Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123048
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
TOLEDO MARIA DE LOS ANGELES PAOLA C/ FORTIN CLUB SOCIEDAD CIVIL S/DESPIDO.
La Plata, 19 de junio de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en lo que interesa destacar, condenó a el Fortín Club Sociedad Civil a abonarle a María de los Ángeles Paola Toledo la suma que individualizó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. fs. 359/373).
II. Frente a lo así resuelto la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 395/417) y, coetáneamente, articuló por vía incidental, el pedido de eximición a dar cumplimiento con el depósito establecido en el art. 56 de la ley 11.653 (v. fs. 443/448 vta.), alegando la imposibilidad de hacer frente al mismo, a cuyo fin ofreció prueba de ello, oportunidad en la que, además, planteó la inconstitucionalidad de la citada norma ritual laboral por considerarla contraria a los principios constitucionales y convencionales que enunció. Alega cuestión federal en los términos de los precedentes "Strada" y "Di Mascio".
A su turno, el tribunal de grado -previa sustanciación- valorando la prueba incidental ofrecida por la citada sociedad civil a fin de demostrar encontrarse en la situación de imposibilidad alegada, denegó aquel pedido de exención, rechazó la inconstitucionalidad planteada y, en consecuencia, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (v. fs. 553/556). El rechazo del beneficio solicitado motivó, mediante presentación electrónica, la articulación de un nuevo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 557.
Cuestiona -en sustancia- la decisión en cuanto consideró que la prueba ofrecida por su parte no resultaba suficiente para tener por verificados los extremos de su petición. En tal sentido, invoca absurdo en el mérito de las mismas, cita las normas y doctrina que considera vulneradas. Alega violación del principio de congruencia. Finalmente, reedita los planteos de inconstitucionalidad introducidos respecto de la citada norma procesal.
III. El recurso ha sido insuficientemente fundado.
III.1.a.De modo liminar, corresponde recordar que esta Corte tiene dicho que en el supuesto de sentencia condenatoria, el citado art. 56 establece como pauta ineludible para la admisibilidad de las vías extraordinarias locales -sin distinción alguna- el depósito previo de capital, intereses y costas, cuyo fin es el de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilación su crédito, del que el fallo recurrido constituye fuerte presunción favorable (causas L. 114.832, "Pérez", resol. de 13-VII-2011; L. 117.089, "Lagraña", resol. de 5-IV-2013 y L. 120.809, "Cilidonio", resol. de 10-V-2017).
III.1.b. En orden al cuestionamiento relacionado con la validez supra legal del art. 56 de la ley 11.653, cabe memorar que el planteo ha sido materia de reiterados pronunciamientos por parte de este Tribunal.
En efecto, esta Corte ha sostenido el criterio de que dicho precepto no conculca derechos o garantías constitucionales, pues constituye, por su finalidad, una razonable medida precautoria prevista en salvaguardia del interés social comprometido y de la celeridad procesal, colocando al trabajador en condiciones de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que la sentencia en embate constituye fuerte presunción favorable, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio, toda vez que se impone de igual modo a todos los que se encuentran en las mismas circunstancias (causas L. 110.617, "Fonseca", resol. de 5-V-2010; L. 114.814, "Machuca", resol. de 13-VII-2011; L. 117.975, "Olivera", resol. de 16-VII-2014 y L. 120.985, "Palomeque", resol. de 5-VII-2017).
Específicamente, en casos similares al presente, ha señalado que el derecho de defensa en juicio sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley, y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (causas L. 112.751, "Carballo", resol. de 10-XI-2010; L. 116.373, "Dib", resol. de 27-VI-2012 y L. 117.966, "Pascual", resol. de 24-IX-2014).
Además, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que la obligatoriedad de la doble instancia judicial prevista en el art. 8 apdo. 2 inc. "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos está establecida como tal exclusivamente para el proceso penal, por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales (causas L. 114.953, "Ledesma", resol. de 7-IX-2011 y L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011).
