que las alegaciones que formula, particularmente en relación a la diversa significación que el tribunal debió atribuir a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, en modo alguno resultan aptas para evidenciar el vicio lógico denunciado.
En este aspecto, cabe recordar, que en lo que atañe a la valoración de la prueba oral, la misma queda reservada a los jueces de grado, que gozan amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 112.693, "Perna", resol. de 11-V-2011; L. 115.688, "Berón", resol. de 27-VI-2012; L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013 y L. 120.079, "Espinosa", resol. de 14-XII-2016), que -como se dijo- la interesada no logra demostrar.
III.3. Igualmente ineficaz deviene el cuestionamiento fundado en la supuesta infracción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ello así, por cuanto, conforme lo tiene dicho este Tribunal, si la parte demandada negó toda prestación de tareas de la actora en su favor no resulta aplicable la presunción allí prevista (art. 23, citado), recayendo sobre quien alega la existencia del vínculo laboral la carga de su debida y suficiente acreditación (art. 375, CPCC; causas L. 108.373 "Nuñez", sent. de 21-III-2012; L. 109.742 "Cassino", sent. de 5-XII-2012; L. 117.312 "Casas", resol. de 22-V-2013), imposición que, a mérito de lo resuelto por el sentenciante de grado, la accionante no logró cumplir.
Por su parte, tampoco evidencia el recurrente que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
III.4. De igual modo, respecto de la infracción a la regla in dubio pro operario, cabe aclarar que este Tribunal reiteradamente ha declarado que la duda a la que alude el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juez al tiempo de dictar sentencia y, por lo tanto, no resulta de aplicación tal principio si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 118.123, "Musci", resol. de 30-IX-2014 y L. 118.188, "Calabresi", resol. de 15-X-2014), tal y como ocurre en el caso.
Corresponde recordar además, que el principio de primacía de la realidad que preside la materia laboral y consagra el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, cuya violación denuncia el recurrente, hace que deban prevalecer los hechos verificados en la causa por sobre las formalidades o apariencias (causas L. 100.556, "Domínguez", sent. de 27-IV-2011; L. 89.937, "Medic Skontra", sent. de 14-V-2008), supuesto que no es el del caso bajo estudio, donde la temática que conformó el debate y el modo en que se resolvió la contienda no denotan un apartamiento por parte del juzgador del indicado postulado rector.
III.4. Finalmente, ha de señalarse que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia que se trata (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 115.287, "Garibaldi", resol. de 24-IX-2014), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención de que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Fin de la sentencia