Para más, no se advierte que alguno de los planteos impugnativos introducidos en el sub lite contengan cuestiones de las previstas en el art. 14 de la ley 48. Por el contrario, el embate del recurrente se vincula, en definitiva, a cuestiones de interpretación y aplicación del derecho común y procesal, que resultan ajenas a la vía establecida en la mencionada norma (causas L. 118.352, "Prieto", resol. de 1-IV-2015; L. 118.282, "Franco", resol. de 20-V-2015 y CSJN Fallos: 310:1545; 325:2192, 1145).
III.1.c. Sentado ello, se debe indicar que, respecto al requisito establecido en el mencionado art. 56 de la ley ritual del fuero, este Tribunal ha dicho que la desproporcionada magnitud del monto con relación a la capacidad económica del impugnante y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones constituyen supuestos de excepción al citado dispositivo normativo (causas L. 110.963, "Roldán", resol. de 19-V-2010 y L. 109.787, "Viel", resol. de 3-III-2010; CSJN, "Troche Báez, Prostacio c/ Salvador Olivadese e Hijos SRL", agosto, 26-1997).
Conforme ello, el principio general que marca el mentado art. 56 citado puede sufrir excepciones cuando los recurrentes demuestran, cabalmente y sin ninguna hesitación, la imposibilidad para efectuar el depósito de marras (causas Ac. 104.299, "Gómez", resol. de 8-X-2008; L. 113.681, "Gómez de Saravia", resol. de 1-VI-2011 y L. 120.809, "Cilidonio", resol. de 10-V-2017).
Sin embargo, en el caso se advierte, de acuerdo a los términos del pronunciamiento de fs. 553/556, que valorado el material probatorio sustanciado, el a quo concluyó, en lo que resulta oportuno destacar, no acreditada la alegada desproporción entre el monto de condena y la capacidad económica de sociedad civil demandada.
III.2.a. En este marco, corresponde señalar que esta Corte tiene dicho que establecer si en un caso dado se configuran -o no- los requisitos para la procedencia del incidente de eximición del depósito previo al que alude el art. 56 de la ley 11.653, y la valoración de los elementos probatorios colectados constituye una facultad privativa de los jueces de grado, exenta de censura en sede extraordinaria salvo el excepcional supuesto de absurdo (causas L. 114.062, "Vacca", resol. de 11-V-2011; L. 107.354, "Zamuriano Miranda", sent. de 25-IV-2012 y L. 118.160, "Culín", resol. de 12-VIII-2015).
Dicha anomalía sólo puede juzgarse configurada ante una demostración cabal de su existencia. Es evidente, pues, que no basta con invocarla, toda vez que resulta indispensable ponerla de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 62.318 "Saavedra", sent. de 28-IV-1998; L. 96.707 "De Cenarriaga", sent. de 26-VIII-2009; L. 113.028 "Mora", resol. de 28-XII-2010).
III.2.b. En el caso, no se logra acreditar el señalado vicio con virtualidad para invalidar las conclusiones fácticas del fallo sobre las que centra su ataque, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar la prueba aportada al proceso (causas L. 96.889, "Arismendi", sent. de 9-IX-2009; L. 96.347, "Morúa", sent. de 30-IX- 2009; e.o.).
III.2.c. Asimismo, sabido es que en el proceso laboral, la valoración de las declaraciones testimoniales queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia" tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 117.810 "Sperani", resol. de 20-XI-2014; L. 118.159 "S., A.F.", resol. de 10-XII-2014; entre otras).
III.2.d. Por otro lado, corresponde destacar que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en donde rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. d, ley 11.653; causas L. 110.969 "H.d.F., A.", sent. de 15-V-2013; L. 117.984 "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.178 "Pan", resol. de 12-XI-2014).
III.2.e. Sentado lo anterior, las críticas con fundamentación en la violación del principio de congruencia, y afincadas en el análisis de las probanzas -en tanto exhiben una mera divergencia con la solución final- no resultan eficaces (causa L. 122.048, "Fornero", resol. de 10-IV-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia